DAS y AUC: responsables de asesinatos de líderes sociales

Junio 20 de 2011

El Juzgado 11 Penal Especializado de Bogotá declaró culpable a ‘Jorge 40’, jefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andréis, cometido en septiembre de 2004, y lo condenó a 26 años de prisión. De igual manera, el tribunal estableció que altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entregaron a los paramilitares listas con información sobre sindicalistas, estudiantes y activistas políticos en toda la Costa Atlántica, con el fin de que estos fueran amenazados, asesinados o víctimas de montajes judiciales, en una “alianza criminal” entre el organismo de inteligencia y las bandas de extrema derecha.

El juzgado especializado en crímenes contra sindicalistas –producto de las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– estableció en su decisión que Correa de Andréis fue asesinado “en el marco de una tenebrosa alianza criminal entre funcionarios del DAS y miembros de las AUC”. La sentencia también concluye que el DAS y las AUC trabajaron en conjunto para el montaje judicial en contra del académico, quien primero fue sindicado por el delito de rebelión, para lo cual el DAS consiguió testigos falsos, y un mes después, poco después de ser liberado por falta de pruebas, fue asesinado por hombres al servicio de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

El terror en la Universidad del Atlántico

Un caso similar había ocurrido también en Barranquilla el 9 de febrero de 2000, cuando Humberto Contreras Sereno y Reinaldo Serna López, estudiantes de Derecho de la Universidad del Atlántico, fueron acusados de rebelión y terrorismo, detenidos por agentes de la Sijin, quienes los mostraron como guerrilleros, y posteriormente liberados por falta de pruebas. Humberto Contreras fue asesinado el 23 de abril de 2001 y Reinaldo Serna cayó bajo las balas de un sicario el 9 de noviembre de 2002. Ambos fueron asesinados por el paramilitarismo, luego de ser amenazados y desplazados durante meses, a su regreso a la capital del departamento del Atlántico.

El DAS y el comandante del la Segunda Brigada del Ejército por ese entonces, general (r) Héctor Darío Castro Cabrera, culpaban a estos líderes estudiantiles de una extraña explosión en un aula de la universidad, ocurrida el 4 de febrero de 2000 y que causó la muerte a José Luis Martínez Castro y a Adolfo Altamar Lara. Según denuncias de activistas universitarios de la época, estos hechos fueron consecuencia de un extraño montaje en un lugar que concentraba las actividades del movimiento estudiantil y al que, curiosamente, llegó la Policía  apenas diez minutos después del incidente, con un conocimiento demasiado detallado del lugar y las circunstancias del siniestro, justo dos días después de que, en un consejo de seguridad departamental, el rector de la Universidad del Atlántico, Ubaldo Enrique Meza Ricardo, y el gobernador, Ventura Díaz, autorizaran al Ejército, a la Policía y al DAS para ingresar en cualquier momento.

El caso de Correa de Andréis, el más emblemático, sirvió para que diferentes organizaciones sindicales y de estudiantes de la Universidad del Atlántico denunciaran en 2004 los hechos ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. En su informe, se señalan dieciocho asesinatos de activistas universitarios cometidos por paramilitares entre 2000 y 2004. Seis de estas personas habían sido reseñadas en informes de inteligencia militar como integrantes de las guerrillas y luego vinculadas a procesos judiciales en su contra, como en los casos de Contreras, Serna y Correa de Andréis.

En todos estos homicidios ha reinado una casi absoluta impunidad hasta ahora y sólo en el caso de Reinaldo Serna se acusó al paramilitar Carlos Arturo Romero Cuartas como autor material del crimen.

No fueron hechos aislados

Representantes de la campaña Sindicalismo es Democracia piden que esta sentencia no sea “un grito más en el silencio” y que quede claro que el montaje judicial y posterior asesinato de Alfredo Correa de Andréis no se fue un hecho aislado sino que hace parte de las muchas acciones contra sindicalistas y líderes sociales por parte de paramilitares en colaboración con agentes estatales de alto nivel. En este sentido, señalan la importancia del veredicto que, en pocos días, se produciría en el caso de Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS, por los asesinatos de Correa, del político Fernando Pisciotti y de la sindicalista Zully Codina, entre otros.

Aunque unos pocos casos han progresado y existen algunas sentencias, casi la totalidad de los crímenes contra sindicalistas y líderes sociales se mantienen en la impunidad. Así mismo, denuncian los defensores de derechos humanos, muchos de los involucrados en crímenes como el de Correa de Andréis no están siendo procesados.

Según el paramilitar conocido con el alias de ‘Don Antonio’, el subdirector del DAS en Santa Marta, Javier Valle Anaya, no sólo habría sido el autor del informe de inteligencia que puso en la cárcel a Correa de Andreis sino quien se lo suministró a las AUC y una pieza importante de las acciones de esa organización criminal en la Costa Atlántica, al apoyar con trasportes a comandantes paramilitares. El exfuncionario está hoy asilado en EE.UU., fuera del alcance de la justicia colombiana.

Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ y apoderado de las víctimas de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, señaló que se debe conocer la relación entre estos hechos y las actividades de los cuerpos de inteligencia en contra de opositores y líderes sociales.

Según el defensor de derechos humanos, el uso de inteligencia ilegal y de los aparatos de seguridad del Estado para la persecución política es una constante que se puede observar claramente en los casos de la Universidad del Atlántico y en el de las ‘chuzadas’. Por este último, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sigue asilada en Panamá para evadir a la justicia, aunque existe una denuncia penal en el vecino país contra ella y otros miembros del DAS, y se está pidiendo la nulidad del asilo concedido por el presidente de derecha Ricardo Martinelli, pues las investigaciones en su contra por delitos de lesa humanidad obligarían a su repatriación a Colombia.

Adicionalmente, el jurista destacó que tanto la Presidencia de la República como la Embajada de los EE.UU. en Bogotá deben dar explicaciones tanto por las acciones de esos funcionarios como por las del denominado ‘Grupo Game’ –creado, financiado y coordinado por los EE.UU.– en el caso de las ‘chuzadas’, dado que varios de sus miembros han aceptado, en audiencia públicas, que también eran parte de la persecución a líderes sindicales y que usaron el programa de protección a sindicalistas del DAS para realizar inteligencia ilegal.

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