Por: Andrés Gómez – octubre 22 de 2012
La conferencia de prensa realizada en Oslo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos marca el comienzo de los diálogos de paz, según los puntos acordados en las negociaciones secretas que se realizaron en Cuba durante 7 meses.
El primer punto de la agenda, el desarrollo agrario integral, se abordará el 15 de noviembre y los delegados que se sentarán a dialogar sobre este aspecto fundamental en la historia del conflicto en Colombia se darán a conocer el 5 de noviembre en La Habana, lo que hace pensar que las negociaciones se desarrollarán tema por tema y que habrá voceros designados especialmente para cada uno. Los negociadores aún no han dado a saber si dos aspectos clave de la guerra, la doctrina militar y el modelo económico, entrarán a hacer parte de los asuntos a tratar, pues mientras el vocero de las FARC-EP, ‘Iván Márquez’, insistió en que son de primera importancia, el jefe de negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que no hacen parte de lo concertado entre las partes y que no se tocarán en la mesa ni estarán presentes en el debate.
Posturas divergentes
El ex vicepresidente Humberto de la Calle Lombana, jefe de la delegación del Gobierno Nacional, señaló que se ha iniciado la segunda fase de negociaciones y saludó a los gobiernos de Noruega y de Cuba por su participación en las negociaciones, que calificó como “extraordinaria”. Afirmó también que “las FARC han cumplido rigurosamente sus compromisos y el Gobierno también lo ha hecho”. En su intervención, prefirió explicar la estructura de los diálogos y sus fases y no abordó ninguno de los puntos a tratar en la agenda que guiará las conversaciones ni de los asuntos relacionados con el desarrollo agrario integral, excepto cuando aseguró que “el gobierno ha elaborado un proyecto de desarrollo rural con enfoque territorial”. Se limitó a declarar que la fase dos empezará en Cuba y que, en ésta, se trabajarán los temas concertados en la etapa exploratoria hasta que “todo esté acordado” y sea posible el inicio de la fase 3, con la firma del acuerdo.
Aseguró, adicionalmente, que no se va a “ceder en la negociación por micrófono y que analizarán las posiciones de las partes a través de diálogos directos” y ante la discusión sobre un nuevo proceso constituyente como resultado de lo que posiblemente se pacte en la mesa, como ocurrió en 1991, De la Calle argumentó que la Constitución del 91 está lo suficientemente “equipada” para responder política y jurídicamente a los acuerdos que se suscriban una vez termine la fase dos.
De la Calle, además, enfatizó que la consecución de la paz depende de la implementación de lo acordado por las partes y afirmó que el gobierno coincide con las FARC-EP en que son “necesarias transformaciones sociales profundas” y afirmó que, de llegar a firmarse un acuerdo, aquellos sectores del país que calificó de “reticentes” podrían aceptar el proceso de paz y unirse al mismo, refiriéndose posiblemente a Álvaro Uribe, quien ha sido contradictor de los diálogos y representa a los sectores terratenientes, ganaderos y agroindustriales que más se han beneficiado del despojo de tierras y que, a su vez, están profundamente ligados al proyecto paramilitar que ha causado millones de desplazados y miles de víctimas.
Adicionalmente, cobra gran relevancia que De la Calle asegurara que para el gobierno “la solución jurídica pasa por la ciudadanía y sus organizaciones”, haciendo alusión a posibles plebiscitos respecto a amnistías y otros puntos de una solución jurídica que “pasará por mecanismos de justicia transicional”. Sin embargo, aseguró también que “Colombia respetará la justicia internacional”, lo que hace pensar que el gobierno hará hincapié en el tema de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por la guerrilla, planteando que el juzgamiento de los mismos se realizaría individualizando a los miembros de las FARC-EP que sean responsables de los mismos y enfatizando que “las FARC deben poner la cara a sus víctimas y es un elemento que no se puede separar de este proceso”.
Esto fue calificado por ‘Iván Márquez’, quien encabeza el grupo negociador de las FARC-EP, como un “agravio” y señaló que las guerrillas no son “causa sino respuesta a la violencia del Estado, quien es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad […] por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de más de seis millones de campesinos, por los más de 50.000 casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, en síntesis, por los crímenes de Estado”.
Respecto a las posibilidades de que las FARC-EP incursionen en la vida política legal del país, Humberto de la Calle aseguró que para el gobierno “la paz no significa que las FARC depongan sus ideas sino que sigan luchando por ellas en democracia” y mencionó que el grupo insurgente podría ser catalizador de las reformas que plantea el gobierno respecto a la restitución de tierras y otras medidas como contradictor político, asegurando que el propósito del gobierno en las negociaciones es transformar a las FARC en una “fuerza política, en un partido político”.
De otro lado, ‘Iván Marquez’, manifestó que las propuestas de la insurgencia implican una “profunda desmilitarización del Estado y reformas socio económicas radicales que funden la democracia”. Insistió en que las causas de que Colombia sea el tercer país más desigual del mundo son la pobreza, el desempleo, la indigencia, el desplazamiento, el acaparamiento de las tierras, la minería intensiva, entre otras. Con esto, el jefe guerrillero mostró importantes diferencias con De la Calle, quien señaló que temas como el modelo económico, la política de seguridad y el tamaño del Ejército no están en discusión, pues éstos no se encuentran en la agenda acordada, y enfatizó en que el gobierno no será “rehén de las negociaciones” y hará evaluaciones periódicas de la eficiencia de las mismas.
‘Márquez’, al contrario de Humberto de la Calle, habló sobre el primer punto de la agenda de forma amplia y mencionó que en Colombia la tierra es de unos pocos latifundistas y que el despojo de las mismas es causa del alzamiento en armas que lleva casi medio siglo. Es de resaltar que acusó a los hijos de Álvaro Uribe, al grupo Santodomingo, a Efromovich y a Francisco Santos, a quien también acusó de fundar en Bogotá el Bloque Capital de los paramilitares, de usurpadores de tierras en el departamento del Vichada, al tiempo que recordó que en Colombia ocho millones de hectáreas fueron robadas mediante crímenes de Estado y que el tema de las tierras no se restringe a lo agrario sino al territorio y lo que representa para quienes lo habitan. El líder guerrillero declaró que “hemos venido a sentar al neoliberalismo en el banquillo de los acusados, como verdugo del pueblo y fabricante (sic) de la muerte”.
Ante esto, el vocero del gobierno enfatizó que la “discusión no es sobre inversión extranjera o modelo de desarrollo económico”, pues “esos temas son parte de la agenda política de cualquier país” y que se definen “en elecciones”, por lo que para poder debatirlos “las FARC deben dejar las armas, hacer política y ganar” los comicios. Al respecto, ‘Márquez’ indicó que no es cierto que las FARC-EP estén incluyendo temas no planteados en el acuerdo bilateral, pidiendo a ‘Ricardo Téllez’, nombre que en la organización alzada en armas tiene Rodrigo Granda, que leyera el preámbulo del acuerdo, donde entre otras cosas se señala que “el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso” y que “el desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país”. Al respecto, ‘Jesús Santrich’, otro de los negociadores de esa guerrilla, afirmó que el espíritu de la agenda está siendo respetado y que no es necesario un hermeneuta o un filósofo para interpretar el texto pactado en La Habana, además, se dirigió a De la Calle y dijo, frente a su notorio malestar, que debe tomar las cosas con calma porque “hasta ahora estamos comenzando”.
La participación en los diálogos de ‘Simón Trinidad’, quien se encuentra preso en una cárcel de los EE.UU., fue otro de los temas que suscitaron polémica entre las delegaciones. ‘Iván Márquez’ afirmó que ‘Trinidad’ está preso “por un delito que no es delito: el de alzarse en armas contra regímenes oprobiosos” y manifestó su “total disposición” para participar en los diálogos. Adicionalmente, reconoció que la Fiscalía y el Concejo Superior de Judicatura apoyan su participación, y solicitó a EE.UU. que facilite la participación de ‘Trinidad’ “de cuerpo presente” en la mesa. Al respecto, Humberto de la Calle manifestó la imposibilidad del gobierno Santos de hacer algo al respecto y explicó que ese particular depende exclusivamente del gobierno de EE.UU. Respecto a la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, De la Calle señaló que “se respeta” la decisión de la guerrilla de elegir a los miembros que los representen y que el gobierno “está buscando las soluciones jurídicas para que puedan estar los representantes de las FARC el 15 de noviembre en la Habana”.
Diálogos de paz en medio de la guerra
De la Calle recordó que no habrá zonas desmilitarizadas ni tampoco cese al fuego hasta que no se firme el acuerdo. Mencionó también que la correlación de fuerzas entre guerrilla y FF.MM. pone al Ejército y a la Policía en situación de ventaja, por lo que éstos no dejarán de operar contra la guerrillas durante las negociaciones. Al parecer, para el gobierno Santos durante los diálogos también resulta tentadora una alternativa militar y muestra de ello fue la respuesta a una pregunta de la prensa sobre la necesidad de humanizar el conflicto mientras se realizan negociaciones: “la mejor manera de humanizar el conflicto es terminarlo”, afirmó el vocero del gobierno.
Al respecto, ‘Ricardo Téllez’ indicó que las FARC-EP consideran necesario un cese al fuego y expresó que el gobierno es quien sostiene que esto “sucederá hasta el final”. Además, aclaró que las dos partes discutirán este aspecto cuando haya más confianza y argumentó que “si hay una nueva Colombia, obviamente, las armas serán obsoletas”. Por su parte, ‘Santrich’ afirmó que “el alzamiento en armas no se lo inventaron las FARC” y argumentó que la rebelión es un derecho reconocido internacionalmente a los pueblos oprimidos. Sostuvo, también, que las FARC-EP quieren “la paz en Colombia, pero sólo habrá paz cuando haya justicia social” y que no se debe tener miedo al cese al fuego, ya que es un clamor del pueblo colombiano.
Respecto a la posibilidad de la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los diálogos, De la Calle aseguró que este particular no es competencia de la mesa, al estar circunscritos al acuerdo firmado en la Habana, aunque no descartó la posible inclusión de ese grupo insurgente. Al ser cuestionado por los periodistas presentes sobre la posibilidad de que la colaboración con la justicia de los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se derrumbara al otorgarle estatus político al grupo insurgente de las FARC, el jefe de negociadores del gobierno aseguró que “estamos negociando con la guerrilla, no con los paramilitares”, lo que confirma la existencia de estos ejércitos de ultraderecha, que este gobierno y el anterior han negado insistentemente, al tiempo que demuestra la reticencia del gobierno de hacer un proceso de paz amplio con todoslos actores de la guerra: ejército, paras y guerrillas.
Sobre la presencia entre los negociadores del gobierno del general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, quien es considerado como el gestor del grueso de la ofensiva militar del Plan Colombia, ‘Iván Márquez’ destacó su respeto por el militar y afirmó que “sabe de la guerra y también debe saber de paz”. Sin embargo, De la Calle no permitió a Mora responder las preguntas de la prensa sobre la forma en que percibe el estar sentado a la mesa con sus contendientes de toda una vida, aparentemente por un acuerdo interno de la delegación que preside. Por su parte, ‘Márquez’ también destacó que es “importante que los militares contribuyan en la solución incruenta y diplomática del conflicto” y que, para el éxito de los diálogos, las partes deben escucharse y mantener una actitud tranquila, responsable y apegada a la verdad, porque las mentiras no conducen a una paz sólida.
Participación de los movimientos sociales
Cuando la Agencia Prensa Rural –uno de los dos únicos medios alternativos colombianos presentes en la conferencia deprensa de Oslo, junto a El Turbión– preguntó a los voceros de la guerrilla sobre la participación de las organizaciones y movimientos sociales colombianos en la mesa de negociaciones, ‘Márquez’ llamó a que éstos “llenen de esperanza la solución al conflicto” y ‘Andrés París’, otro de los negociadores de las FARC-EP, respondió que es necesario vehicular las inquietudes del movimiento social colombiano y latinoamericano en la agenda y mencionó que unos de los debates más intensos durante las negociaciones exploratorias fue el de la participación de la sociedad colombiana en la mesa. Afirmó que no puede haber paz en Colombia “sin que en los debates entre el gobierno colombiano y las FARC esté representada la sociedad colombiana” y aclaró que, a su entender, ésta no comprende “solamente a los sectores desfavorecidos o pobres, que son la base social de una insurgencia como las FARC, sino también a sectores pudientes, gremios, representantes de intereses económicos que se ven seriamente afectados por las políticas que se mencionan en el documento”.
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Buen resumen de todo lo que esta aconteciendo alrededor de los diálogos.
Perfecto para generar una primera opinión y criterio frente a las dos posturas.