Por: Óscar Javier Forero – julio 16 de 2018
La frontera colombo venezolana reúne una serie de características que la separan de lo tradicional y que se afianzan con mayor ahínco en los cerca de 160 km de línea limítrofe que comparten el estado Táchira, del lado venezolano, y el departamento de Norte de Santander, del lado colombiano, presentando un alto flujo comercial, financiero y de innumerables relaciones humanas.
Actualmente, en esta frontera hay un auge de la ilegalidad. Entre 1960 y 2014, las relaciones de comercio entre ambos países pasaron de USD 2 millones a USD 8.000 millones, respectivamente. A la fecha, el intercambio legal no supera los USD 700 millones, mientras la economía delictiva, impulsada principalmente por el contrabando y el fraude cambiario, moviliza cerca de USD 7.000 millones.
La economía delictiva ha ampliado su rango de acción, a la vez que ha pululado por todo el territorio venezolano, dominando los circuitos de producción, distribución y consumo, así como las principales rutas de extracción marítima, terrestre e incluso aérea. Para ello, se aprovecha de la hiperdevaluación de la moneda venezolana y las inmensas asimetrías que esto genera entre la economía nacional y la de los catorce países con los que comparte frontera.
A través de los mecanismos de extracción ya señalados, del territorio venezolano salen, por la vía ilegal, más de USD 30.000 millones en mercancías, de acuerdo a cálculos propios. Diariamente, tan solo por el estado Táchira, se desvían 1,2 millones de litros de gasolina, generándole pérdidas anuales a PDVSA y al tesoro nacional por el orden de los USD 400 millones. En el caso del estado Zulia, las pérdidas superan los USD 1.000 millones solo en combustible.
Sobre este asunto particular es importante destacar que el Estado colombiano coopera para que la ilegalidad se mantenga y hasta prospere. No olvidemos que el gobierno neogranadino es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la región y ha manifestado de manera abierta que ‘trabaja para el retorno de la democracia en Venezuela’. Hasta antes de la crisis fronteriza de 2015, el suministro de gasolina que realizaba Ecopetrol a la ciudad de Cúcuta no superaba las 13 carrotanques diarios, mientras que en Arauca no llegaba a los cuatro superaba los 4 y en La Guajira ni siquiera se enviaba una sola gota de combustible. Mientras tanto, cada día Táchira surtía hasta 117 carrotanques, Apure 43 y Zulia cerca de 300, de los cuales más del 65% se iban de contrabando, es decir, unos 10 millones de litros al día.
La cooperación para que haya un descarado desangre sobre los recursos energéticos de Venezuela no se queda allí: el estamento jurídico colombiano legaliza lo que llega de manera ilegal a su territorio. Para solo mencionar un documento, el Decreto 4136 de 2004 reconoce los más de 60 pasos ilegales o trochas por donde circula el grueso del contrabando, legitimando la práctica ilegal siempre y cuando se garantice el pago de tributos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):
Artículo 1: Aplica exclusivamente para los combustibles líquidos del petróleo que se introduzcan desde la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 5: Centros de acopio […] Deberán estar ubicados en sitios aledaños al paso o cruce de frontera de los municipios de San José de Cúcuta, Los Patios, Puerto Santander y Villa del Rosario, habilitados como lugares de ingreso por la DIAN.
De igual forma, en la frontera entre Táchira y Norte de Santander se encuentran, además de las ya mencionadas trochas, 3 puentes internacionales por donde circulan más de 50.000 personas al día que movilizan, por medio de lo que se conoce como ‘bachaqueo’ o ‘pitufeo’, alimentos, combustibles, dinero en efectivo, lubricantes, medicinas, ropa, calzado, libros y hasta hielo empacado.
Todo este inmenso volumen de mercancías ha dado pie para que en la ciudad de Cúcuta se haya venido creando un robusto sistema financiero que, poco a poco, fue dominando y captando casi la totalidad del flujo de capitales que circulan por la frontera, lo que, sumado a triangulaciones con tasas reflejadas a través de los portales web del dólar paralelo, derivó en la colocación de una tasa cambiaria diferente a la acordada por los gobiernos, que básicamente busca depreciar de manera sistemática el valor del bolívar venezolano con fines no solo económicos sino políticos.
Ha sido tal el auge del sistema financiero nortesantandereano que actualmente existe una especie de banco central paralelo al BCV, que trabaja de manera coordinada con los portales web que fijan ilegalmente los precios del dólar y viola de manera flagrante la soberanía económica de Venezuela. Esto, sumado a errores en la política monetaria y cambiara venezolana, conduce a un sinfín de distorsiones que, a la fecha, determinan el costo de los productos, no solo en zonas de frontera sino en la totalidad del territorio nacional venezolano, impulsando buena parte de la hiperinflación que arropa al aparato económico del país.
En el último año la depreciación de la moneda superó el 5.000%. A su vez, surgieron nuevos mecanismos depreciativos, tal vez el más importante ha sido el de contrabandear papel moneda, una práctica ahora común que arroja jugosos beneficios a quienes la realizan: por un billete de VEF 100.000 llevado a Colombia es posible obtener hasta VEF 500.000 por transferencia, depositados en una cuenta bancaria venezolana. Esta modalidad ha generado una nueva distorsión, pues el mercado venezolano fija precios completamente diferentes sobre bienes y servicios si se pagan en efectivo o a través de medios electrónicos.
En las últimas semanas, el gobierno venezolano activó la Operación Manos de Papel, por medio de la cual busca debilitar las finanzas de los grupos que afectan la estabilidad económica del país. Los resultados arrojan más de 250 personas detenidas y la congelación de 1.133 cuentas bancarias, especialmente del recién intervenido Banesco, que reunían VEF 3 billones, suficientes para cancelar más de un millón de salarios mínimos mensuales.
Esta acción debe acompañarse de otro conjunto de medidas que certeramente golpeen a los grupos que delinquen. Es indudable la necesidad de apoyo por parte del gobierno colombiano, pues ciudades como Cúcuta o Arauca se encuentran fuertemente deterioradas por las propias distorsiones generadas en la zona fronteriza. Es necesario, a pesar de todas las diferencias, cooperar para contrarrestar la enorme influencia que, además de todo el daño generado, amenaza la soberanía y hasta la presencia de ambos Estados.
Mensualmente mueren decenas de personas producto del enfrentamiento de grupos al margen de la ley que se disputan la muy apetecida zona. Es la tarea de ambos gobiernos, sus instituciones, el pueblo organizado, los trabajadores, los comerciantes, los empresarios y las universidades, a lado y lado del río Táchira, evitar la mexicanización de la frontera.
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Economista venezolano. Publicado originalmente por ALAI.
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