Por: Camila Ramírez – 16 de marzo de 2011
El pasado 11 de marzo, más de 2.000 personas se unieron al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para rechazar la impunidad permitida por la Ley de Justicia Transicional que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos para viabilizar desmovilizaciones que estaban siendo entorpecidas por la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975 de 2005, en una marcha que partió de la plaza Eduardo Umaña Mendoza hasta la Corte Constitucional, donde los asistentes radicaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta norma, por atentar contra sus derechos fundamentales.
A la marcha asistieron familiares de cientos de personas asesinadas o desaparecidas por agentes estatales y sus aliados: madres, padres, esposas y esposos, hermanos y hermanas, hijos e hijas salieron a la calle con las fotos de sus seres queridos, denunciando una vez más las barbaries que siguen cometiendo los grupos paramilitares contra la población civil.
Al llegar la multitud a la Corte Constitucional, el Movice, el representante a la cámara Iván Cepeda, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas le exigieron a la Corte que declare inconstitucionales los Artículos 1, 4 y 6 de la Ley 1424 de 2010 porque su aplicación, según los demandantes, permitiría que los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares queden en la impunidad.
En el país, el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, la desaparición, las torturas, los asesinatos y la violación a los derechos humanos son prácticas que han servido para controlar comunidades y territorios: el 13 de enero de 2011, la Fiscalía presentó un informe en el que hace referencia a 173.183 casos de homicidio, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares entre 2005 y 2010. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos asegura que la Ley de Justicia y Paz ha servido para que los paramilitares participen en el proceso de reparación y que, gracias a las declaraciones de los desmovilizados, la Fiscalía ha encontrado 1.037 fosas comunes, en las cuales se hallaron 3.678 cadáveres, lo cual es considerado por las víctimas como insuficiente para lograr procesos efectivos en materia de verdad, justicia y reparación.
Adicionalmente, los manifestantes denunciaron que la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, sirvió para hacer falsas desmovilizaciones que sirvieron al gobierno como grandes espectáculos ante los medios de comunicación. Un investigador de la Fiscalía 48 de Justicia y Paz aseguró que el 48% de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara no pertenecían a las bandas que esa estructura de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) controlaba. Además, el exjefe paramilitar Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ asegura que Uribe estaba enterado del montaje de las desmovilizaciones.
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