Por: Ivonne Cardozo – 23 de mayo de 2010
El ataque por parte del grupo paramilitar Ubisort (Unión de Bienestar Social para la Región Triqui), el pasado 27 de abril, en contra de la caravana humanitaria, que apostaba sus esfuerzos apoyando y solidarizándose con el municipio autónomo de San Juan Copala en el estado de Oaxaca en México, demuestra la difícil situación en la que vive el pueblo indígena Triqui desde hace más de una década. Esta caravana, conformada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos de países como Italia, Finlandia, Bélgica y Alemania, buscaba apoyar a esta comunidad aportándole alimentos, agua y medicamentos, y acompañar a los educadores que iniciarían nuevamente clases, ya que desde enero los niños no han podido asistir a las escuelas por órdenes de los paramilitares.
La caravana fue interceptada y atacada con armas de fuego por quince paramilitares. La emboscada cobró la vida de Beatriz Alberta Cariño, defensora de derechos humanos que hacía parte de la organización Cactus, y de Jyri Antero Jaakkola, observador internacional de origen finlandés y colaborador del colectivo Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad.
Según investigadores independientes, el grupo paramilitar Ubisort mantiene alianzas con el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz –quien tiene en su contra decenas de acusaciones por corrupción y por fraude electoral en las elecciones de 2004– y ha cometido todo tipo de violaciones de derechos humanos contra las comunidades triquis, hechos que se mantienen en la impunidad y en los que incluso, como lo demuestran estos hechos, la mediación internacional en busca de garantías para la población civil es atacada inmisericordemente. Adicionalmente, señalan, la avanzada de este tipo de organizaciones armadas de ultraderecha en la región se da por efecto de las pugnas entre los partidos tradicionales –PAN y PRI– que desde hace más de diez años se pugnan el poder en la región y los pactos con los narcos locales, que reportan no sólo millonarios beneficios económicos sino importantes apoyos electorales en una región caracterizada históricamente por la corrupción administrativa, el abandono estatal y la militarización del territorio para reprimir los conflictos sociales.
Si bien la ONU rechazó rotundamente este tipo de agresiones y pidió una investigación que permita la identificación de los culpables, el gobierno de Felipe Calderón no ha intervenido, ya que los grupos paramilitares son favorables para frenar las resistencias sociales que históricamente los pueblos indígenas han dado en México. Pero, también están de por medio los intereses de los dos grandes partidos mexicanos de derecha, el PRI y el PAN, quienes están probando sus poderes en las diferentes regiones por las elecciones presidenciales de julio. Por esto, se espera que, sin importar el estado inhumano e incierto en el que viven las familias de Copala, el gobierno muy probablemente militarice la zona, argumentando que es el medio más efectivo para garantizar la seguridad para los habitantes, aunque realmente sería una forma más de aislar e incomunicar al municipio.
La situación que genera el accionar del grupo paramilitar Ubisort ha llegado a un punto insostenible. Además del autoritario control del territorio, San Juan Copala vive una grave crisis social: no existen centros de salud ni escuelas y la población está sumida en la pobreza. Las comunidades indígenas se han visto cruelmente violentadas por las fuerzas militares y por los grupos paramilitares, quienes han sembrado el terror a través de masacres y persecuciones. San Juan
Copala es un pueblo netamente indígena, que ha sufrido toda clase de atropellos desde antes de que se autonombrara municipio autónomo.
A pesar de que Oaxaca sea uno de los estados más militarizados de México –luego de que, en 2004, el gobierno de Vicente Fox y el recién elegido Ruiz Ortiz decidieran militarizar las principales vías y la capital para ahogar la huelga de los maestros y el conflicto social que estaba a punto de despojar del cargo al cuestionado mandatario local– el crecimiento de los carteles de narcotraficantes y el florecimiento de su negocio evidencia que la corrupción estatal es alarmante.
Adicionalmente, este control armado también impide que se conozca en el mundo lo que sucede en Oaxaca, pues periodistas y organizaciones sociales reciben permanentes presiones y amenazas para que no registren lo que ocurre
y tampoco se atrevan a investigar las permanentes violaciones de derechos humanos o a cuestionar los poderes locales. Y es que con crímenes como el de Felicitas Martínez, asesinada en el 2008 por dirigir la radio comunitaria de Copala “La voz que rompe el silencio”, las razones para temer son más que evidentes.
Gran parte de América Latina sufre actualmente la implantación de grupos paramilitares como brazo armado local o nacional de los dueños del poder, que lo emplean no sólo como una forma de mantener amedrentada a la población sino como un mecanismo para viabilizar grandes planes económicos. El caso de San Juan Copala demuestra hasta dónde llegan los abusos cometidos por estos grupos y que quienes se benefician de su accionar están dispuestos a todo, incluso a atacar a las veedurías internacionales para seguir usando el terror como arma de control de la población.
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