Por: Camila Ramírez
La comunidad indígena Sikuani de Barrulia, en Puerto Gaitán, Meta, lleva décadas exigiendo el reconocimiento de su territorio ancestral. El Estado ha negado medidas de protección y vulnerado sus derechos, y ahora enfrentan el despojo y la deforestación de sus tierras por parte de la comunidad menonita extrajera, una amenaza que aumenta el ya alto riesgo de exterminio físico y cultural del pueblo Sikuani.
El episodio más reciente fue el intento de reubicación temporal de la comunidad Sikuani de Barrulia, tras su desalojo indebido en 2024 del predio Villa Esperanza. Para ello, se dispuso del predio Yamato, ubicado en la vereda San Miguel de Puerto Gaitán, un terreno que el Estado había recuperado tras la ocupación de Bunshiro Takemoto y Clara Inés Díaz León, y que estaba destinado a una asignación humanitaria por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Sin embargo, el 18 de septiembre de 2025, la comunidad de San Miguel negó el ingreso a la comunidad indígena.
Ese día estuvo marcado por la presencia de hombres encapuchados con armas blancas y por la tensión generada ante la negativa de la comunidad de San Miguel a aceptar la asignación del predio Yamato a la comunidad sikuani de Barrulia. Por su parte, la comunidad indígena considera que la ANT no contó con el respaldo ni las garantías necesarias de otras instituciones del Estado.
Alba Rubiela Gaitán, gobernadora del pueblo sikuani de Barrulia, manifestó:
“Cuando llegamos al portón del predio Yamato, estaban los campesinos trancando, le decían a la ANT que ellos también tenían derecho de su territorio, que ellos también necesitaban de tierra […] Nos tocó devolvernos para el polideportivo”.
La comunidad vive actualmente en ese lugar debido al desalojo que sufrieron en 2024, cuando los menonitas los desalojaron para continuar plantando miles de hectáreas de frijol soya y maíz genéticamente modificados.
Una historia marcada por la violencia y el despojo
Foto: Comunidad Barrulia
El último desalojo ocurrió los días 12 y 13 de junio de 2024. Ya ha pasado un año y cinco meses desde que la comunidad se vio obligada a refugiarse en el polideportivo de Únuma, en el casco urbano de Puerto Gaitán. La gobernadora Alba relata lo sucedido durante esos días.
“(Policía, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, personas de civil) El 12 de junio tumbaron 44 casas, en el segundo día, el 13 de junio tumbaron todas las casas, son 66 casas que tumbaron, dejamos nuestros cultivos, dejamos nuestras gallinas, cerdos, hasta perritos, quedo botado todo, hasta nuestros ancestros están allá”.
El derribo de las casas no fue la única irregularidad. Según denuncias de la comunidad, la medida de protección provisional ya había vencido y debían retirarse del predio Villa Esperanza, pero se enteraron de esta notificación apenas unos días antes del desalojo, el 8 de junio de 2024. Mónica Barrera Gaitán, capitana de la comunidad Febokomü del territorio ancestral de Barrulia, así lo narra:
“Nosotros nos enteramos que la medida de protección provisional que teníamos, ya había llegado a su fin y ya nosotros no teníamos tiempo de nada […] El día del desalojo llegaron unas camionetas que llevaba la policía, estaban los antimotines, estaba la personería, estaba comisaría de familia, todas las entidades competentes del municipio estaban ahí, y junto con los menonitas había un grupo de hombres desconocidos, estaban encapuchados.”
Por otra parte, la gobernadora Alba Gaitán asegura que nunca recibió una copia del expediente policial sobre el desalojo, y afirma que fueron ignorados:
“yo envié un correo a la Inspección de Policía de Puerto Gaitán solicitando la copia, porque a nosotros, como comunidad, nunca se nos permitió conocer el documento, nosotros no firmamos nada”.
Mónica Gaitán asegura que vivieron momentos de angustia, tanto por las amenazas como por la incertidumbre de no tener un lugar donde vivir.
“Prácticamente nos amenazaron dándonos diez minutos para desocupar, nos decían, que no iban a responder por nadie. […] Fuimos abandonados en el centro de Puerto Gaitán; fue empezar de nuevo, desde cero. Desde ese día, estamos en el polideportivo del barrio Únuma”.
Habitar el polideportivo
El polideportivo del barrio Únuma se ha convertido en una vivienda provisional para las 171 familias de Barrulia. Con el paso de los días se fueron ubicando e intentando construir albergues improvisados con los materiales que tenían a mano. Con el apoyo de la comunidad del barrio Únuma, establecieron algunas medidas para habitar el lugar. Sin embargo, vivir un año y cinco meses en condiciones precarias ha afectado física, cultural y emocionalmente a la comunidad.
Al respecto, Mónica Gaitán comenta:
“En este momento nuestra situación es crítica. Tenemos muchas dificultades económicas y problemas de salud porque aquí la gente aguanta mucha hambre. En varias ocasiones hemos pedido ayuda a la Alcaldía, nos niegan las ayudas humanitarias, dicen que nosotros no hemos sido censados por la alcaldía”
La gobernadora Alba Gaitán declaró que, cuando recibieron el apoyo de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Cnti), esta les informó que están prohibidos los desalojos sin una previa caracterización socioeconómica:
“La Alcaldía nos ha engañado, nos niega el reconocimiento y viola nuestro derecho al territorio”.
Asimismo, expone que, cuando se acercó a la alcaldía, le informaron que el desalojo se realizó mediante un plan de contingencia elaborado por esa entidad, el cual, según ellos, cumplía con las medidas para proteger sus derechos. Cabe señalar que, de haber existido un plan de contingencia adecuado y debidamente ejecutado, la comunidad indígena de Barrulia no estaría viviendo en condiciones precarias en el polideportivo.
Con nostalgia y a la vez con preocupación, la gobernadora Alba Gaitán manifiesta:
“Nosotros no tenemos la costumbre de vivir en el pueblo; para nosotros es mejor vivir allá, porque somos de vivir en campo libre. Vivíamos en paz, somos de recolectar nuestra cosecha, mariscar, hacer cacería, si nosotros no sembramos, no somos nada, […] ¿aquí dónde vamos a conseguir nuestros alimentos?”
En el mismo sentido, Néstor Chipiaje afirma que, con el paso del tiempo, la principal costumbre de la comunidad, el trabajo colectivo y el compartir, en lengua Sikuani: unuma y wakena, fue transformándose. Este cambio no se debió al desinterés de su gente, sino a las condiciones de vida en Puerto Gaitán y a las adversidades que se han visto obligados a enfrentar.
“Aquí la vida es muy diferente, en el pueblo el que trabaja come bien; el que no trabaja, no come. … si una familia consigue una libra de carne, eso es solo para ellos; no alcanza para compartir con dos o tres familias. En cambio, en la comunidad sikuani, siempre compartíamos lo que cazábamos o sembrábamos.”
Otra de las costumbres que ha cambiado para las mujeres la identifica la gobernadora Alba Gaitán, quien señala que, mientras en la comunidad ellas desempeñaban labores esenciales como la siembra, la preparación de casabe, mañoco y fariña, la recolección de agua y el cuidado de la familia, en Puerto Gaitán han tenido que salir a buscar reciclaje, vender artesanías o intercambiar diversos oficios por alimento:
“Vivir en el pueblo es comprar nuestros alimentos, y para comprar nos toca reciclar; las mujeres se rebuscan: reciclan botellas, cartones, latas, también salen a vender artesanías o a trabajar en cualquier oficio —haciendo aseo, ayudando a preparar alimentos o trabajando por días en tiendas— […] nos toca para sobrevivir aquí en Puerto Gaitán”.
Privados de nuestra medicina ancestral
con extinguir la medicina tradicional de la comunidad. Foto: Comunidad Barrulia
La medicina tradicional es esencial para la comunidad indígena de Barrulia. Sin embargo, vivir en el polideportivo les ha impedido practicarla, al carecer de plantas medicinales como el yopo (Anadenanthera peregrina), el algarrobo (Hymenaea courbaril), saladillo (Caraipa llanorum), el palo cruz, el palo malagueto, entre otros árboles conocidos por sus nombres en Sikuani. Esta pérdida ha sido violenta y rápida. En 10 años su territorio ancestral fue deforestado por la comunidad menonita para convertirlo en tierras de agroindustria, con cultivos de maíz y soya, destruyendo la base de su medicina ancestral.
La gente ha padecido varias enfermedades. Mónica Gaitán denuncia que han tenido problemas de salubridad en el polideportivo, originados por las condiciones climáticas y por un entorno que no es propio de su territorio. Además, asevera:
“Nosotros aquí en el polideportivo sufrimos mucho; por ejemplo, cuando llueve, pasamos todo el tiempo mojados, se nos mojan las cosas y, con esa humedad, brota un olor que afecta a todos: niños, adultos, abuelos, a todos los que estamos aquí. Ya se nos han muerto tres personas”.
El fallecimiento más reciente fue el del capitán Cantalicio Chipiaje, de 66 años. La noche del martes 7 de octubre del presente año sufrió un paro cardíaco. Según informó la comunidad, fue trasladado al hospital municipal, pero ya no presentaba signos vitales. Las otras dos personas fallecidas son Alcira Yepes Amaya, una mujer de 75 años que murió en agosto de 2024, y Yessica Gaitán, una joven de 17 años que falleció en 2025.
El 29 de marzo de 2025, Yessica Gaitán amaneció enferma. Fue llevada inicialmente al hospital municipal de Puerto Gaitán, pero al no recibir atención médica, su salud se deterioró y falleció ese mismo día. Carlos Granados, esposo de Yessica, denuncia que:
“Ella se comenzó a quejar que le dolía el estómago, y nos fuimos para el hospital, duramos como dos horas allá y no nos atendieron, ella decía que el dolor era más fuerte y con la familia la llevamos al médico tradicional de Wacoyo, pero ella seguía muy mal y nos devolvimos para el hospital, pero ya era tarde y falleció, en el hospital nos dijeron que era una muerte natural. […] en este momento no sabemos de qué falleció”.
La comunidad de Barrulia, pese a la tristeza por el fallecimiento de sus seres queridos, mantiene la esperanza de retornar a su territorio ancestral. Consideran que todo lo que han padecido en el polideportivo no debió ocurrir y que la solución, que recaía en las entidades del Estado, era ampliar la medida de protección provisional del predio Villa Esperanza mientras se resolvía el problema de las servidumbres para acceder a los predios Campoalegre y Cuba Libre. Es importante mencionar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reconoció, el 6 de junio de 2024, la medida de protección provisional del territorio ancestral únicamente sobre dos de los 42 predios solicitados por la comunidad indígena Sikuani.
Décadas de conflicto por la tierra
menonita. – Foto: Andrés Gómez
La comunidad Sikuani ha librado una lucha permanente por recuperar su territorio ancestral, que abarca diversos lugares de la altillanura en Meta y Vichada. Según registros históricos, sus ancestros enfrentaron episodios de violencia: en 1949, con las guerrillas liberales de los Llanos; en 1970, la masacre de Planas; y en 1985, la llegada de Víctor Carranza (enlace nota) y sus grupos paramilitares, conocidos como Los Carranceros. Luego se sumaron otras estructuras paramilitares, como las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada y el Bloque Centauros. Esta cadena de violencia provocó el desplazamiento forzado de la comunidad en distintos periodos.
Entre 2010 y 2017, la comunidad realizó varios recorridos por su territorio ancestral. Sin embargo, desde 2012 advirtió que algunos de esos lugares estaban ocupados por otras personas. Cuando los Sikuani preguntaban quién les había vendido o cómo habían adquirido la tierra, recibían una negativa a proporcionar información. La gobernadora Alba Gaitán explica que:
“Cuando volvimos estaban ellos, se llama Pablo Antonio Rojas Riveros, Alicia Gómez Duque, ella parceló nueve predios y los menonitas los compraron, también en el predio Campo Alegre (Ladislao Ernesto Toledo Plazas), pero ellos no estaban antes en el territorio, ellos les quitaron esas tierras a nuestros ancestros”
Por esta razón, en 2017 solicitaron apoyo para radicar la petición de protección de su territorio ancestral en el marco del Decreto 2333 de 2014, que establece los mecanismos para la protección efectiva y la seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente.
La gobernadora Alba Gaitán manifiesta:
“Todos los Sikuani hemos vivido y transitado donde están los caños, mi abuelito (Santiago Gaitán) y mi papá (Ángel María Gaitán) me contaron la historia, por eso sé la historia del territorio. Por eso tengo derecho a reclamar y que me devuelvan esa tierra, para poder retornar con mi comunidad”.
Desde 2017, la comunidad sikuani ha tenido que enfrentar nuevas formas de despojo de sus tierras. Jurídicamente, su contraparte es la comunidad menonita, cuyas primeras familias comenzaron a establecerse en 2014, provenientes de México y Estados Unidos. Este grupo se ha apropiado ilegalmente del territorio ancestral del pueblo sikuani.
El senador Wilson Arias explicó el modo de actuación de la comunidad menonita para adquirir aproximadamente 39.504 hectáreas.
En cuanto a las irregularidades en las adquisiciones, el senador Wilson Arias ha denunciado la existencia de un complejo entramado jurídico y empresarial que incluye prácticas como la compra de predios con documentos de identificación vencidos. Asimismo, señaló que la notaría de Puerto López y las notarías 11, 18, 24 y 48 de Bogotá inscribieron compraventas realizadas por la comunidad menonita, además de evidenciar vínculos con la adquisición de predios pertenecientes a miembros de la familia Carranza.
Mientras la comunidad menonita adquiría tierras sin impedimentos, la Sikuani libraba una lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral ante el Estado. Desde 2017 ha acudido a entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas (URT) y la Unidad para las Víctimas (Uauriv).
Los argumentos para negar la medida de protección fueron, primero, la supuesta falta de ocupación continua del territorio por la comunidad indígena, interrumpida durante 51 años, desde su desplazamiento en 1970 hasta su retorno en 2021; y segundo, que los predios figuran a nombre de terceros con derechos adquiridos.
Respecto a la negativa de reconocimiento como víctimas del conflicto armado, los argumentos fueron la inexistencia de daños colectivos sobre la comunidad y la decisión fue no incluirla en el Registro Único de Víctimas (RUV). Frente a estas decisiones, la gobernadora Alba Gaitán interpuso los recursos de ley correspondientes.
Como resultado de las acciones legales de la comunidad Sikuani de Barrulia, el Juzgado 38 Penal del Circuito de Bogotá emitió un fallo de primera instancia el 2 de julio de 2024. En la sentencia, el Estado colombiano tuteló los derechos fundamentales de la comunidad a una vida y vivienda dignas. Se ordenó al municipio de Puerto Gaitán garantizar los medios mínimos de subsistencia: alimentación, artículos de aseo y otras necesidades básicas, mientras se concreta su reubicación definitiva.
Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) revocó la resolución de negación de 2022 y, el 6 de junio de 2024, reconoció la medida de protección provisional del territorio ancestral para los predios Cuba Libre y Campoalegre. Sin embargo, la comunidad de Barrulia aún no ha podido retornar a dichos territorios, pues se ha enfrentado a nuevos obstáculos para la materialización de la medida de protección y la efectiva posesión ancestral.
La ANT explicó que, aunque finalizó el proceso de recuperación de baldíos por ocupación indebida, aún no ha podido entregar materialmente el predio Cuba Libre a la comunidad indígena de Barrulia, porque está cercado por propiedades privadas de la comunidad menonita que impiden el ingreso y no existen vías de acceso independientes.
Según la ANT, para garantizar el acceso al predio Cuba Libre es necesario establecer una servidumbre de paso que atraviesa cinco predios privados en manos de la comunidad menonita. Esta se opuso tanto a la servidumbre que permitiría la entrega del terreno como al reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. Incluso hoy, los menonitas han impedido físicamente el ingreso de la ANT, lo que ha hecho imposible materializar la adjudicación.
Respecto al predio Campoalegre, actualmente se investiga su naturaleza jurídica para determinar si es de carácter privado o baldío. Las personas que se identifican como propietarias presentaron una impugnación contra la decisión de primera instancia. En su recurso solicitan que se revoque el fallo, se proteja su derecho al debido proceso y no se modifique su derecho al uso y goce de la propiedad, alegando que estos derechos están siendo vulnerados. Es importante mencionar que el predio Campoalegre está destinado al cultivo a gran escala de soya y maíz.
La comunidad de Barrulia mantiene la esperanza de que el único proceso jurídico activo contra la comunidad menonita avance. La Fiscalía adelanta la imputación de cargos a doce integrantes de dicha comunidad por deforestación, daño ambiental, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y expansión acelerada de las actividades agrícolas hacia las inmediaciones de los caños y áreas de conservación. El senador Wilson Arias mencionó que estamos ante un precedente histórico y agregó:
“Una sentencia no nos devolverá lo perdido, pero debe sentar un precedente sobre cómo proteger el medio ambiente en Colombia. […] Detrás de la devastación ambiental hay una devastación humana: la comunidad ha sido asesinada, perseguida, disminuida y despojada culturalmente”.
Por la relevancia de este fallo, el senador invita a la sociedad a seguir atentamente la próxima audiencia, programada para el jueves 15 de enero de 2026. A la fecha, la comunidad de Barrulia permanece albergada en el polideportivo. Si bien consideran que los predios Cuba Libre y Campo Alegre no representan la totalidad de su territorio ancestral, los ven como una posibilidad de retorno. En palabras de la gobernadora Alba Gaitán:
“Mantenemos la fe de poder volver al territorio, tener la tierra para el uso y la costumbre de nuestra comunidad. Vamos a tener nuestros cultivos, no vamos a sufrir más. […] Voy a seguir luchando por mi territorio; no nos podemos quedar aquí”.
* Esta historia hace parte de una investigación de El Turbión, realizada con el apoyo de Global Exchange y del Fondo para Reportajes sobre Animales y Biodiversidad de Brighter Green, y forma parte de una serie que documenta cómo la violencia, la concentración de la tierra y el ecocidio amenazan la supervivencia física y cultural del pueblo Sikuani.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
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