Marzo 11 de 2018
El Congreso que los colombianos eligieron no solo tendrá el reto de definir el rumbo del país en los próximos cuatro años sino que deberá demostrar qué tan dispuesto a está a superar la exclusión que históricamente ha caracterizado al Legislativo.
¿Qué tanto nos representa el Congreso?
A pesar del giro que se asegura se dará en materia de participación política con la conformación del nuevo Congreso, son muchas las dudas que existen sobre qué tanto puede cambiar el Legislativo para ampliar la frágil democracia colombiana. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta que la mayoría de quienes han sido elegidos históricamente para el Senado y la Cámara de Representantes no han representado a todos los colombianos sino a los intereses de los sectores más privilegiados del país que, a través de los partidos políticos tradicionales y del clientelismo, han logrado mantenerse como dueños de la institución que hace las leyes en Colombia, dejando rezagada la participación de las minorías y de amplios sectores sociales en la política del país.
Además de esto, son enormes las desventajas que enfrentan todo tipo de agrupaciones ciudadanas, movimientos sociales y grupos étnicos que reclaman su derecho a participar en democracia cuando al dominio del Congreso de la República por parte del bipartidismo liberal y conservador, que se extendió prácticamente hasta los acuerdos de paz y la Constitución de 1991, lo ha sucedido la hegemonía de partidos ampliamente cuestionados por sus nexos con casos de corrupción, parapolítica y clientelismo, cuyas cuestionables prácticas han posibilitado no solo que los más poderosos del país puedan perpetuarse en el máximo órgano de representación del país sino también que sus familias se hayan convertido en verdaderas dinastías en el poder.
1991: una apertura democrática
Los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las guerrillas del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame y los largamente aplazados reclamos de la ciudadanía por sus derechos políticos permitieron que, con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se conquistaran mayores garantías de participación para el pueblo colombiano.
Con esto surgieron nuevos partidos, como la Alianza Democrática M-19 y la Alianza Social Independiente (ASI), conformados por líderes sociales, organizaciones indígenas y excombatientes de las antiguas guerrillas. Además, se establecieron las circunscripciones especiales para promover la participación política en el Congreso de la República por parte de las comunidades indígenas, que hoy cuentan con dos curules en el Senado y una en la Cámara de Representantes; los pueblos afrodescendientes, con una en la Cámara; y los colombianos en el exterior, que actualmente eligen otra en la Cámara.
Al respecto, Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), manifiesta que “el constituyente del 91 encontró que históricamente ha habido una discriminación contra esos sectores poblacionales desde la época de la Colonia”, es decir, contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, por lo cual se requería de su participación en el Congreso de la República.
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), asegura que estos procesos de inclusión de determinados grupos sociales en el Congreso demuestran lo excluyente del sistema político colombiano, pues “cuando un país toma la decisión de incluir es porque está reconociendo que, por razones históricas, económicas o políticas, ha dejado algunas poblaciones por fuera” del juego democrático.
Así las cosas, las comunidades indígenas y afrodescendientes decidieron participar en el proceso electoral y para la Constituyente fue electo, por más de 22.000 votos el líder misak Lorenzo Muelas, quien también llegó al Senado para el período de 1994 a 1998, con 20.083 votos. Sucedió en la curul de los pueblos originarios a Gabriel Muyuy Jacanamejoy, líder del pueblo inga y ex vicepresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
De la misma forma, llegaron a la Cámara dos representantes afrodescendientes: Agustín Valencia Mosquera, quien obtuvo 13.935 votos, y Zulia Mena García, con 37.000 votos, quien se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar una curul en el Congreso.
Sobre la Asamblea Nacional Constiuyente de 1991, Gerardo Jumí, integrante de la ONIC, recuerda que en esta “participaron dos delegatarios indígenas”, uno de ellos en representación del Movimiento Armado Quintín Lame, con el que el Gobierno Nacional acababa de firmar un acuerdo de paz. Agrega que las dos curules especiales buscan “garantizar la participación política de los pueblos indígenas y [sirven] como una garantía de la diversidad étnica y cultural de la nación”.
Curules afro sin afros
A pesar de contar con estas circunscripciones especiales, tanto las organizaciones indígenas como las afrodescendientes consideran que las mismas no han sido suficientes para lograr que el Congreso asuma seriamente el debate de los derechos de las minorías étnicas del país. De hecho, varias de las personas que se han hecho con estas curules no han representado los intereses de sus comunidades sino los de oscuros grupos de poder, como fue el caso de la cuestionada elección por la circunscripción especial afro en 2014 de María del Socorro Bustamante, quien murió en 2015, y Moisés Orozco Vicuña, a quienes el Consejo de Estado despojó de las curules por no representar a los afrocolombianos.
Han pasado 27 años y hasta el momento no se ha visto que se amplíe significativamente la democracia para las comunidades afrodescendientes, que en estas elecciones definirán dos representantes a la Cámara. No obstante, ni siquiera se les ha otorgado una curul especial en el Senado, a pesar de representar al 10,62% de la población colombiana, según el censo de 2005. Para Astolfo Aramburo Vivas, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), esto demuestra la falta de garantías y voluntad política para que se amplíen estas circunscripciones especiales, una clara demostración del “racismo institucional” que caracteriza al Estado colombiano.
Para Alejandra Barrios, la comparación histórica entre las curules indígenas y las afrocolombianas reviste gran complejidad por las características organizativas propias de los dos pueblos. Para ella, la falta de una regulación clara y la poca capacidad de las organizaciones afro para ejercer el control a los avales hizo de esta forma de representación diferencial un botín a capturar por parte de quienes defienden “intereses que no eran precisamente los de los afrocolombianos ni tampoco los intereses más legales”, por eso destaca que para esta elección se exija que los candidatos “de verdad provengan de consejos comunitarios afrocolombianos”.
En la lejanía
Con la Constitución de 1991, los colombianos en el exterior lograron el derecho al voto y el Acto Legislativo 01 de 2013 les abrió la posibilidad de participar por dos curules en la Cámara de Representantes por las que solo pueden votar quienes residen fuera del territorio nacional.
Sin embargo, esta participación sigue siendo muy baja y en la reforma al equilibrio de poderes de 2015 el Congreso redujo esta participación a una curul y decidió que se entregaría la otra para la población raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, asunto que, al menos, por ahora no ocurrirá porque ese mismo Legislativo no reglamentó esta circunscripción especial y el Gobierno Nacional no ha realizado la respectiva consulta previa, dejando este espacio desierto para estas elecciones.
Más cambios
Como ya se ha dicho, las cosas han seguido evolucionando desde 1991 y son varios los cambios en la composición del Congreso que las últimas reformas políticas nos dejan para estas elecciones, además de lo mencionado sobre las curules indígenas y afro, la curul raizal desierta y la reducción de la cuota de los colombianos en el exterior.
El Acto Legislativo 02 de 2015, al que se conoce como la reforma de equilibrios de poderes, eliminó la reelección presidencial y también la de cargos como los de procurador y contralor general, entre otros. Asimismo, en su Artículo 112, conocido como el Estatuto de la Oposición, se adicionaron curules para el Senado y la Cámara de Representantes para “el candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y vicepresidente de la República”. Para estas elecciones entran en vigencia estas dos nuevas sillas en el Congreso.
Víctimas sin derechos políticos
En Acuerdo Final de Paz entre la actual Fuerza Alternativa Revoluciona del Común (FARC) y el Gobierno Nacional, definió medidas para que las víctimas, las comunidades campesinas y los habitantes de los 170 territorios mas golpeados por la guerra y el abandono estatal entraran a participar en el escenario político del país. Específicamente, en el punto 2.3.6 del acuerdo se estableció:
El Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales […] Los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica, incluido el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, no podrán inscribir candidatos ni candidatas para estas Circunscripciones.
A pesar de que estas curules representaban una ampliación de la democracia sin precedentes en Colombia y hubieran permitido a las organizaciones sociales que representan a las comunidades de estos territorios y a las víctimas la posibilidad de tener voz y voto en el Congreso de la República, la mayoría de los actuales miembros del Legislativo no permitieron que estas nuevas circunscripciones entraran en funcionamiento, puesto que la reforma constitucional que podía darles vida en el llamado fast track para la implementación de los acuerdos de paz fue hundida por el ausentismo: la votación quedó con 50 senadores a favor y 7 en contra, faltando un solo voto para que fueran aprobadas.
Hay diversas posturas frente a lo que ocurrió el día de votación, pues para algunos no hubo claridad sobre el número de votos requeridos para la aprobación de estas curules y para otros el cálculo de la cantidad de votos fue errado, pues, aunque la mayoría absoluta en el Senado es de 102 congresistas, para ese momento era solo de 99 porque 3 integrantes de dicho órgano legislativo se encontraban suspendidos por diferentes procesos penales y disciplinarios. Otras interpretaciones más arriesgadas señalan que integrantes de partidos políticos como Cambio Radical, Conservador y Centro Democrático fueron los culpables de que estas circunscripciones no fueran aprobadas al promover el sabotaje al trámite de los acuerdos de paz en el Legislativo y el ausentismo. En todo caso, el proyecto abrió una fuerte discusión entre el Gobierno Nacional y Senado, y el acto legislativo fue pasado a sanción presidencial para terminar hundiéndose en el Consejo de Estado el pasado 16 de febrero.
De momento, las víctimas tendrán que esperar tanto lo que ocurra con el nuevo Congreso como al paso del tiempo, pues aún es necesaria esta reforma constitucional para que entren en funcionamiento estas curules y porque el acto legislativo discutido el año pasado señala que “las elecciones de circunscripciones de paz sólo pueden funcionar al mismo tiempo que las del Congreso”, por lo cual solo se abriría la posibilidad de participar hasta 2022.
En este sentido, Alejandra Barrios señala que “en se debate de las circunscripciones especiales para la paz, nuestra representación política en el Congreso no fue capaz de ser ni grande ni generosa”.
El paso a la política legal
Por otro lado, estas elecciones abren un nuevo periodo para la participación política del nuevo partido FARC, según lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2017. Los antiguos insurgentes tendrán derecho a ocupar, exclusivamente entre 2018 y 2026, 5 curules especiales en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes que se adicionan a las ordinarias, estando obligados, eso sí, a participar de los comicios.
Al respecto Camilo Fagua, integrante del partido político FARC, menciona que estas curules hacen parte esencial de los acuerdos de paz en su intención “en primer lugar, de poner fin al conflicto y, en segundo lugar, de ampliar la posibilidad de la participación política”, y que esa organización buscará con ellas que se impulse “una serie de reformas necesarias […] de cara a las necesidades sociales”.
Hay que anotar que para el nuevo partido político FARC no ha sido nada fácil entrar en la contienda política, pues mucho de lo acordado no se ha cumplido ni garantizado por parte del Gobierno Nacional. Además, en los últimos meses sus líderes y militantes han sufrido una serie de ataques en medio de su campaña electoral. La FARC asegura que estas agresiones provienen de un sector de la clase política tradicional del país que se suman a los sistemáticos asesinatos de excombatientes, amenazas y señalamientos a los que sus militantes han estado sometidos desde la firma del acuerdo final en noviembre de 2016. A pesar de esto, dicha organización ha reiterado su decisión de seguir participando políticamente sin armas y ha llamado a que se cumpla lo acordado, con plenas garantías para sus integrantes y candidatos.
Se necesita una gran reforma política y un cambio del sistema
A pesar de la inclusión de algunos sectores de la sociedad colombiana en la representación en el Congreso, cabe señalar que persiste la desigualdad en la participación política, pues las causas de la misma siguen vigentes: corrupción, apoyo de grupos criminales a determinadas candidaturas, campañas financiadas por manos privadas, fuertes redes de clientelas políticas regionales, compra de votos y ‘delfinazgo’, entre otras prácticas oscuras, siguen siendo definitivas a la hora de saber quién se hace con las curules del Legislativo, lo cual aumenta la profunda crisis del sistema político de nuestro país.
Para Alejandra Barrios es necesario que los partidos políticos sean capaces de asumir el reto que impone ampliar la democracia y asegura que, a pesar de los avances en materia de participación que se han dado, “nos falta trabajar en la inclusión de las mujeres y […] en la inclusión de los jóvenes” en el Congreso.
Por su parte, el magistrado Novoa señala que se requiere entender que hay “nuevas agendas de país” que “no se encuentran representadas adecuadamente en el Congreso” y empiezan a tener el peso suficiente para buscar representación en el Legislativo, aunque aún siguen siendo minoritarias. Por esto, destaca la necesidad de “avanzar en la vía de fortalecer el pluralismo” y ampliar la restringida democracia que ha caracterizado a Colombia.
El Congreso que resulte de las elecciones del 11 de marzo no solo tendrá importantes retos en materia de derechos para el pueblo colombiano, pues desde ya se anuncia una reforma pensional, una reforma a la salud y una reforma a la justicia para los próximos cuatro años, sino que definirá el rumbo del país en temas claves como el rumbo del proceso de paz, los conflictos sociales y ambientales, y los ya maltrechos ingresos de los colombianos. Por ende, su composición afecta al conjunto del país y la posibilidad de que las voces que allí tienen asiento realmente representen la compleja diversidad social, étnica, económica, ideológica y cultural del país dependerá de que los ciudadanos asumamos una relación diferente con la política y cambiemos la forma en la que esta se ejerce, rompiendo con las viejas y cuestionadas prácticas que hacen tan excluyente a nuestra democracia, a pesar de los logros en inclusión.
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