Por: C. Traven
América Latina ha ensayado el mercado como ley suprema desde hace décadas, pero hace poco, la izquierda ha cuestionado este paradigma de la derecha fortaleciendo el Estado. Iván Cepeda no se inscribe en ninguno de los dos. Su propuesta no es más Estado ni menos Estado. Es otra cosa: economía popular, cooperativismo, crédito descentralizado, vías terciarias. Es una apuesta por bajar el poder del escritorio al territorio.
En la región, las izquierdas latinoamericanas tomaron caminos distintos. Por un lado, el justicialismo de Juan Domingo Perón consolidó en Argentina un modelo nacionalista, vertical y corporativo, apoyado en el sindicalismo y en una fuerte centralización política. Por otro, la vía chilena de Salvador Allende defendió la transformación económica mediante la institucionalidad democrática, hasta el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet en 1973, durante el cual Allende murió en el asalto al Palacio de La Moneda.
A comienzos de los años 2000, el auge de las materias primas impulsó la llamada Marea Rosa y el Socialismo del siglo XXI, una etapa marcada por liderazgos fuertes, expansión social y disputas sobre el papel del Estado en la economía.
Tres formas de gobernar desde la izquierda
En Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez profundizó un modelo sustentado en la renta petrolera y en una fuerte centralización del poder estatal. Durante esos años, el petróleo representó más del 90 % de las exportaciones venezolanas y el alza internacional de los precios del crudo, que pasó de menos de 10 dólares por barril a acercarse a los 100, permitió ampliar el gasto público y financiar programas sociales de gran escala.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva optó por una fórmula de concertación política y expansión social. Programas como Bolsa Familia beneficiaron a cerca de 50 millones de personas y coincidieron con años de crecimiento económico y reducción de la pobreza durante sus primeros gobiernos.
Por su parte, José Mujica representó una izquierda asociada a la austeridad personal, la ampliación de derechos civiles y una menor confrontación política. Durante su presidencia donó cerca del 90 % de su salario, convirtiéndose en un símbolo internacional de sobriedad política. Bajo los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay legalizó el aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana, mientras la pobreza cayó de forma sostenida durante más de una década.
La nueva izquierda: clima y transición energética
La nueva izquierda latinoamericana ha incorporado con más fuerza la crisis climática, la transición energética y las disputas tecnológicas. En Colombia, Gustavo Petro ha impulsado una agenda centrada en la justicia ambiental y la descarbonización, proponiendo frenar nuevos contratos de exploración petrolera. Sin embargo, varias de sus principales reformas han sido bloqueadas en el Congreso, reflejando las tensiones entre su proyecto político y el sistema institucional colombiano. Aun así, su favorabilidad ronda el 45,8 %.
En México, Andrés Manuel López Obrador consolidó un proyecto de nacionalismo energético apoyado en el fortalecimiento estatal de la refinación y la infraestructura petrolera. La refinería de Dos Bocas implicó inversiones cercanas a los 11.000 millones de dólares y sus conferencias de prensa diarias ayudaron a sostener niveles de aprobación superiores al 60 % durante buena parte de su mandato. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, aporta un perfil más técnico y climático. Tiene doctorado en ingeniería energética, participó en el IPCC, organismo que recibió el Nobel de Paz en 2007, y ha impulsado metas concretas de transición energética, como alcanzar un 35% de generación renovable para 2030.
En ese panorama regional es donde un eventual mandato de Iván Cepeda podría buscar un lugar propio. Pero para entender ese horizonte político hay que mirar de dónde viene su trayectoria.
De dónde viene Cepeda
Frente a buena parte de la tradición política colombiana, Iván Cepeda Castro representa una trayectoria marcada menos por las élites económicas o militares que por la violencia política contra la izquierda y los movimientos sociales.
Su historia está atravesada por el exterminio de la Unión Patriótica. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en un crimen por el cual el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010. Tras el asesinato, su familia partió al exilio en Francia. Esa experiencia marcó buena parte de su formación política y personal.
Criado entre el exilio, la militancia y la defensa de derechos humanos, Cepeda construyó una trayectoria distinta a la de otros liderazgos progresistas latinoamericanos. No proviene de estructuras militares como Hugo Chávez, ni del sindicalismo que impulsó a Lula, ni de las guerrillas que marcaron parte de la vida política de José Mujica y Gustavo Petro. Su capital político surgió principalmente del activismo por las víctimas, la memoria y la denuncia de la violencia estatal.
Fue cofundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organización que ha documentado crímenes cometidos por agentes estatales y estructuras paramilitares. Desde allí impulsó denuncias sobre el genocidio contra la Unión Patriótica, que dejó miles de asesinados, desaparecidos y exiliados.
Su trayectoria también ha estado ligada a los procesos de paz. Participó como facilitador en los diálogos con las FARC-EP y el ELN, y posteriormente respaldó la política de Paz Total impulsada por el gobierno Petro. A lo largo de su carrera parlamentaria, buena parte de su agenda se ha concentrado en derechos humanos, paramilitarismo, víctimas y justicia transicional.
De la corrupción al desarrollo territorial
La visión política de Cepeda parte de una lectura particular del Estado colombiano: no solo como una institución debilitada por corrupción, sino como una estructura históricamente atravesada por redes de violencia, clientelismo y captura regional del poder.
Por eso su propuesta económica no gira únicamente alrededor de la transición energética. También plantea desmontar mecanismos históricos de concentración económica y política fortaleciendo circuitos productivos regionales menos dependientes de intermediarios financieros, economías extractivas y estructuras clientelares.
De ahí propuestas como el Banco del Pueblo, orientado a ampliar el acceso al crédito popular; el fortalecimiento del cooperativismo; la inversión en vías terciarias para conectar regiones aisladas; y mecanismos de financiamiento dirigidos a pequeños productores, campesinos y economías locales.
Más que una “autarquía”, su propuesta apunta a una descentralización territorial del desarrollo. La apuesta no es cerrar la economía, sino reducir la dependencia de estructuras extractivas y de redes políticas y financieras que históricamente han concentrado recursos y poder en pocas manos.
En esa lectura, la lucha contra la corrupción no aparece solo como un problema moral o administrativo. Se convierte en una disputa por desmontar estructuras de captura del Estado que, durante décadas, se alimentaron de la guerra, el clientelismo y la concentración económica.
A quién enfrenta este 31 de mayo
Por un lado está Paloma Valencia, representante de una tradición política conservadora vinculada al uribismo y a sectores históricos de poder regional. Su abuelo, Guillermo León Valencia, gobernó durante la consolidación de la doctrina contrainsurgente en Colombia. Bajo su mandato se expidió el Decreto 3398 de 1965, antecedente jurídico de estructuras civiles armadas que posteriormente alimentarían el paramilitarismo. Durante su gobierno también se desarrolló la Operación Marquetalia, una ofensiva militar contra comunidades campesinas que, según distintas investigaciones históricas, incluyó bombardeos con napalm y que terminó alimentando el surgimiento de las FARC-EP.
En esta campaña, sus declaraciones han sido más de respuestas altisonantes que propuestas y compara las realidades disímiles . Un ejemplo es la respuesta que dio a la afirmación del ministro de Salud de que: «los ricos también lloran». Ella respondió: «Los ricos no lloran. Los ricos, cuando usted les pone muchos impuestos, se van. ¡Se van! ¿Sabe cuántos megaricos se han ido de este país? 6.000» . Y comparó la situación con Venezuela: «Cuando uno destruye su sector privado, cuando uno destruye la posibilidad de que haya riqueza, lo que nos queda es la pobreza» .
Por el otro lado está Abelardo de la Espriella, un abogado que ha construido carrera y fortuna defendiendo a algunos de los personajes más cuestionados del país. Defendió a David Murcia Guzmán, condenado por la pirámide DMG que afectó a más de 200.000 personas y terminó extraditado a Estados Unidos. Su nombre también ha aparecido en investigaciones relacionadas con sectores del narcoparamilitarismo en Córdoba y con figuras vinculadas al entramado financiero del chavismo.
Además, investigaciones periodísticas revelaron transferencias por más de 370.000 dólares provenientes de empresas vinculadas a Álex Saab, señalado como operador financiero del gobierno de Nicolás Maduro y procesado en Estados Unidos por lavado de dinero. Los documentos divulgados incluyen registros bancarios, correos y cartas firmadas relacionadas con esos movimientos financieros.
A lo largo de los años, De la Espriella ha convertido casos mediáticos y figuras controvertidas en parte central de su proyección pública, construyendo una imagen de “outsider” y “abogado estrella” mientras mantiene relaciones con sectores tradicionales del poder económico y político colombiano.
El significado político de la elección
La disputa alrededor de Iván Cepeda no gira únicamente alrededor de una candidatura. También expresa una discusión más profunda sobre el rumbo de las izquierdas latinoamericanas después del agotamiento del ciclo extractivo de la Marea Rosa. Entre el estatismo petrolero, la socialdemocracia de conciliación y las nuevas agendas climáticas, Cepeda intenta construir una izquierda centrada en el territorio, menos dependiente de la renta, y más enfocada en redistribuir poder económico y político desde abajo.
Y frente a él no solo aparecen adversarios electorales, sino sectores políticos y económicos que históricamente han gobernado el país mediante la concentración de la tierra, la guerra, el clientelismo y las alianzas con poderes regionales. El 31 de mayo, Colombia no solo elegirá entre candidatos, escogerá entre profundizar un modelo histórico de concentración y violencia, o profundizar la posibilidad de otro proyecto político para el país.
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