Por: Andrés Gómez
En el Salvador solo se puede escuchar una voz: la de Bukele. En su megalomanía dictatorial se ha asegurado que nadie cuestione sus decisiones, ni investigue sus actos como mandatario, hasta el punto que hoy no se puede hacer prensa independiente en ese país. Sobre esta realidad, hablamos con Daniel Valencia y Óscar Orellana, dos periodistas que hoy toman medidas de autoprotección ante el miedo que impone el auto denominado “dictador más cool”, y quienes exponen cómo Bukele ha construido con tiranía la realidad de El Salvador, realidad que el globo parece ignorar y del que hacen eco autoritarios del mundo, a pesar de que seis de cada diez personas en El Salvador se autocensuran en redes sobre lo que opinan del déspota por temor a ser víctimas del régimen de excepción.
Nayib Bukele es un hombre sin orientación política que, luego de saltar de la izquierda a la derecha, posó de ser una alternativa antisistema, antipartidista y centró su candidatura en la propuesta populista de seguridad radical en un El Salvador atravesado por la violencia y la extorsión de las pandillas. Pero una vez en el poder, Bukele instauró el estado de excepción desde el 22 de marzo de 2022, depuso la Sala Constitucional con su partido “Nuevas Ideas”, autorizó la reelección presidencial prohibida en la Constitución, y ha encarcelado a 1,7% de la población, más de 85.000 personas acusadas de ser pandilleros. Bukele reconoce que el Estado liberó 8000 personas inocentes, sin embargo, denuncias exponen que son más de 20.000 las personas que no pertenecen a ninguna estructura criminal pero que siguen presas, incomunicadas y sin ver el sol, o la luna. Óscar Orellana, director ejecutivo de ARPAS, la red de radios comunitarias más importante de El Salvador, así lo resume:
[…] En El Salvador no existe el derecho a la defensa, o sea, hoy en día, si me encuentra digamos, un policía, el policía, si quiere llevarme por cualquier excusa, él puede asumir y decir que tiene pruebas de que yo soy pandillero, me lleva y no hay nadie que me defienda. Nadie. Me mete a la cárcel. Así, de grave.
La sola insinuación de pertenecer a una pandilla en El Salvador puede ser una condena, y al miedo que ha generado este encarcelamiento masivo en condiciones infrahumanas, se le suma que continúan más de 30.000 militares en las calles, y que hoy no solo encarcelan a quienes acusan de pertenecer a una pandilla, sino que también están siendo detenidos abogados de DD.HH., líderes sociales, manifestantes por despojos, e investigadores anticorrupción.
Los presos políticos han vuelto a El Salvador, y eso ha motivado que hoy radialistas comunitarios y periodistas de investigación tomen medidas de autoprotección drásticas, como salir del país o permanecer de forma clandestina, escondiéndose sin haber cometido ningún delito más allá de pensar distinto y exponerlo, y es que Bukele desde que llegó al poder se ha asegurado que en El Salvador no se pueda hacer periodismo independiente, y en los últimos meses ha dado golpes contra la libertad de expresión y asociación que hacen prácticamente inviable que se investigue o escriba desde el país con libertad.
Impuestos para silenciar
La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, del pasado 14 de mayo de 2024, constituye uno de los ataques más reciente a las organizaciones no alineadas a la narrativa de Bukele. La orden graba con 30% a los fondos de cooperación internacional, y obliga a toda ONG, medio o persona natural que reciba fondos del exterior a registrarse. En caso de no hacerlo, el Estado impone sanciones económicas, suspensión de actividades e incluso la disolución de la ONG o del medio.
Daniel Valencia, periodista y exintegrante del medio de comunicación El Faro y fundador de Redacción Regional, afirmó sobre el impuesto que la carga económica que impone la Ley es en realidad más alta:
(…) si tomas en cuenta que el 30% ya es un impuesto que obliga la ley, pero a eso hay que sumar los otros impuestos de ley que hay en El Salvador, que es el 10% de la renta y el 13 por ciento del IVA. Te da más de 50% sobre los fondos que recibís, eso es convertir en inviable cualquier tipo de proyecto que quieran realizar las organizaciones con los presupuestos que reciban del exterior.
Valencia, quien prefiere no decir dónde está para salvaguardar su integridad, analiza que la nueva legislación no solo estrangula financieramente a las organizaciones no gubernamentales y a los medios alternativos, sino que además ataca a las personas, por eso sentencia:
La ley abre muchísimo más campos a la discrecionalidad y apunta ya no solo a las organizaciones, es decir, no solo a las personerías jurídicas, sino a las personas naturales.
Valencia advierte que esta Ley de Agentes Extranjeros permite atacar a cualquier periodista, y lo explica con el caso del medio El Faro:
El Faro tiene una personalidad jurídica fuera del Salvador, pero tiene a sus equipos, es decir, a las personas naturales en El Salvador. Entonces ¿hacia quién apunta que abra su ley hacia personas naturales?
Óscar Orellana comparte ese análisis:
La ley aplica para las organizaciones sociales y medios de comunicación y personas naturales también, es decir, personas individuales (…) es la puerta que dejaron abierta para afectar al periodismo independiente salvadoreño.
Aunque Bukele se preste de diligente y se venda como un hombre de nuevas ideas, La Ley de Agentes Extranjeros, con la que el dictador de El Salvador estrangula la oposición, no fue formulada por él o su equipo, sino que es una copia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros de Nicaragua.
He leído una, he leído la otra y todo coincide hasta la creación de un organismo que va a regular a todas estas organizaciones sociales y medios, hasta se llama igual. Entonces, se llama igual, el organismo regulador se llama igual, las sanciones son iguales, ósea, hay una similitud. Claro, cada ley con sus propias particularidades porque hay que entender los contextos de cada país. El momento en el cual se emite la Ley.
El análisis de Orellana no falta a la lógica, la Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador retoma elementos de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que aprobó Nicaragua en 2020, con un patrón autoritario similar: usar el concepto de “agente extranjero” para criminalizar el financiamiento internacional y frenar la participación de las personas, movimientos sociales, y ONG en la sociedad.
A la desfinanciación forzada de la prensa independiente y de toda organización no gubernamental, humanitaria o de desarrollo que recibe fondos de la cooperación internacional, se suma que desde febrero han detenido a personas defensoras de derechos humanos y abogados críticos de Bukele, lo que ha intensificado el clima de miedo en todo El Salvador.
Vuelven los presos políticos a El Salvador
Las detenciones a defensoras y defensores de DD.HH comienzan el 25 de febrero de 2025 con la detención de Fidel Zavala, sin embargo, no era la primera vez que Zavala era llevado a prisión: el defensor de DD.HH fue detenido injustamente por el régimen de excepción, y estuvo más de un año en las cárceles de Bukele, hasta su liberación en 2024. Al salir, Zavala denunció tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes, así lo cuenta Daniel Valencia:
En las cárceles del régimen cuando él [Zavala] sale. Sale en 2024. Él sale e inmediatamente se recupera de todo lo que vive ahí e inmediatamente agarra valor y se va a denunciar a la Fiscalía al Viceministro de seguridad pública, y Director de centros penales: Osiris Luna,y a otros miembros del gabinete, y de la Cárcel de Munguía por denuncia de tortura. Es decir, él denuncia que atestiguó tortura y violación de derechos humanos en el cárcel.
Meses después de las denuncias, en 2025, Fidel Zavala, como portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), presencia el desalojo de la comunidad “La Floresta”, y en ese contexto deviene su segundo arresto junto a veinte líderes comunitarios . Así lo recuerda Valencia:
Él [Zavala] está trabajando como defensor de derechos humanos viendo un desalojo de tierra de una comunidad pobre y lo acusan de estafa o algo por el estilo y se lo llevan preso.
Fidel Zavala ha sido inculpado de estafa agravada, agrupaciones ilícitas, comercialización ilegal de parcelas y ejercicio ilegal de la profesión. Acusaciones que desvían la atención de sus denuncias y buscan estigmatizarlo, pero ahí no para la retaliación contra Zavala; hoy, el régimen de Bukele se ensaña en su contra al enviarlo a la misma prisión donde presenció los crímenes de lesa humanidad que él mismo denunció públicamente, lo que le expone a represalias y torturas.
La detención de Zavala denota la persecución política, y a ésta le siguieron los apresamientos de: José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, arrestos motivados por pedirle ayuda a Bukele.
La cooperativa El Bosque, que representa a 300 familias, perdieron un litigio que viene de los 90, y que ahora los obliga a pagar 800.000 USD para quedarse en sus tierras, o deben desalojar con plazo del pasado 22 de mayo. Ante esta realidad, el 12 de mayo, Ángel Pérez, pastor y líder comunitario, junto a 150 miembros de la cooperativa El Bosque, pidieron ayuda a Bukele de forma pacífica frente al conjunto residencial donde vive el dictador. La respuesta fue la detención del pastor y otros miembros de El Bosque quienes estaban en el plantón pacífico. Alejandro Henríquez, abogado ambientalista, fue detenido al día siguiente, acusado de participar en el plantón. Ambos fueron acusados por la Fiscalía de desórdenes públicos y resistencia, y desde su detención han permanecido incomunicados y en prisión provisional.
El autoritarismo que exhibe Bukele también se manifiesta en la detención de 14 propietarios de buses del servicio de transporte público, la Fiscalía los acusa por: “extorsión, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y peculado”. Los transportadores no acataron la orden presidencial que exigía transportar de forma gratuita a todas las personas en El Salvador, medida que tomó Bukele luego de un alud de tierra que dejara incomunicada una parte del país. En represalia a la negativa de los 14 transportadores, hoy todos están judicializados, y con un cargo que no se ajusta al derecho, como es el de “peculado”, dado que éste solo se atribuye a una persona cuando es o ha sido funcionario público, y los transportadores no lo eran.
Nayib Bukele, en su delirio de hipercontrolar, criminaliza todo disenso y hoy camina a sus anchas en el totalitarismo, este punto de inflexión se manifiesta en las detenciones de Fidel Zavala, Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, pero sobre todo, con la detención el 18 de mayo de 2025 de Ruth Leonora López, directora de una de las principales organizaciones de derechos humanos del país: la Unidad de Anticorrupción de Cristosal.
Ruth López, como directora de Cristosal, ha liderado múltiples acciones de control político y denuncias anticorrupción contra funcionarios del gobierno de Bukele, incluido el propio mandatario, lo que la ha convertido en una figura muy incómoda para el régimen. Algunas de las acciones de Cristosal que pusieron en aprietos al régimen son:
- En 2021 le pidió a la Corte de Cuentas de El Salvador que investigue anomalías en la disposición de los paquetes alimentarios del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), y a la Fiscalía que estableciera si hubo fallos en la investigación que esta entidad realizó contra el director de Centros Penales, Osiris Luna, y la ministra María Chichilco, por presunta malversación de fondos.
- En 2022 Cristosal acusó ante la Corte de Cuentas al dictador y tres de sus funcionarios por contratar el software Pegasus de NSO Group, cuando esta tecnología solo puede ser adquirida por entidades estatales.
- Para 2023 la ONG le pidió a la Fiscalía investigar a Osiris Luna, a la madre de Luna, y algunos funcionarios del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) por la presunta venta irregular de una zona costera, y el uso de privados de libertad en proyectos privados.
- En 2024, la ONG publicó una investigación que expuso que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) vacía sus aguas residuales en las aguas detres comunidades, lo que las hace no potables y peligrosas para el consumo.
- En 2025, junto con otras organizaciones, Cristosal presentó una querella de inconstitucionalidad respaldada por 59,906 firmas de ciudadanos ante la Sala de lo Constitucional, contra la nueva “Ley de Minería Metálica”.
Si bien, el miedo a las cárceles ha impuesto silencio Óscar Orellana recuerda que el anuncio del retorno a la minería, en diciembre de 2024, desató una ola de indignación en comunidades campesinas, organizaciones sociales e incluso la iglesia comenzaron a alzar la voz:
Incluso la Iglesia Católica, que había sido cómplice, callada, no denunciaba nada, no decía nada de todo lo que estaba pasando, resulta que se unió a esta campaña, a estas protestas y prácticamente la Iglesia Católica todas sus misas, lo denunciaba, leían un comunicado, recogieron firmas para pedirle al presidente que derogara a la ley.
No es de menor importancia la oposición a la minería del oro. Daniel Valencia recuerda que la negación a estos mega proyectos unió al país en 2017:
El tema de la minería es bien grave, El Salvador es un país chiquitísimo, 21 000 km cuadrados, creo. Y las zonas mineras son zonas en que afectan de manera directa a grandes masas poblacionales y afectan de manera directa a mantos [subterráneos de agua] en un país tan chiquito, todos los mantos están interconectados. Entonces, emprender ese camino significa afectar a un montón de población y afectar la calidad del agua en todo el país. Por eso hay una fuerte oposición y por eso se unió todo el sector en 2017 para impedir los intentos de extracción minera.
En este contexto, el régimen de Bukele acusó a Ruth López de “peculado” cuando la detuvo en su casa el 18 de mayo de 2025, pero cuando compareció ante el juez, la Fiscalía no solo cambio los cargos, cuando la acusó de “enriquecimiento ilícito” mientras fue funcionaria en el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez entre 2014 y 2019, sino que además pidió que sea procesada en secreto.
El arresto de Ruth López la convierte en otra prisionera política del régimen, y el arresto está calculado, no solo para amordazar a una persona crítica de relevancia nacional e internacional, sino para infundir miedo entre la oposición y las personas en El Salvador. Así lo entiende Daniel Valencia:
Digamos que el simbolismo de lo que representa Ruth López termina de decirnos que ya no hay marcha atrás (…) Ella era una de las cinco voces probablemente más críticas en el país del gobierno de Bukele, en materia de transparencia, anticorrupción y en materia de violación de los derechos humanos y de procuración de justicia. De ahí para abajo todos vamos en la cola. Ese es el riesgo que vemos y entonces cómo nos protegemos frente a eso, bueno, buscando mecanismos que nos garanticen la integridad y que nos garanticen que no vamos a caer presa de la ley.
La lectura de Valencia sobre que no hay marcha atrás en la represión de Bukele se materializó con otra detención, la del abogado constitucionalista de 61 años, Enrique Anaya, el pasado 7 de junio de 2024. En 2021, Anaya presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional para impedir que se promoviera la reelección presidencial inmediata, prohibida por la Constitución. En 2022 denunció que la remoción de magistrados de la Sala fue un “golpe de Estado técnico”, señalando que se trataba de una usurpación institucional, En 2023 tramitó un escrito ante el Tribunal Supremo Electoral solicitando que se negara la inscripción de la candidatura de Bukele, por considerarla inconstitucional e ilegal, y en 2024 continuó sus pronunciamientos críticos sobre el autoritarismo del régimen, advirtiendo que el país vivía un “régimen caudillista” que promovía un liderazgo sin controles. Hoy, Enrique Anaya está acusado de lavado de activos y está preso.
Bukele y su guerra contra la libertad de expresión
Las últimas agresiones de Bukele hacen parte de un ataque. Los críticos y el periodismo han sido siempre una amenaza ante el temor de la fiscalización y el control político, y por eso el dictador ha atacado el periodismo independiente de forma sistemática, Daniel Valencia recuenta los ataques:
(…) primero atacó al medio El Faro, ataques contra el que era su director entonces, acusándole de lavado de dinero en 2020 (…) el mensaje en donde le siembra a su fanaticada que el periodismo es el enemigo (…) luego bloquea conferencias y ordena que nadie dé declaraciones de su gabinete. Luego, a los medios tradicionales y a la mayoría de medios independientes robándoles equipos o comprando también equipos humanos (…).
El objetivo de Bukele de robar equipos y comprar nóminas fue el de hacer un diario que hiciera eco de su voz y creara una imagen al interior del país que le favoreciera, así denuncia Daniel Valencia sobre el nacimiento del medio Diario El Salvador:
Se lleva al 50% de la redacción de uno de estos medios más grandes de la prensa gráfica, es decir, compran a esos ex periodistas, los llamo yo. Hacen lo mismo con El Diario de Hoy (…) . Y hacen lo mismo en otras estaciones de televisión abierta. Yo, en esa época, estaba en El Faro; en El Faro también se llevaron a dos miembros del equipo. Y crean su aparataje de esta prensa panfletaria.
Otro ataque de Bukele a un pequeño círculo a la prensa, investigadores anticorrupción y defensores de DD.HH., fue la interceptación ilegal realizada usando el software israelí Pegasus:
Y si sos parte de, en mi caso el gremio periodístico, o en el caso de la organización de la sociedad civil, de la fuerza que crítica toda la persecución (…) te cuento, o sea, se comprobó que una treintena de personas, entre estas, casi que el 100% de las personas tenían pinchado sus teléfonos con Pegasus.
El régimen ha logrado lo que buscaba al sembrar el miedo: debilitar la agenda pública e instalar el silencio; esto se aprecia en las palabras de Orellana:
Cuando teníamos cinco, siete, diez actividades diarias, conferencias de prensa, denuncias… hoy no tenemos casi nada.
Esta situación sin embargo se puede rastrear a un punto de partida, cuando el partido de Bukele: Nuevas Ideas depuso en 2021 la Sala Constitucional, ese día fue claro el rumbo tenebroso que tomaba del país, y desde ese momento la disidencia política, investigadores y prensa independiente quedó advertida de haber perdido las garantías que ofrecía el Estado de derecho. Daniel Valencia lo sintetiza con crudeza:
Desde el momento en que no cuentas con una Sala Constitucional que frene los desvaríos del tirano, y que sabes que el tirano cuenta con un Fiscal General que te puede inventar cualquier tipo de acusación para llevarte a la cárcel, eso ya te asegura que tus garantías, bajo un Estado de derecho democrático, se han perdido.
Dan la razón a Valencia las detenciones recientes, y esto ha empujado a periodistas y defensores de derechos humanos al exilio o a la clandestinidad, así lo narra Óscar Orellana.
Hay más de 14 periodistas que ya se fueron del país por temor. Hay otros 12, 14 que están fuera de sus casas, que no llegan a sus trabajos. Es como andar huyendo.
La cifra de 14 periodistas ofrecida por Orellana el 30 de mayo ha cambiado. Para el cierre de esta nota, según la Asociación de Periodistas de El Salvador, hay más de 40 periodistas exiliados por: «múltiples casos de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias«.
“Nos estamos quedando solos”
El miedo por la encarcelación masiva sin juicios, la militarización de las calles, la militarización de las zonas mineras, las interceptaciones ilegales, las detenciones de manifestantes pacíficos y de personalidades, todo ha sumado para que las personas se silencien en las redes y no protesten en las calles a pesar de las arbitrariedades del dictador, así lo explica Orellana:
La gran mayoría de la población, digamos, es indiferente a este este tipo de cosas y alguno hasta lo aplaude, pero luego está la gente mejor informada, gente de instituciones como la academia, como universidades, gente que pertenece a movimientos, o que están organizadas en las comunidades y que le dan otra lectura, pero las defensas de expresión popular no han sido tan grandes porque hay temor. No ves a nadie en la calle protestando. O, ves a un grupo de 15 personas, que son los que tienen mucho valor, y llegan, y le dan, y hacen una protesta. Pero en otros tiempos podríamos haber filmado: 100, 200, 300, 500 personas.
Esta situación de represión, corrupción y miedo es bien conocida por diplomáticos en Europa como por los cuerpos consulares de los países de Norte, Centro y Sur América, pero no incomoda y prefieren recordar a Bukele por el fracaso con las criptomonedas con las que desfalcó el erario público de los salvadoreños, elogiar el modelo carcelario de tortura e impunidad, y destacar su cinismo déspota, que atrae a las personas oportunistas y autoritarias a la hora de hablar de castigos o ser cómplice de asesinos, y que ahora aprovecha EE.UU.
Óscar Orellana lo señala así, cuando reconoce que hay complicidades en juego:
Algunos cuerpos diplomáticos están implementando lo mismo en sus países, en otras regiones del mundo. Y por lo tanto lo que pasa acá como de ese tipo de naturaleza, ellos pues no les incomoda.
Hoy el silencio es apabullante. En 2021, Europa fue determinante para que la Ley de Agentes Extranjeros no se implementara, pero hoy guarda silencio:
Específicamente recuerdo la embajada alemana, fue la que salió a gritar en redes sociales si aprueban esto: adiós a los fondos y ayuda. Y luego se le sumaron otros países como España. Ahora tristemente nadie, nadie dijo nada.
Las palabras de Valencia denotan la tristeza de saberse solos, pero las palabras de Óscar Orellana describen un paisaje más sombrío para la prensa independiente:
Nosotros lo decimos como que nos estamos quedando solos, es decir, el panorama no es alentador, es como en Nicaragua, los medios tuvieron que cerrar, los periodistas se fueron del país para seguir haciendo periodismo desde afuera.
Bukele es un tirano en plenitud, convencido de su impunidad, lo que lo hace más peligroso, y que con el respaldo de grandes capitales, pretende desatar la minería de oro, y con ella vendrán: crímenes ambientales, más represión brutal y una nueva ola de despojos y violaciones a los derechos humanos. En su régimen no hay espacio para pedir ayuda, denunciar corrupción o defender derechos, y todo se paga con la cárcel.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
