Mayo 24 de 2007
Más de 42.000 personas marcharon el miércoles 23 de mayo en Bogotá, en el marco del Paro Nacional. A la convocatoria, realizada por la Gran Coalición Democrática, respondieron organizaciones de estudiantes, maestros, trabajadores, pensionados, indígenas, campesinos, afrocolombianos, vendedores ambulantes, mujeres, desplazados, pobladores de los barrios populares y de diversos sectores de la sociedad que salieron a las calles para rechazar el Tratado de Libre Comercio, el recorte a las transferencias presupuestales a las regiones, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, la política represiva del gobierno de Uribe y la penetración de las mafias paramilitares en el Estado.
Desde las 10 de la mañana, hora de la convocatoria, más de 15 diferentes concentraciones se dieron, de acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Distrito, por toda Bogotá, generando una gigantesca parálisis de los principales corredores viales de la capital y, en particular, del centro de la ciudad, donde el paso de las marchas hacia la Plaza de Bolívar, sede del Congreso, las altas cortes y del Palacio de Gobierno, estuvo marcado por gigantescas masas humanas que ocuparon la Carrera Séptima, la décima, la avenida El Dorado, la NQS y la calle 53, para demostrar su descontento con el régimen y las medidas de gobierno asumidas por la actual administración.
Sin plata para lo fundamental
La agenda legislativa del Gobierno Nacional ha estado marcada por la sombra de una crisis económica que se avecinaría con la caída del precio del dólar y el sorprendente aumento de la inflación que se presenta actualmente. Para evitar este conflicto, el Ejecutivo ha introducido iniciativas en el Congreso que recortarían, aún más, los ya insuficientes recursos que el Estado destina a la salud, la educación, el saneamiento básico y la atención de la población en situación de vulnerabilidad, y ha anunciado la posible implementación de una nueva reforma tributaria para atenuar los efectos de fenómenos como el masivo ingreso de divisas, relacionadas en muchos casos con el lavado de activos del narcoparamilitarismo, y el uso de las finanzas públicas en las corruptelas propias del proceso de elecciones regionales que se aproxima.
En este sentido, no es raro que se pretenda, por vía de una nueva reforma a la Constitución de 1991, recortar nuevamente los recursos que la nación transfiere a los departamentos para el funcionamiento de estos servicios básicos, lo cual pondría en apuros a las administraciones departamentales y municipales de las zonas más pobres para garantizar el sostenimiento de hospitales, puestos de salud, escuelas y hasta redes de acueducto y alcantarillado, de forma que se verían abocadas estas instituciones a una quimérica autofinanciación, al cierre definitivo o a su privatización.
Este elemento, junto con la aprobación en el Congreso del PND, que articula el panorama del país para los próximos años, ha generado la indignación de profesores, estudiantes, trabajadores de la salud y de los servicios públicos, así como de usuarios y comunidades organizadas en las regiones.
Tal fuerza cobra esta problemática que los educadores agrupados en Fecode y las principales organizaciones de estudiantes de secundaria –Andes, FES, UDES, OCE, Consec– han iniciado un cese de actividades de carácter indefinido que mantiene sin clases una gran mayoría de los planteles públicos del país y que ha desatado las iras del gobierno, que no ha dudado en catalogar la protesta de ilegítima y a estas organizaciones de mentir al país al denunciar el recorte de más de 42.000 millones de pesos para la educación, liderando, tal como lo señaló Uribe Vélez, “un paro injusto, un paro político”, mientras la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, los ha acusado de “irresponsables” por apoyar las demandas estudiantiles y por proponer un retorno a la liquidación de transferencias consagrada en la Constitución de 1991.
Ante este panorama, los principales dirigentes del gremio magisterial han manifestado que “aceptar la reforma a las transferencias es aceptar la pérdida de más de 32.000 plazas docentes” y que el propio gobierno admite, en los documentos de análisis elaborados para sustentar su posición para el debate parlamentario, que “la
reforma a las transferencias –de 2001– ha significado una pérdida de recursos para
departamentos y municipios”. De acuerdo con Fecode, los recortes entre 2009 y 2019, fecha de culminación del plan marco de gobierno de Uribe, los recortes ascenderían a 52 billones de pesos, que, sumados a los más de 14 billones que ya se han quitado a las regiones, serían los mismos recursos “que el presidente reparte a dedo en esa especie de Corte de los Milagros en que se han convertido los semanales Consejos Comunitarios”.
La parálisis, mientras tanto, se mantiene en casi todo el país, aún con zonas en las que los profesores no se unieron a la protesta o fueron coaccionados para no participar, ya sea por vía de la intimidación o por la presión laboral. Se calcula que apenas un 14% de los colegios públicos del país seguiría funcionando normalmente, mientras la ministra habla de una normalidad del 60% y anuncia medidas contra los líderes del movimiento como el no pago de sus salarios.
A la marcha del miércoles 23 en Bogotá han asistido al menos 4.000 estudiantes de secundaria de Bogotá y unos 2.500 de otras regiones que se encontraban marchando entre Fusagasugá y la capital para participar del Paro Nacional.
Universidades en crisis
Mientras tanto, los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios mantienen un movimiento que ya completa tres semanas y que ha congregado a 14 instituciones públicas a protestar contra los recortes a las transferencias, las reformas académicas y el ambiente de señalamiento y represión que se vive en todo el país contra estas casas de estudios y sus comunidades académicas.
Sin embargo, es la polémica desatada por la aprobación de los artículos 32 y 38 del PND la que ha reunido a los estudiantes en torno al rechazo a un gobierno que pretende llevar al cierre a las universidades, al pasarles la responsabilidad por el pago de su pasivo pensional, con lo cual “las universidades estarían condenadas a seguir la suerte de la UniAtlántico, que ya fue cerrada, liquidada y sometida por el gobierno a varias reestructuraciones forzadas y no se ven muchas posibilidades de sacarla del problema en el que el mismo gobierno la metió”, según señaló un vocero de los profesores universitarios a El Turbión.
Así mismo, el PND plantea la introducción de un nuevo impuesto a los egresados de las universidades públicas para garantizar, según el gobierno, la sostenibilidad de estas instituciones con la conformación de un fondo de apoyo a la educación que ha sido rechazado por los universitarios. “Ya hemos pagado toda nuestra vida, a punta de impuestos, el derecho a educarnos como para que nos sigan exprimiendo con más: ¡que Uribe y su gente dejen de gastarse lo que nos quitan en la guerra y la corrupción y que le den a las universidades lo que necesitan!”, señaló Alba*, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, durante la concentración en la Plaza de Bolívar.
El excepcional movimiento universitario ha movilizado estudiantes de todo el país en movilizaciones que han concentrado a decenas de miles de personas. El pasado 10 de mayo en Bogotá se logró una convocatoria de más de 20.000 personas, en la movilización universitaria más grande de la última década. Situaciones similares se han vivido en otras ciudades.
Los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), más de 5.000 en la movilización del Paro Nacional, se han unido a esta lucha y han manifestado su inconformidad con el manejo que su director, Darío Montoya, ha dado al principal centro de formación técnica del país. Señalan que la corrupción y la politiquería se han apropiado de la institución y que las condiciones de precariedad laboral en las que deben desarrollar sus prácticas son cada vez más deshonrosas, así como la calidad de la educación allí impartida.
Un gobierno mafioso
Otro de los elementos señalados por los manifestantes es la penetración del narcotráfico y las mafias paramilitares en el gobierno y en la estructura del Estado, así como la protección que ofrece el régimen a los responsables de incontables crímenes atroces y de guerra que se siguen cometiendo en el país.
“No es posible que el presidente siga negando su participación en estos grupos de asesinos o su complacencia con sus crímenes: todas las pruebas que han salido a la luz lo implican a él y a sus socios con paramilitares y narcotraficantes”, señala uno de los marchantes al tiempo que porta una pancarta exigiendo el esclarecimiento de la verdad y el cese del terrorismo de Estado.
Defensores de derechos humanos, víctimas de los crímenes de Estado, organizaciones políticas de izquierda y diversas personalidades, así como el Polo Democrático Alternativo, han denunciado insistentemente este asunto que, sin embargo, no parece despertar la menor molestia en los altos mandos del gobierno y sus aliados en los más poderosos sectores del empresariado, los banqueros y los grandes propietarios de tierras en Colombia. De acuerdo con los testimonios de los propios jefes paramilitares y con el avance de las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia en el tema de la parapolítica, desde mediados de los noventa el fenómeno de las mafias paramilitares pasó de ser un asunto de grupos de mercenarios pagados por empresarios, funcionarios y terratenientes en cada región para convertirse en un instrumento del proyecto de extrema derecha que hoy guía el destino del país y que se ha incrustado en todas las estructuras políticas del Estado colombiano.
Ante esto, el propio presidente sólo ha atinado a decir que “el país lo que necesita es la verdad […] nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad y ésta sea aceptada por los jueces de la República”, luego de que, la semana pasada, el jefe noarcoparamilitar Salvatore Mancuso declarara ante la justicia la implicación de las principales empresas y gremios del país, además de decenas de políticos –incluidos familiares de Uribe Vélez– y militares en lo que han sido las acciones de estos grupos criminales.
Las actuaciones del gobierno, las fuerzas militares y de policía, así como su colaboración con los narcoparamilitares y las llamadas bandas emergentes fueron parte de las consignas de los manifestantes durante esta jornada. La exigencia del cese de la represión y las amenazas, así como el rechazo a la masiva interceptación de teléfonos que organismos de inteligencia han venido realizando ilegalmente por todo el país marcaron la jornada que se extendió por más de 6 horas por las calles bogotanas.
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Medellín: La Alpujarra copada de marchantes
Una marcha convocada por Fecode, CUT y USO en contra del Plan Nacional de Desarrollo, el TLC, la Ley de Transferencias y la parapolítica se llevó a cabo, el dia 23 de mayo de 2007, en la ciudad de Medellín, a partir de las
10:00am. El recorrido se inició en la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y
terminó a las 12:00m, aproximadamente, en frente del Edificio
Inteligente, cerca del Centro Administrativo Alpujarra. La marcha contó con
más de 20.000 personas entre maestros, estudiantes de secundaria,
estudiantes Universitarios, trabajadores estatales y algunas personas del
común que se sumaron a ésta.
23 de mayo, fuerza popular en Manizales
Diferentes sectores marcharon unidos en la ciudad de Manizales, principalmente en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo.
Si bien es cierto que el Plan Nacional de Desarrollo ha venido siendo punto central de las últimas movilizaciones, el 23 de mayo cobraron vigencia todas las luchas de los diferentes sectores: estudiantes universitarios y de secundaria, profesores, trabajadores y desempleados, madres solteras cabezas de hogar, vendedores informales, etc., salieron a las calles de Manizales denunciando la situación en que los han puesto las políticas del gobierno liderado por Álvaro Uribe Vélez.
En la mañana de ayer, la asamblea general de estudiantes de la universidad de Caldas declaró la asamblea permanente para el 23 y el 24 de mayo. Posteriormente, en compañía de la Universidad Nacional, salieron en marcha hasta el sector de El Cable, donde esperaban algunos colegios y el SENA. La marcha continúo el recorrido y en Fundadores esperaban otros sectores. De esta manera, se reunieron más de 5000 personas en la protesta.
La movilización recorrió la avenida Santander, pasando por Los Fundadores, donde se hizo una parada y se le expresó a la Ciudad el inconformismo y el rechazo frente al actual gobierno. De allí, la voz de protesta continuó hasta la Alcaldía, donde también se hicieron denuncias. Después de esto, los estudiantes decidieron retornar a la universidad en marcha, pero la lluvia, muy común por estos días en Manizales, disolvió la movilización a mitad del camino.
La fuerza pública hizo presencia durante la marcha con agentes de la Fuerza Disponible. El ESMAD esta vez no hizo presencia, pero si esperaba a los estudiantes en la universidad después de la marcha. Por qué o para qué no se sabe, pero se imagina.
Pereira: universitarios, estudiantes de secundaria, profesores y trabajadores sindicalizados recorrieron las calles
El miércoles 23 mayo se rompió el silencio de la Plaza de Bolívar de Pereira en diferentes horas del día. En la mañana, llegaron cerca de 3.000 personas entre estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, de los colegios oficiales y maestros sindicalizados provenientes de Pereira, Cuba y Dosquebradas. En la tarde, más de 300 trabajadores del sindicato de las empresas públicas Sintraemsdes hicieron lo propio y en la noche cerraron la jornada estudiantes y profesores de los colegios nocturnos.
Todos denunciaron las intenciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de recortar las transferencias para la educación, la salud y la inversión social, sentaron su rechazo a la firma del TLC y a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, por considerar que constituyen medidas lesivas contra el pueblo colombiano.
Para el jueves 24 de mayo, los maestros pertenecientes al Sindicato de Educadores de Risaralda (SER) realizarán asambleas zonales y municipales. En las horas de la tarde se realizará una reunión del Comité por la defensa de la inversión social.
Pasto: secundaria a la cabeza de las movilizaciones
Estudiantes de secundaria del departamento de Nariño se encuentran movilizados desde el pasado 17 de mayo, fecha en la cual se realizó el Encuentro departamental de estudiantes de secundaria. En esta actividad participaron más de 300 estudiantes que denunciaron la situación actual de los colegios oficiales y de los estudiantes, en especial la represión en zonas como Ricuarte. Adicionalmente, se dio una coordinación de actividades con el sindicato del Magisterio para desarrollar el Paro Nacional del 23 de mayo.
Por su parte, los estudiantes de la Universidad de Nariño bloquearon, el pasado martes 22 de mayo, la vía Panamericana en el sector de Toro Bajo en una jornada de protesta contra la Ley de Transferencias, la política de Uribe, el Plan Nacional de Desarrollo, la criminalización de la protesta en la región y la situación que vive la universidad con la administración del rector Jairo Muñoz, a quien se le exige una rendición de cuentas clara, pedido que no hatenido respuesta alguna hasta la fecha. La actividad, que se inició hacia las 10:30am, devino, dadas las actuaciones de la policía, en fuertes enfrentamientos que se extendieron hasta las 5:00 pm. En la confrontación intervinieron más de 600 estudiantes, de los cuales 4 fueron heridos con balas de goma y 2 fueron detenidos por 24 horas por los uniformados.
El miércoles 23 de mayo se dio inicio al Paro Nacional con la concentración de los manifestantes en diferentes puntos de la ciudad: Universidad de Nariño, colegio INEM, comuna 10, norte, sur y centro de la ciudad. Hacia el medio día, las más de 8.000 personas que constituían las marchas confluyeron en el Parque Nariño, donde se instalaron, esa misma tarde, carpas de docentes y estudiantes de secundaria para continuar el paro y organizar las asambleas informativas que se realizarán durante toda la semana próxima en colegios del departamento con los estudiantes y los padres de familia.
Adicionalmente, se prepara, para el próximo miércoles una marcha de antorchas para informar a la ciudadanía la problemática de las transferencias y del Plan Nacional de Desarrollo, así como una jornada cultural para el día viernes 1 de junio.
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