Por: Jorge Gómez Gallego* -20 de mayo de 2010
A medida que se conocen más detalles de la anunciada subasta para entregar en concesión la construcción, propiedad, operación, mantenimiento y posterior
devolución de la hidroeléctrica Pescadero – Ituango se va configurando una verdadera pesadilla.
Varias décadas se ha hablado del sueño de construir y poner en operación el mayor proyecto de generación de energía de origen hidráulico de la historia del país (2.400 megavatios), que además es el de menor costo por megavatio (U$1’167.000) y el que puede producir a más bajo precio un kilovatio en el país (U$0,02). Según los expertos, es uno de los más baratos del mundo: los promedios hablan de que construir y poner en funcionamiento una hidroeléctrica puede valer U$2’500.000 por megavatio instalado, la generación de un kilovatio originado en planta térmica tiene un costo que ronda los U$0,045 y en hidroeléctrica alrededor de U$0,03. Este mismo kilovatio se vende al estrato 4 en Colombia a U$0,06.
El sitio para que semejante sueño se pueda hacer realidad está ubicado en nuestro departamento de Antioquia y el lugar en el que está concebido y casi totalmente diseñado es el hoy denominado Hidroituango. Este hecho, desde luego, lo convierte en un valioso patrimonio de todos los antioqueños y, consecuentemente, de todos los colombianos. Pero también lo convierte en objetivo de los grandes inversionistas, cuyo afán al despuntar el sol cada día es encontrar dónde materializar el sueño de colocar sus capitales con la mayor tasa de ganancia posible.
Los cálculos más pesimistas hablan de que, desde el momento en que empiecen a funcionar las ocho turbinas generadoras, Hidroituango puede vender U$700 millones por año, sin contar los ingresos de otros U$15 millones al año por la asignación de Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad. Con una rentabilidad mínima del 60%, los U$2.800 millones que cuesta el proyecto, más los costos financieros, pueden ser recuperados en diez años de operación.
La trampa de la globalización neoliberal, además de convertir la prestación de los servicios públicos en un muy lucrativo negocio privado y disparar las tarifas a niveles astronómicos, restringe la posibilidad de hacer inversiones estatales en este tipo de proyectos, al aplicar la exigencia del FMI, absurda por lo demás, de contabilizarlas como gasto público. De esta forma, ni por la vía del endeudamiento ni por la de inversión de recursos propios se le facilita al Estado la posibilidad de entregar a todos los colombianos el disfrute de este fabuloso negocio y, desde luego, lo direcciona hacia los planes de negocios de los monopolios globales.
Esta política, profundizada sin medida por el uribismo al punto de convertir la
“confianza inversionista” en artículo de fe, se agrava en Antioquia y en este caso particular por la incidencia que en el proyecto tiene la Gobernación de Antioquia y su Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).
La empresa promotora del proyecto Hidroituango era, de manera equilibrada, propiedad del IDEA y de las Empresas Públicas de Medellín, tal vez la única empresa colombiana prestadora de servicios públicos domiciliarios que se ha
salvado, al menos en lo que tiene que ver con su propiedad –100% del Municipio de Medellín– del vendaval privatizador. Lo lógico, entonces, era que EPM, por su experiencia, músculo financiero y por su naturaleza pública, sacara adelante el proyecto.
Sin embargo, en una operación de toma hostil de la empresa promotora, el IDEA adquirió los derechos de accionistas minoritarios, convirtiéndose en socio mayoritario –algo más del 52%–, lo que le dio poder decisorio en la junta. Pero ese poder contrasta con su escasa capacidad financiera, ya que con apenas $388.000 millones de patrimonio –unos U$195 millones–, no tiene la más remota posibilidad de aportar el dinero suficiente para apalancar los créditos requeridos para realizar el proyecto, en compañía del socio minoritario EPM, que sí la tiene.
El escenario ideal para adelantar el proyecto se configuraría si los dos socios se
comprometieran a colocar el 40% del valor del proyecto con recursos propios y a obtener uno o varios créditos por el restante 60%. Pero esto implica que el IDEA coloque U$560 millones, que no tiene ni va a tener en el corto o mediano plazo, mucho menos si se tiene en cuenta el alegre manejo que la gerencia le da a ese importante patrimonio regional.
Los socios han hecho capitalizaciones de la empresa, en proporción a su participación accionaria, por $300.000 millones y deberán incrementarlas este año a $560.000 millones. El IDEA tiene urgencia de recuperar los recursos
invertidos, a los que hay que sumar los que empleó para hacerse al control mayoritario, cercanos a los $100.000 millones, pues si no lo hace puede colapsar, además de colocar en grave riesgo la viabilidad fiscal del propio Departamento de Antioquia. En cambio, Empresas Públicas de Medellín tiene un patrimonio superior a $16 billones (U$8.000 millones), una disponibilidad de caja cercana al billón de pesos (U$500 millones) y activos corrientes que se estiman hoy en un $1,8 billones (U$900 millones), es decir, no sólo puede cargar con el proyecto sino que lo que ha aportado hasta hoy no le hace cosquillas a su salud financiera.
Y es precisamente el desespero del IDEA lo que hace que el proyecto esté en grave riesgo de caer en manos de inversionistas extranjeros, pues en su condición de socio mayoritario ha precipitado la subasta, poniendo en competencia a EPM, única firma nacional precalificada y actualmente generadora de 2.574 megavatios, con un consorcio coreano que certifica generación de más de 60.000 megavatios, con las Centrales Eléctricas del Brasil propietarias de la gigantesca Itaipú, generadora de casi 40.000 megavatios, y con la Corporación China de las Tres Gargantas, dueña del mayor proyecto de generación del mundo con 18.200 megavatios, entre las hidroeléctricas; aparte de tres constructoras multinacionales de origen brasileño, con fuertes nexos con el capital financiero –Camargo Correa, Odebrecht y Andrade Gutiérrez–. Todos los competidores extranjeros de Empresas Públicas de Medellín la superan en lo que denominan músculo financiero.
¿Y qué es lo grave de que caiga en manos extranjeras? El gerente del IDEA responde que como nos pagarán una prima, una regalía y nos devolverán la central operando en 35 o 40 años, será un excelente negocio. Pero eso significa que al menos el 50% de los beneficios económicos negocio se vayan al exterior y esto en el evento, muy improbable por las experiencias conocidas, de que todo funcione como un relojito. Desde otro punto de vista significa que el país dejará de percibir una suma calculada en U$12.000 millones de hoy, durante los próximos 50 años. Eso, en pesos de hoy, ¡son 24 billones!
La última ocurrencia, hecha pública por el presidente Uribe sobre el tema, consiste en declarar zona franca la hidroeléctrica, lo que le sumaría gabelas tributarias enormes al inversionista extranjero, reduciendo en una suma aún difícil de calcular los ingresos necesarios para atender las responsabilidades del Estado. Al doctor Uribe le conoce el país el gusto por los caballos finos, pero también su adicción a las zonas francas, sobre todo cuando se trata de beneficiar a inversionistas extranjeros y a algunos nacionales, especialmente si
se trata de sus hijos.
Con razón importantes exalcaldes, exgobernadores, dirigentes gremiales, columnistas, diputados, parlamentarios y expertos han prendido alarmas sobre el tema, al punto que el doctor Juan Gómez Martínez le ha pedido al gobernador que no se convierta en el Marroquín del siglo XXI, rememorando el vergonzoso despojo del Canal de Panamá por Estados Unidos a principios del siglo pasado, y ha calificado la entrega de Hidroituango como un “crimen de lesa patria”. Palabras mayores para calificar un proyecto que pasa aceleradamente de sueño a pesadilla.
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*Diputado a la Asamblea
Departamental de Antioquia del Polo Democrático Alternativo.
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