Por: Ivonne Cardozo – 15 de marzo de 2011
Más de cuatrocientas personas, vinculadas a organizaciones de todo el país, asistieron al quinto encuentro nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que se realizó entre el 10 y el 12 de marzo pasados en la ciudad de Bogotá. Provenientes de casi todas las regiones del país y de diferentes sectores sociales y políticos, estos familiares de líderes sociales, sindicalistas, estudiantes, campesinos, indígenas y afrodescendientes asesinados o desaparecidos por el Estado colombiano o los grupos paramilitares, trabajaron para plantear soluciones de fondo a los problemas causados por el accionar paramilitar, por encima de las leyes planteadas por el gobiernos de Juan Manuel Santos, y al conflicto armado que vive el país.
Luego de extenuantes viajes que, en algunos casos, llevan la gran carga del temor de seguir siendo violentadas, las víctimas hicieron públicas sus historias, denunciaron sus casos y compartieron las duras problemáticas que viven. Los integrantes del Movice analizaron la relación entre distintos momentos de la violencia social y política en el país, y buscaron construir iniciativas para combatir la impunidad: desde el exterminio de la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Popular; hasta las incontables agresiones cometidas por unas estructuras paramilitares auspiciadas por el poder político y económico, y acrecentadas durante el gobierno de la seguridad democrática, del expresidente Álvaro Uribe Velez, y que continúan con el de la prosperidad democrática, del actual presidente Juan Manuel Santos.
Los ejes de trabajo durante el encuentro fueron: paz y conflicto, derechos humanos, tierra y territorio, y víctimas. El encuentro finalizó con una declaración política que afirma la oposición a la política del nuevo gobierno respecto a las víctimas, pues no cumple con las garantías para conocer la verdad, aplicar justicia efectivamente contra los victimarios y alcanzar una reparación integral.
En oposición a la locomotora legislativa
En cuanto a los proyectos de Ley de víctimas y de restitución de tierras, presentados por el gobierno actual, se determinaron una serie de exigencias para su modificación, pues la iniciativa presentada al Congreso, a juicio de las víctimas, representa fundamentalmente los intereses de las empresas privadas y las transnacionales mineras, hídricas, petroleras y otras que extraen los recursos naturales del país en regiones donde se agudiza la violación de derechos humanos.
Para dirigentes sociales como Germán*, del Casanare, estos proyectos deben ser rechazados por no haber sido consultados con las víctimas antes de su elaboración y no brindar garantías de vida ni protección a las comunidades que reclaman sus tierras. En este sentido, una de las acciones más importantes que anunció el quinto encuentro del Movice es la de exigir al Congreso de la República la modificación de los proyectos, pues consideran que son inconstitucionales y que no cumplen con los estándares internacionales en materia de legalidad y reparación.
De acuerdo a la declaración final del encuentro, la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975 de 2005, no ha cumplido su propósito, pues no ha facilitado verdaderos procesos de paz y no ha permitido a las víctimas ejercer plenamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. A esto se suma el despojo de tierras que miles de colombianos siguen sufriendo en Colombia por parte de las denominadas ‘bandas criminales’, que, según el Movice, son parte de la reingeniería del paramilitarismo y de las falsas desmovilizaciones.
Entre la letra y la realidad hay un gran vacío
Comunidades de Arauca, Sucre y César evidenciaron que el retorno, la restitución y la reparación se quedaron en palabras, lo que favorece a los grandes intereses económicos de la agroindustria y de los megaproyectos de extracción de recursos naturales. Según las víctimas, no existen reales garantías para aquellos que reclaman sus territorios y, al contrario, las amenazas de muerte y las desapariciones siguen presentándose en la mayoría de regiones del país.
Por eso, señalan las organizaciones de víctimas que, al contrario de lo divulgado por el gobierno, en Colombia se ha agudizado la violencia sociopolítica y la garantía de derechos fundamentales como la vida, la salud, la vivienda, el trabajo y el medio ambiente es mínima y, en algunas zonas, nula.
Según lo expuesto por los integrantes del Capítulo Norte de Santander, una de las grandes estrategias gubernamentales es el control militar sobre la sociedad civil, los territorios y los movimientos que aún se resisten a las actuales políticas estatales, que privilegian la privatización y los megaproyectos, el reordenamiento territorial y la explotación de los recursos mineros y energéticos, lo que va en contra del bienestar y el desarrollo de las comunidades.
En este sentido, el quinto encuentro del Movice declaró que se debe apuntar a una solución de fondo al problema de tierras, donde se asegure la “restitución, retorno, recuperación, resistencia y redistribución de la tierra desde las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas”. Así mismo, se unió al llamado para realizar el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías dentro de las propuestas de unidad de las organizaciones sociales que se trabajarán durante este año.
La persecución ejercida durante el gobierno de Uribe a líderes de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos a través del DAS también fue rechazada por el encuentro del Movice. En la declaración final de esta asamblea, las víctimas anunciaron que adelantarán todas las acciones necesarias para judicializar y desenmascarar a los responsables, entre los cuales señalan a Uribe como autor principal.
Adicionalmente, rechazaron la constante criminalización que se vive en el país con la judicialización de líderes campesinos, comunales, estudiantiles y de defensores de derechos humanos, entre los cuales se resaltaron a los presos políticos Carmelo Agamez, Nelson de Jesús Gómez, Winston Gallego, David Ravelo, Imber Barrio, Harry Castillo y Carolina Rubio, integrantes del Movice. Así mismo, denunciaron la forma brutal en que se ha reprimido la protesta social y, en particular, las actuaciones de la Policía Nacional, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dejan más de una decena de muertos y miles de heridos en todo el país.
De otro lado, las organizaciones de víctimas insisten en exigir al Estado colombiano y a la insurgencia una pronta salida política a la guerra que vive el país, anunciando desde el Movice una agenda de trabajo desde las propias víctimas, que cuente con el respaldo de la comunidad internacional y de la sociedad colombiana para alcanzar la paz en condiciones de dignidad y justicia social.
En este sentido, las organizaciones de víctimas han hecho un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas del país a fortalecerse a través de la unidad de sus procesos, especialmente a partir de la articulación de escenarios como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Comosoc, Techo Común, la CUT y la Gran Coalición Democrática.
Finalmente, el Movice anunció la inauguración del Centro de Memoria Sobre el Genocidio Contra la Unión Patriótica como un primer paso para la construcción de un Centro de Memoria Contra la Criminalidad Estatal para enfrentar la impunidad.
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