Por: Camila Giraldo, El Turbión Cataluña – mayo 1 de 2012

Las recientes muertes de varios migrantes al interior de Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) han llevado a que algunos de los grandes medios ibéricos aborden, aunque de manera tangencial, el problema de la xenofobia, el racismo y la discriminación que se presenta a lo largo y ancho del Estado español. A pesar de centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos y a las leyes interancionales, los CIE siguen escapando al escrutinio público, manteniendo fuera de sus muros a cualquiera que pueda registrar la verdadera situación de quienes son mantenidos prisioneros allí y darla a conocer a una ciudadanía que, con su silencio, secunda la política intimigrantes que se viene imponiendo en Europa.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), organismo independiente del Consejo de Europa encargado de supervisar en el ámbito de los derechos humanos los temas de índole racial, publicó hace poco más de un año su cuarto informe sobre España. En el documento se señalan los avances y los recursos invertidos en la lucha contra la discriminación racial, así como la creación de diversas instancias que buscan proteger a las personas víctimas de este tipo de agresiones. No obstante, la comisión también hace hincapié en los graves vacíos de disponibilidad de datos sobre el tema y en la aplicación de la normativa legal para combatir la violencia racial y la discriminación.

Aunque cada vez son más comunes los titulares que denuncian actos de intolerancia o que resaltan la apología al racismo, las graves violaciones a los derechos humanos producidos al interior de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) siguen teniendo poca cobertura. Ha sido sólo a partir de la muerte de inmigrantes al interior del CIE de Zona Franca en Barcelona y en el de Aluche en Madrid que algunos medios han hecho referencia al tema. Esto resulta preocupante si se tiene en cuenta que, en España, los CIE vienen funcionando desde 1985 y que en 1999 se crearon al menos seis de los nueve que actualmente se encuentran en funcionamiento.

La ECRI ha resaltado algunos débiles avances al interior de los CIE, pero insiste en varias de las graves deficiencias de los mismos. En primer lugar, sus recomendaciones refuerzan la idea de la precariedad presente en  estas instituciones, además de poner sobre la mesa la falta de personal especializado en todas las áreas: personal sanitario, trabajadores sociales y psicólogos, personal administrativo y traductores –sobre todo de lenguas africanas–, entre otros. Un equipo vital de trabajo, si se tiene en cuenta que gran parte de los migrantes que llegan a España provienen del Magreb y del África Subsahariana, y que el gobierno español no proporciona, en la mayoría de los casos, la información necesaria a estas personas en su idioma sobre el derecho al asilo.

En segundo lugar, señala como elemento clave para combatir la discriminación la necesidad de una reforma a la Constitución española que ponga al mismo nivel a nacionales y extranjeros en el ejercicio de sus derechos y libertades. Así, la ECRI reconoce que la lucha contra el racismo y la intolerancia se dificulta si, como señala el informe, se establece una separación constitucional entre ciudadanos españoles y no españoles, vulnerando el principio de igualdad y supeditándolo a leyes que pueden ser objeto de enmiendas periódicas.

La Ley Española de Extranjería

Uno de los aspectos más controvertidos de esta ley es el enorme vacío en cuanto al funcionamiento y al régimen interior de los CIE, cuyas competencias de dirección, inspección, gestión y control corresponden al Ministerio del Interior y son ejercidas a través de la Dirección General de la Policía. Esta norma contempla como reglamentación interna un  artículo único  que otorga amplia discrecionalidad al director del centro para adoptar las directrices y las medidas que considere adecuadas. Esto a pesar de que, según la organización de ayuda al migrante Pueblos Unidos, “la última reforma de la Ley de Extranjería exigió la adopción de medidas para regular estos centros y garantizar un trato digno a las personas internadas, pero después de más de veinte meses, no existe ni siquiera un borrador de reglamento y los principales partidos han decidido ignorar el tema en sus campañas electorales”.

Además, esta ley presenta serias e importantes contradicciones, como es el caso de los Artículos 5 y 23. En el primero se consagra el derecho a la libre circulación, aunque sólo a los extranjeros que cumplan los requisitos de permanencia, mientras que en el segundo se prohíben los actos de discriminación “contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico”, entre otros, y que tenga como fin limitar el ejercicio, “en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural”. Estos artículos entran claramente en conflicto, y se anulan en el papel y en la práctica, con las redadas que organiza la Policía basadas en rasgos étnicos para localizar personas indocumentadas.

De esta forma, se establece la existencia de personas de primera y de segunda categoría, y una distinción entre a quiénes son aplicables los derechos humanos y a quiénes no lo son. Esto significa que los derechos humanos son garantizados únicamente a quienes cumplan con los requisitos administrativos impuestos por las oficinas de extranjería. Dependiendo de cada situación específica, su no cumplimiento puede acarrear, además de la privación de libertad, multas o la expulsión del territorio español, que es aplicada también a personas que hayan incurrido en conductas delictivas, con lo que se termina por equiparar la carencia de papeles con el delito penal.

La “Directiva de la vergüenza”

Sin embargo, la privación de libertad sin delito y sin juicio a personas migrantes indocumentadas no es una práctica exclusiva de España. Por el contrario, en 2005 fue presentada la propuesta para su institucionalización de ‘la Europa de los veintisiete’, un exclusivo grupo en el que las políticas migratorias para personas no comunitarias son cada vez más restrictivas y en donde no se escatiman recursos materiales y policiales para impedir la inmigración irregular. Después de tres años y tras recibir algunos matices, en junio de 2008, fue finalmente aprobada la “Directiva del retorno”, relativa a procedimientos y normas comunes de los Estados miembros para el denominado retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su territorio.

En un momento en el que Europa vive la más pronunciada derechización de los gobiernos de la zona, esta “Directiva del retorno” –mejor conocida como ‘Directiva de la vergüenza’ por los eufemismos con que se trata el tema de las la expulsiones– fue aprobada en el Parlamento sin mayor debate, pasando el texto casi enteramente sin modificaciones sustanciales. Lo que, en teoría, puede parecer una manera de crear una legislación común en materia migratoria es, en la práctica, la institucionalización de usos discriminatorios.

De acuerdo con el informe técnico realizado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los principales motivos de disconformidad de las ONG contra la “Directiva del retorno” son, entre otros, el efecto criminalizador de identificar al inmigrante como delincuente y la consecuente privación de libertad, que vulnera principios básicos del Estado de Derecho, como la presunción de inocencia y el principio de favor libertatis, de presunción a favor de la libertad del ciudadano. Esta situación de detención hace que, al no encontrarse dentro del sistema penitenciario estatal, se cree un limbo jurídico en el que la privación de libertad se ejerce sin garantías y en condiciones precarias. Adicionalmente, la norma contempla la posibilidad de realizar expulsiones a terceros países y no al de origen, así como la autorización de internar a menores no acompañados, sin garantía de reagrupación familiar.

Más anuncios y pocas garantías

Estas cárceles para inmigrantes sin papeles, que los mantienen recluidos en peores condiciones que las que ofrece el propio sistema penitenciario y en cuyo interior se han producido intentos de suicidio, casos de violación a internas de diferentes nacionalidades e incluso la muerte de algunos detenidos, parecen lejos de desaparecer. No obstante, la presión ejercida por diversas organizaciones y la sociedad civil en España ha tenido una repercusión mediática que ha permitido hacer visible la existencia de los CIE y evidenciar una pequeña parte de lo que ocurre en su interior.

Esto ha provocado la reacción, aunque tardía, del gobierno español. El pasado mes de marzo, el Ministerio del Interior anunció su intención de reforma a los CIE, a casi treinta años de su puesta en funcionamiento, y la redacción de un reglamento que regule sus funciones. Aunque previsiblemente no se logre subsanar el limbo legal en el que se encuentran los detenidos, las principales reformas a la nueva normativa serían las de lograr la colaboración de distintas organizaciones para dejar la seguridad y custodia del centro bajo responsabilidad de la Policía y la gestión interna a ONG u organizaciones especializadas en cuestiones asistenciales y sociales, como la Cruz Roja. También se ha propuesto la creación de un régimen distinto de detención para quienes serían candidatos a expulsión por infracciones administrativas y para los pequeños delincuentes, ya que hasta la fecha no se hace ninguna distinción en el encierro entre unos y otros.

No obstante, bajo la presión del gobierno por obtener resultados e inflar las estadísticas policiales, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que el acoso a los inmigrantes sin papeles y las redadas siguen siendo una práctica recurrente. Por esta, entre otras razones, las organizaciones y ONG involucradas activamente en la lucha por los derechos de los migrantes tienen serias dudas con que la redacción del nuevo reglamento de los CIE modifique sustancialmente su situación interna. Igual percepción se tiene sobre la posible colaboración de la Cruz Roja, pues su posibilidad de acción es limitada, como ya sucede en Italia, además de plantear serias dudas a quienes temen que no desempeñe un papel fiscalizador y de denuncia al recibir recursos del Estado sino que, por el contrario, acabe por cumplir las funciones que le corresponden al Estado.

El reglamento no ha sido publicado, habiendo pasado ya varias semanas desde el anuncio del Ministerio de Interior. Sin embargo, teniendo en cuenta la precariedad interna de los centros españoles, pero sobre todo la ambigüedad jurídica y las regulaciones supranacionales impuestas desde la Unión Europea, no se esperan grandes avances. Mientras tanto, Médicos del Mundo, SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino, Pueblos Unidos y la plataforma de entidades de ámbito europeo y africano Migreurop seguirán reclamando el cierre definitivo de estos centros.

La política europea de la discriminación

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