Por: Camila Ramírez – Julio 27 de 2011
El pasado martes 26 de julio, el magistrado Orlando Fierro Perdomo dictó medida de aseguramiento contra el exministro Andrés Felipe Arias, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, relacionados con los subsidios de Agro Ingreso Seguro. Sin embargo, el encargado de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no permanecerá detenido en la cárcel La Picota, como lo ordena la decisión judicial, sino en el Cantón Norte del Ejército en Bogotá.
El exministro estará privado de la libertad mientras se lleva a cabo la investigación sobre las irregularidades en la adjudicación de los subsidios del programa estrella de su cartera, Agro Ingreso Seguro, en el que las subvenciones gubernamentales para agricultores que terminaron en manos de terratenientes y grandes agorindustriales que, en algunos casos, luego habrían donado generosas sumas para su campaña para ser el candidato presidencial por el Partido Conservador en las elecciones del año pasado.
En la decisión judicial se determinó que la medida de aseguramiento es necesaria porque el exministro Arias podría obstaculizar la investigación. En este sentido, el magistrado Fierro manifestó que Arias “en su condición de exministro de la República, alto dignatario del Estado, puede influir para inducir a los otros imputados para que se oculte o se calle la verdad […] de las diez visitas que realizó al establecimiento carcelario La Picota, dos de ellas, el 27 de mayo y el 3 de junio de 2011, las hizo en horarios no permitidos, un viernes”.
Tres declaraciones diferentes, de exfuncionarios y beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, implican a Arias en el cambio de las versiones de los imputados ante la justicia. Juan Manuel Dávila Fernández y Juan Manuel Dávila Jimeno afirmaron ante la Fiscalía que el exministro les pidió que no fueran a declarar, mientras él y sus abogados decidían cómo manejar la defensa.
Además de la detención que afronta Arias, el pasado 19 de julio, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante dieciséis años. El Ministerio Público lo responsabilizó por intervenir en convenios especiales de cooperación científica y tecnológica con omisión de estudios previos, por aprobar convocatorias públicas de riego y drenaje sin contar con factores de evaluación y por celebrar convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) prescindiendo de los procesos de licitación que ordena la Ley. Además, sancionó a otros diez exfuncionarios, como el también exministro de Agricultura Andrés Fernández y el ex viceministro Juan Camilo Salazar, ambos por once años.
En 2009 se destapó el escándalo de AIS, un programa supuestamente destinado al fomento del sector de la agricultura mediante subsidios a pequeños empresarios. Sin embargo, quienes erminaron beneficiándose de los recursos públicos destinados a este programa fueron grandes agroindustriales y terratenientes, así como ciertos miembros de algunas de las más prestantes y reconocidas familias relacionadas con los negocios del campo.
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