Más de 200.000 personas salieron el 6 de marzo a marchar por las calles de Bogotá, en el marco del Cuarto Encuentro Nacional de Victimas de Crímenes de Estado. La concentración fue convocada a las 10:00am y los puntos de partida fueron: el Parque Nacional; las Universidades Nacional, Distrital y Pedagógica; el SENA y el Hospital San Juan de Dios. Otro punto de reunión fue el Parque Central del municipio de Soacha, desde donde marcharon las organizaciones de desplazados que el pasado martes 4 de marzo iniciaron su movilización desde Flandes (Tolima). El destino común fue la Plaza de Bolívar.
El objetivo de esta marcha era generar opinión acerca de los actores y hechos que no fueron tenidos en cuenta en la jornada oficialista desarrollada el 4 de febrero. Con la marcha se da inicio al Encuentro, que finalizará el sábado 8 de marzo y que comprende diferentes actividades de denuncia frente a casos de desaparición, tortura, secuestro, asesinato y detenciones ilegales perpetradas por estructuras paramilitares en complicidad con agentes del Estado Colombiano.
Diferentes organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales, sociales y de defensores de derechos humanos participaron de la movilización que estuvo acompañada por gaitas, tambores, trompetas, violines, voces de los participantes y por puestas en escena que buscaban sensibilizar a los capitalinos sobre la cruda realidad afrontada por los movimientos democráticos, víctimas del señalamiento y persecución del aparato de Estado frente a cualquier forma de oposición.
A diferencia de la marcha del 4 de febrero, en esta oportunidad los medios monopólicos no publicitaron la movilización y, cuando se hizo referencia a ella, se limitaron a hablar de una marcha contra la violencia en abstracto, procurando la invisibilización del verdadero destinatario de las denuncias: el Estado colombiano, como responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos. En esta ocasión, el sector privado no exhortó a los trabajadores a marchar, ni invirtió en propagandas, y, como es natural, el Estado tampoco patrocinó el desarrollo de la jornada, omitió pronunciamiento alguno y, por el contrario, en días pasados calificó la marcha como una respuesta de las guerrillas ante la movilización del 4 de febrero.
Reunidos en la Plaza de Bolívar, las víctimas aprovecharon para relatar sus casos y algunas organizaciones sentaron posición frente a la problemática. Como hecho aislado, al finalizar la movilización se presentaron algunos disturbios que, según algunas versiones, se originaron por el sabotaje de personajes ajenos a la marcha que, aprovechando el espíritu rebelde e inconforme de los adolescentes, provocaron una confrontación y, posteriormente, se escabulleron. El Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), que no había hecho presencia, desplegó toda su fuerza y aprehendió a varios manifestantes, que fueron liberados gracias a la gestión de las organizaciones presentes, la Secretaría de Gobierno y de la Defensoría del Pueblo.
A pesar de esto, la manifestación se desarrolló en continua calma y su contenido político, fruto de un proceso de reconstrucción de la memoria colectiva que data de varios años atrás, hizo de ésta una jornada más cualificada que la desarrollada el 4 de febrero, donde la mayoría de marchantes salieron conmovidos por el manejo mediático en torno al problema del secuestro.
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