Por: Ivonne Cardozo – 4 de agosto de 2010
Bajo el lema “Los servicios públicos son un derecho fundamental”, los habitantes de la Comuna Tres de Medellín, ubicada al oriente de la ciudad, especialmente de barrios como La Honda, La Cruz y Bello Oriente se manifestaron el pasado 24 de julio contra la desconexión del servicio de energía por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) que ha afectado a más de 300 familias durante más de un mes.
Esta población de la capital antioqueña, es reconocida por el alto nivel pobreza que afrontan, situación que azota a más de 176.000 personas, colombianos que en su mayoria han sido víctimas del desplazamiento forzado y de la desprotección por parte del Estado, lo que ha resultado en precarias condiciones de vida para miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos, situación que se recrudece con el paso del tiempo.
Los niveles de pobreza de estos barrios son los más altos de toda la capital antioqueña y el hacinamiento en las casas es crítico, sumado el hecho de no tener acceso a los servicios públicos como la energía eléctrica y el acueducto. Según algunas mujeres de estos barrios, EPM desconecta a los usuarios de la electricidad por no tener con qué pagar los cincuenta o sesenta mil pesos que les cobran mensualmente, cuando los ingresos de muchos de estos grupos familiares no superan el salario mínimo ($515.000).
La energía se suministra mediante una pila comunitaria, que funciona con un contador para todo un sector. De esta manera, así se encienda un solo bombillo; se use apenas algún electrodoméstico, como la estufa o el radio; o no se resida en la casa, cada familia debe pagar mensualmente según el promedio indicado por el contador. Las denuncias de los habitantes se centran en que las personas que viven en estos barrios, de estratos cero, uno y dos, no tienen la capacidad económica para cancelar estas sumas de dinero y que, con las pilas comunitarias, EPM ha impuesto arbitrariamente las tarifas.
EPM, empresa reconocida a nivel nacional e internacional por la supuesta prestación de servicios de calidad y por aportar a la economía del país, paradójicamente factura sumas que no pueden ser pagadas por familias que viven del reciclaje, en la mendicidad, sin una ocupación fija y, la mayoría de los casos, desempleadas, situación que los habitantes de esta zona de la Comuna Tres denunciaron durante la jornada del pasado sábado 24 y manifestaron no estar dispuestos a aceptar porque, como dicen ellos mismos, “o comemos o pagamos”.
Mega proyectos: desplazamiento y privatización
Medellín, al ser pensada como la segunda ciudad capital y como la gran prestadora de servicios, actualmente presenta el desplazamiento y reasentamiento de cientos de familias de esta comuna, ya que los estudios relacionados con los Proyectos Urbanos Integrales (PUI) –elaborados por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Alcaldía– declaran que es una zona de alto riesgo y, por tanto, las personas deben desalojar las viviendas para ser reubicadas en casas mucho más pequeñas en otras zonas de Medellín. En algunos casos en los que las familias han opuesto resistencia a la reubicación, han sido desalojadas a la fuerza y bajo enfrentamientos con la Policía, según los testimonios de distintas mujeres líderes comunitarias.
La comunidad atribuye los desalojos y el desplazamiento intraurbano a los mega proyectos que se vienen implementando en la zona. Según las denuncias de la comunidad, hay intereses detrás de la declaratoria de alto riesgo en estos barrios que pretenden implementar proyectos turísticos en la zona, mucho más funcionales para las prioridades de acondicionamiento estético de una ciudad que se pretende reservada a los grandes inversionistas extranjeros.
Según los pobladores, estos proyectos no sólo están desplazando a la población más pobre sino que también privatizaron la represa de Piedras Blancas para lucrarse con los recursos hídricos y naturales de Antioquia. Esto, a través de la construcción del Parque Arví, reserva ecológica ubicada sobre el área montañosa ubicada al oriente de Medellín y que cubre a la Comuna Tres y al corregimiento de Santa Helena, del cual han sido desalojados los campesinos por los altos costos de las tierras y por la expansión de este proyecto turístico.
A la realidad de pobreza, desplazamiento y violencia en la Comuna Tres, se suma la imposición de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) periféricos de la Policía, que violan las normas del Derecho Internacional Humanitario al estar situados al lado de colegios, y la militarización de esta comuna. La presencia masiva de uniformados buscaría controlar el territorio para que los caseríos no lleguen hasta la parte alta de la montaña, donde está ubicado el parque Arví, y para reprimir a los pobladores en caso de desalojo. Como lo relató una líder de la comunidad, la prioridad de estos CAI periféricos no es la protección de la población ante los altos índices de violencia: por el contrario, los agentes reprimen intensamente a la comunidad y la exponen a un grave riesgo cuando hay enfrentamientos entre ellos y los grupos armados al margen de la Ley.
La desconocida realidad que viven los habitantes de La Honda, La Cruz y Bello Oriente, donde la violencia se ejerce especialmente desde lo económico y lo social, demuestra que el beneficio de las grandes empresas, como EPM, empobrece diariamente a las comunidades más marginadas de la segunda ciudad de Colombia. Definitivamente, no es con costosas iluminaciones decembrinas, ferias empresariales como Colombiamoda ni costosos juegos pirotécnicos que se van a solucionar las condiciones de pobreza de esta comuna, una de las que más inversión social necesita en Medellín.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.