Por: Christian Peñuela – mayo 14 de 2012
Riseup.net y May First / People Link son colectivos solidarios que, a través de la Internet y de manera autogestionada, ofrecen servicios digitales seguros y de alta calidad a organizaciones sociales, colectivos solidarios y proyectos de activismo político y defensa de los derechos humanos en el mundo. Apoyados en las llamadas leyes antiterroristas de Estados Unidos, el pasado 18 de abril en la ciudad de Nueva York, el FBI incautó uno de los servidores de Riseup.net que proveía servicios a May First / People Link, perjudicando a centenares de agrupaciones que alojaban sus páginas web y correos electrónicos en esta máquina, operada por el más antiguo proveedor independiente de Internet europeo: European Counter Network.
Recientes amenazas electrónicas relacionadas con un posible atentado con bomba a la Univerisdad de Pittsburgh fueron empeladas por el FBI como argumento para la incautación. De acuerdo con Riseup.net, un usuario desconocido utilizó de manera inadecuada el servicio Mixmaster, que reenvía de forma anónima correos electrónicos para porteger la identidad digital de personas u organizaciones sociales que requieren privacidad en Internet por razones de seguridad o para proteger la vida e integridad física de defensores de derechos humanos o activistas, lo cual, de acuerdo con un comunicado de la organización de activismo tecnológico, ocurre cuando, “desafortunadamente, algunas personas dan un mal uso a la red”, pero este mal uso es muy bajo comparado con el uso benéfico que obtienen los miles que se benefician de la existencia de estos recursos.
William Rozo, investigador colombiano del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que los servicios que organizaciones como Riseup.net prestan a activistas y defensores de derechos humanosque enfrentan regímenes “donde las garantías sociales y la libre expresión son objeto de censura”. Por esto, resultan de vital importancia para la protección de estas personas y consisten en que “cuando una persona envía un correo electrónico o intercambia información que requiere seguridad, los servidores de Riseup cambian [u ocultan] las [direcciones] IP […] De esta manera, se protegen los orígenes de los mensajes, la identidad de las personas y las denuncias que se realizan a través de estos correos y páginas web”.
La acción del FBI afectó a 300 cuentas de correo electrónico, entre 50 y 80 listas de distribución de correo, y a varias páginas web. Devin Theriot-Orr, vocero de Riseup.net, afirma que esta organización rechaza las amenazas de bomba y, respecto al operativo, afirma que “el FBI está usando una política de martillo: cierra un servicio para miles de usuarios debido a las acciones de una persona anónima […] Nos oponemos a las amenazas, sin embargo, secuestrar el servidor no va a detenerlas. El único efecto es detener los e-mails y páginas web para miles de personas inocentes […] Entonces, no tenemos otra cosa que preguntarnos por qué fue tomada esta drástica acción, cuando las autoridades sabían que el servidor no contiene ninguna información que pueda ayudarles en su investigación”.
Anriette Esterhuysen, directora ejecutiva de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), considera que “estas torpes intervenciones de los gobiernos son una violación de la Ley de Comunicaciones de los Estados Unidos, de los derechos de Internet tal como se definen en la Carta de Derechos de Internet. Hacemos un llamamiento a los líderes del gobierno para detener estos ataques contra la sociedad civil y los derechos de los usuarios de Internet” .
Por su parte, William Rozo señaló que estos hechos afectan a los activistas de Internet colombianos porque “para nadie es un secreto que los organismos de inteligencia del Estado que tenemos están al servicio del gran capital financiero y para proteger sus intereses: cuando hay una denuncia contra una multinacional o contra un agente o funcionario, dichos organismos proceden a realizar interceptaciones, elaboran judicializaciones e individualización, o, en el peor de los casos, la desaparición o asesinato de las persona que realiza las denuncias”.
El experto en derechos humanos y en tecnologías de Internet agregó que “hay una intención del gobierno colombiano, además de la presión que ejerce el gran capital norteamericano, de aplicarle una cierta censura a los contenidos de Internet bajo la premisa de la protección de los derechos intelectuales”, con la aplicación de la llamada ‘Ley Lleras 2.0’, y que los activistas de la red y los defensores de derechos humanos enfretan graves dificultades al ver restringida su libertad de compartir información sin restricciones para hacer denuncias o prevenir agresiones dado que “están silenciando nuestra voz, porque Internet se ha convertido en un gran escenario de denuncia de casos de graves violaciones de derechos humanos y al Estado no le conviene que se conozcan dichas denuncias en la opinión pública. La ley Lleras 2.0 es una política que se conoce desde hace ya mucho tiempo y que obedece y fue diseñada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dentro de lo que se conoce como ‘Guerra de Cuarta Generación’ que consiste en todo el control de los ciudadanos en el mundo”.
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