Por: Andrés Monroy y Camila Ramírez – agosto 2 de 2012
El mes de agosto inició con una gran movilización en contra de la gran minería trasnacional. Trabajadores, estudiantes, campesinos, afrodescendientes e indígenas se tomaron las calles de 21 ciudades del país para rechazar lo que el gobierno de Juan Manuel Santos denomina como ‘locomotora minero energética’. Los marchantes en todo el país exigieron al Gobierno Nacional desmontar los proyectos petroleros, mineros y energéticos que se vienen desarrollando en varias regiones, así como extremar los controles de impacto ambiental y de derechos humanos de los que ya se vienen implementando.
Esta jornada nacional fue convocada por la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Trasnacional (Reclame), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Sindical Obrera (USO), sindicatos petroleros y mineros, organizaciones ambientales y varios movimientos sociales, que han hecho un llamado de unidad para protestar, defender el territorio, la soberanía, el medio ambiente, el trabajo digno y la seguridad alimentaria.
Las movilizaciones más destacadas tuvieron lugar en Quibdó (Chocó) ,Riohacha (La Guajira), Bucaramanga (Santander), Medellín (Antioquia), Caucasia (Antioquia), Ubaté (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Armenia (Quindío), Cajamarca (Tolima), Marmato (Caldas), Neiva (Huila), Villavicencio (Meta) y Barrancabermeja (Santander), ciudades cercanas a zonas en las que se vienen desarrollando proyectos de gran minería y en las que las comunidades han resultado afectadas por problemas de contaminación, explotación de mano de obra, enfermedades, desplazamiento, privatización de sus territorios y militarización por parte de las trasnacionales.
En la ciudad de Bogotá cerca de 500 personas se congregaron en el Parque Nacional y se movilizaron hasta la Plaza de Bolívar, en donde se realizó un acto político y cultural. Durante la manifestación, se escucharon diferentes expresiones de inconformidad por la explotación indiscriminada de los recursos naturales que está impulsando el gobierno Santos.
Especialmente, se denunció la intención de desviar 26 kilómetros el río Ranchería, principal fuente hídrica del departamento de La Guajira,con la intención de que Cerrejón SA extraiga de su lecho más de 500 millones de toneladas de carbón. Las denuncias de los indígenas wayúu y organizaciones ambientalistas señalan, además, que en la mina a cielo abierto del Cerrejón, la más grande del mundo para la extracción de carbón, se utilizan cada año 61.800 toneladas de explosivos, cuyo efecto es comparable al de tres bombas atómicas como la lanzada por los EE.UU. sobre Hiroshima, con los que se remueven 230 millones de metros cúbicos de tierra para sacar el mineral, que hoy eleva su cotización en el mercado internacional de la mano de la especulación financiera.
Organizaciones se pronuncian
En un pronunciamiento, Reclame manifestó que “la expansión de la gran minería es una amenaza contra la producción de alimentos en nuestro país” e identificó que la minería a cielo abierto afecta la capa vegetal, inutilizando la tierra de vocación agrícola, pues utiliza químicos tóxicos, dispone de extensos territorios para ubicar desechos contaminantes, remueve toneladas de tierra alterando nichos ecológicos, utiliza indebidamente las fuentes hídrigas, generando escasez del líquido vital, y produce graves efectos sobre los ganados.
En el mismo sentido, el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep) señaló en un comunicado que “de los 114 millones de hectáreas que componen el territorio colombiano, más de 8,4 millones están concesionados para la exploración de minerales y más de 37 millones están titulados para la exploración de hidrocarburos”, agregando que es necesario “exigir a los medios de comunicación que no se conviertan en agencias de propaganda de los megaproyectos imperialistas”.
Por su parte, los trabajadores petroleros y mineros denunciaron la forma en que son afectados por las políticas de las multinacionales. De acuerdo con informes de la CUT, en los últimos años se han multiplicado los reportes de enfermedades terminales producto de los gases generados en los campos de explotación y otras enfermedades laborales también han aumentado, como consecuencia de las malas condiciones laborales impuestas por las trasnacionales, especialmente de los sectores del petróleo y la minería.
Francisco Castillo, integrante de la Corporación Aury Sará Marrugo, manifestó que “la situación con Pacific Rubiales, Celsa y otras multinacionales que vienen explotando el petróleo en la altillanura de Colombia” es de alta gravedad para los trabajadores, pues “estas empresas desconocen totalmente las condiciones laborales y sindicales de los trabajadores, igualmente, hay presencia de los grupos paramilitares y se valen de éstos para que las organizaciones sindicales no se manifiesten”.
Jorge Gamboa, dirigente de la USO, declaró que “el Plan Nacional de Desarrollo tiene intrínsecas cinco locomotoras, dentro de ésas está la seguridad inversionista a través de la locomotora minero energética. La explotación de la riqueza natural es el eje principal de la economía nacional, esto lo concertó con el imperialismo norteamericano”. Además, expresó que “resaltamos la toma de conciencia de las comunidades y el sentimiento de soberanía que se está despertando en nuestra patria”, con movilizaciones que, como ésta, se vienen multimplicando en los últimos meses y buscan defender los recursos naturales, la soberanía nacional y condiciones dignas para los trabajadores.
La movilización no para aquí. Diversas organizaciones sociales manifestaron su intención de mantenerse luchando para no permitir que las trasnacionales continúen imponiendo sus intereses en el país y explotando indiscriminadamente territorios. En este sentido, Francisco Castillo afirmó que “es muy importante la unidad de acción entre los trabajadores y las comunidades minero energéticas que hoy se vienen movilizando, pero también de las comunidades que directamente no sentimos eso, como los [habitantes] de las ciudades, requerimos hacer una gran jornada en octubre que unifique a todo el movimiento social y político, que afecte verdaderamente los intereses de las multinacionales y afecte el plan de desarrollo del Gobierno Nacional”.
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