Por: Camila Ramírez
Este año, la conmemoración del Día Nacional Contra la Brutalidad Policial, se enmarcó con el recuerdo de las víctimas mortales del Estado, la denuncia de la impunidad institucional que persiste en los casos y el rechazo a la violencia ejercida por la Fuerza pública. Una vez más, organizaciones de víctimas, movimientos sociales, colectivos de derechos humanos y el conjunto de la ciudadanía exigen verdad, justicia, reparación integral y una reforma para que la policía deje de asesinar con impunidad.
La Policía Nacional creó el 24 de febrero de 1999 el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hoy denominado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), fecha que las familias de víctimas de la brutalidad policial y los procesos colectivos han convertido en un día de memoria, denuncia y exigibilidad de derechos, y este año no fue la excepción.
El abuso de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza, las detenciones arbitrarias y los operativos de control continúan empleándose como métodos de violencia contra la población civil, afectando principalmente a la juventud, a los procesos organizativos, a las personas que habitan los barrios populares. Por ello, el 24 F no solo se conmemora a las víctimas de la policía, también se invita a la ciudadanía a exigir una reforma estructural del cuerpo armado, ya que ha demostrado estar lejos de brindar diálogo y seguridad en las calles.
Bogotá Anti policial
En la ciudad de Bogotá, la conmemoración se desarrolló con un circuito de la memoria. Este inició en la calle Nicolás Neira, entre las calles 19 y 18 por la carrera séptima, nombrada así por ser el lugar donde varios agentes del Esmad durante la marcha del Día del Trabajo en 2005 asesinaron con sevicia a Nicolás Neira. Allí se realizó un mural interactivo denominado ‘Anti Policial’. La intervención dejó plasmada en la pared la denuncia contra la violencia sistémica de la policía y la necesidad de construir nuevas ideas de seguridad desde las calles y los barrios.
Desde la calle Nicolás Neira se realizó una movilización hacia la calle que conmemora a Dilan Cruz, y que está ubicada en la calle 19 con carrera 4, lugar donde un agente del Esmad, en medio de las manifestaciones del 23 de noviembre de 2019, le disparó a Dilan Cruz con arma de fuego asesinándolo. En este punto confluyeron diversas actividades para reivindicar la vida: una galería de la memoria, música, poemas e intervenciones de las familias víctimas de la brutalidad policial.
En la acción de conmemoración de la vida, Liliana Lizarazo, madre de Diego Felipe Becerra, joven asesinado por un agente de policía la noche del 19 de agosto de 2011, manifestó:
Hoy es un día para elogiar la vida, por ellos y ellas que ya no están con nosotros, pero siguen en nuestra memoria. Luchamos todos los días para que no se repitan más casos y para que los existentes no queden en la impunidad.
Actuar de la policía: violencia y militarización de la vida
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Nacional, Ley 1801 del 29 de Julio 2016, se convirtió en una herramienta de militarización de la vida cotidiana y el orden social que, lejos de resolver los conflictos, profundiza las situaciones de desigualdad económica, social y cultural tanto en los barrios como en el país.
Y es que la normativa no garantiza derechos en términos de condiciones de seguridad y tranquilidad, sino que busca disciplinar a través de la violencia policial y ha terminado por considerar casi cualquier conducta como una amenaza para la convivencia. Y esta situación de privilegiar el uso de la fuerza sin consecuencias ha permitido que la policía abuse adopte prácticas sistemáticas como la confrontación, la desproporcionalidad en el uso de la fuerza y el abuso de poder, y esto se evidencia en múltiples hechos donde su accionar ha derivado en asesinatos, amenazas, lesiones y hostigamientos.
Un claro ejemplo es el caso de Duván Mateo Aldana Álvarez, un joven de 15 años asesinado el 25 de junio de 2020 por el impacto de un proyectil de arma de fuego, durante un violento desalojo ejecutado por dos cuerpos de la policía: el Esmad y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en Ciudadela Sucre, municipio de Soacha.
En esa época se vivía la emergencia sanitaria por covid-19, lo que desató una profunda crisis social y económica, realidad que obligó a muchas familias a buscar una vivienda, y que motivó la ocupación de lotes en las que hacian casa improvisadas. Ante la necesidad, la respuesta de las autoridades municipales de Soacha fue recurrir a la Fuerza Pública.
Deisy Álvarez, madre de Mateo y víctima de abuso policial, asegura:
Me encuentro en el proceso de exigencia de justicia, se han desarrollado varias audiencias con la fiscalía, con la procuraduría, varios policías fueron citados y nos encontramos en pruebas preparatorios, la verdad es un proceso lento, pero como mamá sigo en el esclarecimiento de los hechos y ante todo una reparación integral.
El proceder de la policía los días 9 y 10 de septiembre de 2020, en Bogotá y Soacha, dejó 14 jóvenes asesinados, decenas de heridos y detenidos, días que dejaron claro que el actuar de la policía no corresponde a acciones desbordadas de algunos agentes, sino que, por el contrario, responde a una acción conjunta de la Policía Nacional, institución donde existe una política de represión y una violencia institucional que ha permitido todo tipo de abusos y actos crueles.
La indignación por el asesinato de Javier Ordóñez se vio reflejada en las calles, la ciudadanía salió a movilizarse hacia los Comandos de Atención Inmediata (CAI) para protestar por el actuar de la policía. La respuesta fue la represión, disparos contra la población civil y un uso desproporcionado de la fuerza.
Como lo manifiesta María Elena Meneses, madre de Cristhian Hurtado Meneses, un joven de 27 años que fue asesinado por la policía al recibir un disparo en la cabeza durante las protestas frente al CAI de Ciudad Verde, en el municipio de Soacha: «Lo que ocurrió el 9 y 10 de septiembre no fueron asesinatos aislados, ocurrió una masacre, fue un crimen de Estado». Además, asegura que, en el caso de su hijo, tanto la policía como el Estado han mantenido el caso en la impunidad.
Para nadie es un secreto que la justicia en este país es lenta y selectiva, porque si fueran hijos de gente rica y con poder, el caso ya se hubiera esclarecido; pero como nosotros somos gente del común, de barrios populares, mi hijo pasa a ser un caso más. Yo busco justicia para que los responsables por el asesinato de mi hijo sean juzgados.
Asimismo, lo expresa Bryan Javier Baquero, hermano de Angie Paola Baquero, joven asesinada el 9 de septiembre de 2020. La mujer recibió un disparo por parte de un agente de policía y la Fiscalía halló que la bala coincidía con el arma del patrullero Jorge Andrés Lasso, pero en enero del presente año, el procurador Gregorio Eljach determinó que existían inconsistencias en la identidad y procedencia del proyectil, argumentó falta de pruebas y absolvió a Jorge Lasso por la muerte de Angie Baquero. Sobre esto su hermano asevera:
El proceso disciplinario lo lleva la Procuraduría; es la que recibe las diferentes evidencias y las pruebas que la defensa presenta, y la misma Procuraduría toma una decisión: cuáles acepta y cuáles no. Lo curioso es que en la última audiencia la defensa hace una apelación en la cual la misma Procuraduría dice que se le negó el debido proceso al policía; prácticamente es cerrar el caso. ¿Cómo comprender esta situación? ¿Cómo queda uno? La impotencia que le da a uno es que la misma Procuraduría sostenga ese tipo de acciones.
En la mayoría de los procesos judiciales ha habido estigmatizaciones y amenazas contra la vida de las familias víctimas de violencia policial. y el encubrimiento institucional junto con la falta de sanciones a los responsables demuestran que se vive bajo una violencia sistemática, y que la responsabilidad de los asesinatos no recae únicamente en los ejecutores materiales, sino también en un Estado que ha mantenido la impunidad.
Inversión en la policía, recursos para reprimir y controlar
Durante la conmemoración del 24F, tmbién se denunció el continuo incremento del presupuesto de defensa. Para 2025 se asignaron 60 billones de pesos, la cifra más alta en la última década, equivalente al 4,1 % del Producto Interno Bruto (PIB). En 2026 se proyecta una inversión de 66 billones de pesos, de los cuales 49 billones estarían destinados a modernizar las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, aunque las autoridades afirman que esta inversión busca recuperar la dignidad del personal de la fuerza pública y garantizar tranquilidad a la ciudadanía.
En las Resoluciones 00004 y 00005 del 1 de enero de 2026, que detallan la inversión estatal de 453 mil millones de pesos para la Policía Nacional, se observa que la mayoría de los recursos están destinados a rubros como convivencia y seguridad ciudadana, movilidad, infraestructura y tecnología. Estas asignaciones se enmarcan dentro de las categorías de «seguridad humana» y «política de transformación de la Policía Nacional». Sin embargo, este enfoque contrasta con lo que se denuncia sobre el modus operandi de la policía en las calles.
En el informe El Boletín del Sur: Violencia política en Bosa, Kennedy y Soacha, el apartado sobre violencia política por abuso de autoridad expone que, entre enero de 2023 y noviembre de 2024, la policia es perpetradora de gran parte de la violencia:
Los principales responsables de la violencia política en nuestros territorios son la Policía Nacional y los grupos paramilitares, siendo victimarios en el 53 % y 23 % de los hechos victimizantes, respectivamente, […] 33 hechos victimizantes relacionados con el abuso de autoridad.
Cabe señalar que el subregistro podría ser mayor, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia. Además, cuando existen denuncias, persiste la dilación por parte de la Policía para impedir que las investigaciones prosperen o que se impongan sanciones o retiros.
A pesar de la implementación de políticas de seguridad ciudadana como «Bogotá Camina Segura» o los frentes de seguridad liderados por la Policía Nacional, integrados por ciudadanos, policías retirados y empresas privadas de seguridad, el accionar de la Policía en los barrios se ha caracterizado por el control social a través de la imposición de la violencia, el miedo y alianzas con grupos paramilitares. En redes sociales, aumentan las denuncias por abuso de autoridad, las cuales no se limitan a un espacio geográfico específico, sino que revelan un patrón de comportamiento generalizado al interior de la institución.
Bryan Javier Baquero, hermano de Angie Paola Baquero, joven asesinada, señala al respecto:
La Policía tiene el mismo accionar, maneja los mismos malos procesos. No hay un cambio. No podemos permitir que una institución legalmente constituida y del Estado se convierta en una empresa para asesinar en los barrios, porque actualmente es lo que sigue pasando.
Mientras se realizan inversiones millonarias en armamento, tecnología e infraestructura, ocurre lo contrario con las investigaciones, las sanciones y la depuración de los propios agentes, estas no avanzan y enfrentan una dilación constante. Queda claro que, mientras persistan procesos judiciales lentos, corrupción y complicidad, la brutalidad policial se consolidará como una política de hecho.
Tal como lo señalan las familias víctimas de la brutalidad policial, la transformación de la Policía en Colombia no puede limitarse al papel, porque en la práctica está lejos de transformarse y continúa reproduciendo patrones sistemáticos de violencia y abuso.
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