Por: Vanessa Morris* – febrero 18 de 2oo9
Cuando la señora Olga Castillo Campos confrontó a los dos soldados estadounidenses que servían en el marco del Plan Colombia y que drogaron, acosaron y violaron a su hija de 12 años, la respuesta de éstos fue: “sí, la violamos, ¿y qué?, estamos en Colombia, la Ley no nos afecta”. Ellos, lamentablemente, demostraron estar en lo cierto.
En la noche del sábado 26 de agosto de 2007, luego de usar el baño en un restaurante, la hija de 12 años de la señora Castillo fue forzada por dos hombres, identificados como Michel J. Coen y César Ruiz, a beber un líquido amarillo que la incapacitó dentro del establecimiento. Los dos hombres la llevaron a sus barracas, ubicadas en la base de la Fuerza Aérea de Tolemaida, lugar en el que la violaron, para luego arrojarla en un parque la mañana siguiente.
Justicia local
Desde entonces, la señora Olga Castillo Campos se embarcó en la búsqueda de justicia en el caso de su hija, denunciando este triple crimen de intoxicación, secuestro y violación a una menor ante la Fuerza Aérea, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Todo fue en vano.
De forma irónica, en vez de ser ayudadas, a las victimas se les ha causado más sufrimiento. El Estado las ha hecho pasar de un órgano oficial al siguiente, han sido amenazadas y tanto sus pedidos de protección como de reubicación han sido rechazados por la Policía.
A nivel internacional, se han convertido en presa de la coerción que se ejerce desde la embajada estadounidense. El 25 de septiembre de 2008, un investigador de los Estados Unidos identificado como Jhon Ramírez contactó a la señora Castillo Campos. De manera infructuosa, el investigador intentó sobornarla con una suma de dinero y presionarla a que firmara un documento incomprensible para ella, al estar escrito en inglés. Sin embargo, su inquebrantable afán de justicia frustró los intentos del funcionario estadounidense.
Más casos de abuso
El caso de la señora Castillo no es el único incidente: encaja en un patrón de crímenes cometidos por soldados estadounidenses que prestan sus servicios en el Plan Colombia. En 2006 fueron reportados 23 casos de abusos sexuales cometidos por soldados estadounidenses en servicio y 14 más en 2007. Además, en 2004, soldados y técnicos provenientes de EE.UU. produjeron videos pornográficos de adolescentes colombianas que fueron vendidos por $10,000 pesos cada uno. Por otra parte, en 2005, militares estadounidenses fueron sorprendidos vendiendo munición a las FARC y, en el mismo año, se sorprendió a otro grupo de militares vendiendo munición a grupos paramilitares.
Tratado de inmunidad
Los Estados Unidos tienen privilegios por ser un Estado hegemónico y sacan ventaja por ello. De esta manera, condicionan promesas de ayuda militar y de recursos con cláusulas especiales. Así, el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Misiones Militares en 1975, garantizando inmunidad para el personal militar estadounidense y para los contratistas que operen en suelo colombiano a cambio de la ayuda militar y financiera. La señora Castillo Campos no tiene nada que ver con este acuerdo, por ello, de forma incesante, busca justicia en Bogotá, mientras sus hijas son cuidadas por sus familiares.
Justicia Internacional
La manera de justificar que los militares no sean procesados en Colombia es que éstos lo serían en el sistema judicial estadounidense.
Aunque se asuma que los militares y contratistas sean juzgados en los Estados Unidos, hay un impacto negativo en las victimas colombianas. El procesar un crimen en jurisdicción rextranjera no responde a las demandas físicas y emocionales de las víctimas, ya que éstas no tienen la oportunidad de estar presentes en la corte y declarar para así ser oídas, lo que sirve para validar su testimonio. Michael Coen, uno de los perpretadores del crimen contra la familia Campos fue retirado de Colombia. Quizás se hizo justicia, tal vez no, pero la importancia que tienen las victimas se demuestra por el hecho de que ella no fue informada.
Procesos legales en el exterior deslegitiman la autoridad del sistema judicial colombiano. En 2005, el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, condenó el tratado diplomático como inconstitucional y, de manera infructuosa, solicitó al Congreso una revisión del mismo. Respuesta que se entiende desde la declaración del exsenador colombiano Jimmy Chamorro: “obviamente creemos que el tratado debe ser revisado, pero la realidad política es que no va apasar, sería desastroso para la ‘política de seguridad democrática’ de Uribe”.
¿Por qué debe asumirse que los soldados estadounidenses son objeto de justicia en su propio país cuando hay razones para ser escépticos? En 2000, el excomandante del ejército de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, James Hiett, fue irónicamente ligado a un caso de tráfico de drogas, pero fue encontrado inocente de cualquier cargo por los investigadores militares de su país. Además, por la muerte de dos soldados colombianos, el gobierno de los EE.UU. realizó una investigación, sin
colaboración de los cuerpos investigativos nacionales, y concluyó que no había evidencia que involucrara al sargento norteamericano implicado en el arrollamiento de los dos ciudadanos colombianos que prestaban servicio militar.
Si no se aplica justicia sobre los soldados estadounidenses que se presume han cometido violaciones de derechos humanos, se transmite el mensaje de que tienen la libertad de hacer lo que les plazca. Esto puede explicar por quéMichel J. Coen y César Ruiz respondieron de esa manera a la señora Campos Castillo, cuando los acusó de violar a su hija.
Compromiso de los derechos humanos del Plan Colombia
De forma hipócrita, la política internacional y, particularmente, la del Plan Colombia se supone se dedican a proteger los derechos humanos. De acuerdo al Acta de Asistencia a Paises Extranjeros “los programas de asistencia internacional de los Estados Unidos deben ser manejados de tal manera que se promueva y se avance en derechos humanos, evitando la identificación de los Estados Unidos con gobiernos que niegan a su gente libertades fundamentales y derechos humanos reconocidos internacionalmente”. De igual manera, la llamada ‘Enmienda Leahy’ en el Plan Colombia establece que ninguna unidad podrá recibir fondos de EE.UU. si es encontrada culpable de violaciones de derechos humanos, al igual que el Acta de Asistencia a Países Extranjeros, de 1961, y la de operaciones en el extranjero, de 2001.
La sinceridad del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos es cuestionable. El presidente de los EE.UU. tiene el poder de pasar por encima de los tratados de derechos humanos y continuar con el Plan Colombia, aunque las condiciones en esta materia no sean cumplidas. Clinton y Bush lo han hecho, argumentando sus decisiones desde “los intereses de la seguridad nacional” y sosteniendo que las limitaciones en derechos humanos ponen en riego la efectividad del Plan Colombia.
¿Es posible la justicia?
Las violaciones de derechos humanos en Colombia son ahora más claras: los falsos positivos, la purga interna en el estamento militar y las denuncias del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, que señalan que en Colombia el año pasado hubo más violaciones a los derechos humanos que en la dictadura de Pinochet. El nuevo presidente estadounidense, Barak Obama, ha demostrado hasta el momento tener más compromiso con el respeto por los derechos humanos al cuestionar el futuro del Plan Colombia y del Tratado de Libre Comercio (TLC), por razones que incluyen estos crímenes. Éste es, entonces, el momento para llamar la atención sobre casos como el de la familia Castillo Campos, con el objeto de buscar que se haga justicia en territorio nacional.
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