Por: Marcela Zuluaga Contreras.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas, ciudadanos y entidades de derechos humanos hicieron un llamado sobre la magnitud de las violencias que enfrentan las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ en Colombia, tanto en los hogares, como en las calles y los entornos digitales.
La movilización en Bogotá tuvo como punto de llegada el Centro de Atención de la Fiscalía (CAF), un lugar simbólico que reunió personas y consignas por una vida libre de violencias de género y donde se realizó un acto de memoria para reivindicar a las víctimas de feminicidio.
La violencia en datos
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2025 cada hora cuatro mujeres fueron agredidas por su pareja o expareja. Entre 2021 y 2024, el promedio anual fue de 35.000 mujeres violentadas, lo que equivale a 96 casos diarios, cifras que evidencian una tendencia alta de agresiones.
En contraste, cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios, un sistema de información de Republicanas Populares que, a partir de la prensa local, regional y nacional, rastrea casos de feminicidio y violencias contra las mujeres en el conjunto nacional colombiano, revelan que en lo corrido del 2025, en el país se han presentado 621 casos de feminicidios, de los cuales 71 corresponden a mujeres afrodescendientes, y 14 transfeminicidios.
Sobre la violencia sexual, según datos de la Defensoría del pueblo se han presentado 12.818 casos, es decir, 54 víctimas diarias, de las cuales 7.078 eran menores de edad. Al menos 305 corresponden a personas de la comunidad LGBTIQ+, lo que confirma que las mujeres y niñas, en toda su diversidad, siguen siendo las principales afectadas.
Según datos reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de enero a agosto de 2025, 12.251 mujeres, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual en Colombia.
La realidad que reflejan las cifras exponen el grave incumplimiento institucional en materia de protección, prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres y personas LGBTIQ+, en Colombia, situación que perpetúa que la sociedad siga violentando a miles de personas por su género.
En un contexto global, al menos 840 millones de mujeres en todo el mundo, casi una de cada tres, han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, una cifra que “apenas ha cambiado” en las últimas dos décadas. Esta es la principal conclusión de un nuevo informe sobre la violencia contra las mujeres elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con otras agencias y citado por Naciones Unidas y ONU Mujeres.
El informe, considerado la evaluación global más completa sobre este tema hasta la fecha, describe la violencia contra las mujeres como una “emergencia de salud pública mundial” y analiza el contexto regional, indicando que el 22,8% de las mujeres latinoamericanas han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas, algo por debajo de la media mundial del 25,8%. Países como Bolivia (52,8%), Costa Rica (34,2%), Argentina (33,8%) y Colombia (29,8%) se sitúan por encima de la media.
La magnitud de estas violencias no puede entenderse aislada, representan un problema relacionado con décadas de conflicto armado, ausencia estatal y desigualdades estructurales que han afectado de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.
Violencia contra las mujeres en Colombia
Integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres, movimiento antimilitarista y feminista fundado en 1996, recordaron que las violencias contra las mujeres han sido históricamente agravadas por el conflicto armado y la ausencia de garantías sociales.
Clarita Hernández, vocera del movimiento, insistió en la necesidad de que el Estado garantice condiciones de vida digna, justicia social y equidad de género:
Donde haya, como dice la Constitución Nacional, derecho a vivir dignamente, pero con garantías sociales, de educación, de estudio, de vivienda y sin que se maltraten ni niñas, ni niños en este país.
La violencia digital
Las agresiones en línea se entrelazan con las violencias fuera de ella, ampliando el riesgo para niñas, jóvenes, lideresas y activistas. Las organizaciones insisten en que la respuesta estatal debe abarcar todos los escenarios.
Natalia Andrade, investigadora de la organización de derechos digitales Fundación Karisma, explicó que la violencia digital incluye la difusión no consentida de imágenes íntimas, acoso, hostigamiento, ataques coordinados en redes sociales y denuncias masivas de perfiles de mujeres, especialmente activistas.
Según Andrade, lo digital no es un territorio abstracto o irreal:
Lo que ocurre en internet sí tiene impacto real y causa daño. Las violencias de género y digitales son reales, hacen daño y el reconocimiento es una parte muy importante, pero no existen acciones que eliminen las violencias de género en internet, si no se eliminan también, las violencias de género fuera de línea.
Además, advirtió que Colombia no cuenta con cifras oficiales sobre violencia de género digital, porque no está reconocido como delito en la legislación vigente y que, las violencias de género digitales son un traslado de las violencias que ocurren en la calle.
Entonces, no hay una forma como de erradicar las violencias en lo digital sin erradicar las violencias que agreden y asesinan a las mujeres por ser mujeres y que les niegan sus derechos. Al final, por supuesto, tiene que haber un reconocimiento. Lo primero es identificar las violencias, poder nombrar esto como violencia de género digital, es el primer paso y entender que es real, que hacen daño, pero no existen acciones que eliminen las violencias de género en internet y las violencias de género fuera de línea.
Actualmente, en Colombia existen dos proyectos de ley en trámite buscan reconocer y sancionar la violencia de género en entornos digitales:
- Proyecto de Ley de Protección Integral de Violencia de Género Digital.
- La Ley Olimpia Colombia, centrada en la protección frente a la difusión no consentida de material íntimo y otras agresiones sexuales digitales.
Ambos siguen en trámite legislativo, sin aprobación definitiva, lo que mantiene un vacío normativo frente a conductas que ya afectan a mujeres, niñas y activistas. La ausencia de un marco legal claro limita la prevención, la investigación y la protección efectiva de las víctimas, pese al crecimiento sostenido de estas agresiones en el país.
El arnés como armadura simbólica
Colectivos como Vibrooo participaron de la movilización resignificando narrativas sobre el cuerpo femenino. A través de arneses y balaclavas en tonos morados, buscan transformar objetos históricamente sexualizados en símbolos de protección y resistencia.
Maleja López, su fundadora, explicó que para muchas mujeres, especialmente quienes han pasado por casas de refugio, el arnés funciona como una “armadura” política y emocional:
Puedes encontrar balaclavas moradas, que son capuchas, las hacemos por las mujeres que no puede salir a las calles mostrando su rostro, sino que lo tiene que tapar porque a pesar de que estuvo a punto de un feminicidio, sale a las calles y aun sus agresores siguen libres. La balaclava se vuelve también un resguardo.
Una deuda del Estado
Las agresiones, los feminicidios y la violencia sexual, sumadas a nuevas formas de violencia como la digital, requieren un trabajo serio y responsable del Estado: políticas públicas integrales, presencia institucional real en los territorios más afectados, atención psicosocial efectiva, protección para víctimas y marcos legales que reconozcan todas las formas de violencia de género.
Las voces que se escucharon en las calles durante los actos de movilización y memoria del 25N, recordaron que las violencias contra las mujeres no son un hecho aislado, sino una realidad que se repite a diario y que se traslada a nuevos escenarios.
En este contexto, las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ seguirán marchando no solo para denunciar las agresiones, también para exigir que el Estado asuma el mandato de proteger la vida. Hasta que eso no ocurra, la demanda seguirá vigente: vivir sin miedo, con garantías y en una sociedad que no normalice ninguna forma de violencia por razones de género.
En reconocimiento al compromiso del equipo de El Turbión con la integridad y la excelencia en el periodismo, el medio ha obtenido la Certificación de la Iniciativa de Periodismo Confiable, promovida por Reporteros sin Fronteras con la norma internacional CEN CWA 17493:2019.
Si encuentras un error, selecciónalo y presiona Shift + Enter o Haz clic aquí. para informarnos.
