Por: Fermín Romero* – octubre 14 de 2009
Cuando se cruza la frontera con Venezuela por el puente internacional ‘Simón Bolívar’ se pasa a una realidad muy parecida a la de Cúcuta (Norte de Santander) y otras ciudades de Colombia, la de la extorsión, los asesinatos y el miedo que producen las mafias paramilitares. La población venezolana, desde hace más de 8 años, se encuentra amenazada por estos grupos, que manejan el contrabando de mercancías, gasolina, armas y cocaína de ambos lados de la frontera, al parecer, con la complicidad de funcionarios venezolanos que han permitido su accionar en territorio de la Hermana República.
Antes de cruzar el puente que permite el paso sobre el río Pamplonita, se puede observar el comercio informal del que viven cientos de colombianos y la influencia mafiosa que existe en Cúcuta: vendedores de gasolina, pequeños y grandes contrabandistas, vendedores informales, cambistas de divisas y comerciantes en general tienen que pagar una cuota semanal a los paramilitares, dependiendo del ingreso del negocio.
Sandra*, cambista de bolívares, paga $8.000 a la semana y Carlos*, que tiene un negocio más grande, paga $15.000. Ellos, al igual que otros habitantes de Cúcuta que trabajan en la frontera, cuentan con miedo y mirando por encima del hombro sobre la extorsión que sufren, temiendo que los informantes, que abundan a lado y lado de la frontera, denuncien sus quejas y sus pensamientos a las personas que deciden quién trabaja, quién no, quién vive y quién muere.
En San Antonio (Venezuela) la diferencia con Cúcuta no es mucha: este pequeño pueblo sufre, desde 2001, una presencia paramilitar que se consolidó en 2003. Los paramilitares colombianos, que extorsionan el comercio al igual que en Colombia, se presentan como redentores de la seguridad de la población a través de los homicidios de ladrones y consumidores de droga, crímenes con los que encubren los asesinatos de líderes sociales y la lucha por el control del territorio con las guerrillas colombianas. De esta manera, según Luis Gilberto Santander, un cura venezolano que lleva más de una década en San Antonio, entre 2002 y 2004 fueron asesinadas por paramilitares más de 400 personas y en su libro “Grupos subversivos: más allá y más acá de la frontera” estima que para 2003, en las poblaciones de San Antonio y Ureña, los paras recolectaban más de 80 millones de Bolívares como producto de las extorsiones.
La población del hermano país se encuentra acorralada por la ineficacia de las autoridades venezolanas y la eficiencia de la mafia paramilitar colombiana, que mantiene estricto control en todos los barrios de San Antonio. Mauricio*, un trabajador colombiano nacido en el Cesar y que ha huido de la violencia en Colombia hasta llegar al barrio de invasión Barinas, en el que habitan 500 colombianos, gana apenas $1.200 por cada pantalón que cose con los distintivos característicos de la reconocida marca de ropa Wrangler, y debe pagar B$40.000 al mes a los hombres que, colombianos como él, lo extorsionan.
Sin embargo, la extorsión no es el negocio más rentable en Cúcuta y San Antonio. Por encima y debajo del puente internacional, al igual que por las trochas que cruzan los ríos Pamplonita, El Zulia y Táchira, la venta y compra de armas y cocaína es conocida. Roberto* cuenta que la mafia paramilitar colombiana pasa cientos de kilos del alcaloide a Venezuela, mientras armas y miles de galones de gasolina cruzan la frontera hacia Colombia sin problema. Además, manifiesta que desde 2001 se hicieron más frecuentes estos actos ilícitos, concentrándose en El Zulia y en el puente internacional, ya que la policía colombiana no registra en ese punto fronterizo ningún vehículo o persona que entre o salga de Venezuela.
Sólo con el control de la gasolina los recursos que percibe la mafia colombiana son muy altos, ya que el galón de gasolina en Venezuela cuesta $1.000 y en Colombia oscila entre los $6.000 y $7.500, y, segín Fendipetróleo, alcanza unos 12 millones de galones al mes. El tráfico de cocaína, por otra parte, fluye entre los dos países sin mayores restricciones y la cantidad de toneladas y las ganancias de este negocio han permitido que gran parte de las autoridades locales de Cúcuta sean cómplices corruptas de la mafia paramilitar, que se abastece de armas gracias a las mafias venezolanas, que compran la droga para su exportación hacia Europa a través del Atlántico.
La mafia paramilitar colombiana ha llegado a tener control de gran parte del eje fronterizo del estado Táchira con Colombia desde 2001, como manifiestan venezolanos que callan la presencia paramilitar, al igual que en Colombia, por miedo. Manifiestan, además, que hasta que las autoridades dejen de ser sobornables las cosas no cambiarán y tendrán que seguir obedeciendo las reglas impuestas por la mafia colombiana y que seguirán pagando las extorsiones mientras observan con horror los asesinatos impunes de sus jóvenes.
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