Marzo 14 de 2008
Según las últimas cifras, tan sólo un4% de los propietarios controla el 61% de las tierras de mejor calidad en Colombia. Esto ha sucedido por la desigualdad en la propiedad que hace parte de la estructura socio económica del país. Los campesinos colombianos, desde ya hace décadas, han sido desplazados de las tierras productivas por efecto de la violencia, especialmente en sectores estratégicos para los auspiciadores y beneficiarios del paramilitarismo.
Pero el problema de desplazamiento no ha sido aislado: las tierras que hoy se encuentran dedicadas a monocultivos de palma y caña a manos de grandes multinacionales, han sido producto de la reconversión de los cultivos tradicionales de los campesinos pobres y medios y la devastación de bosques nativos, siendo estos mismos campesinos quienes han padecido enormes éxodos -por las armas o por el hambre-. Igualmente, muchos de estos
terrenos se encuentran improductivos con la proyección de ser explotados a través de megaproyectos. Cabe anotar que los monocultivos, a mediano y largo plazo, producen impactos altamente negativos para la calidad del suelo.
En su afan proselitista, en 2004, el presidente Álvaro Uribe Vélez prometió la entrega a unas 800 familias en situación de desplazamiento 17.000 hectáreas del predio denominado Carimagua, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). En su momento, se realizaron estudios de productividad del suelo por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en los que se afirmaba que las tierras cumplían con las condiciones mínimas para ser entregadas.
Es improbable que estas tierras hayan cambiado, en tres años, su condición química y que ahora, como afirma el Ministerio de Agricultura, sean demasiado ácidos los suelos e inapropiados para los campesinos, que tendrían que hacer grandes inversiones para mejorarlas. Sin embargo, lo extraño es que sí sean viables para los empresarios. A esto se suma el argumento del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, acerca de que el predio no tiene acceso suficiente a servicios e infraestructura que garanticen a los campesinos su uso y explotación de manera productiva.
La propuesta del gobierno se centra en ceder el uso de esta tierra a empresarios para que la exploten con palma, caucho y madera por cincuenta años. A cambio, los inversionistas contratarían mano de obra de la región y de sus ingresos se derivarían compensaciones que, supuestamente, se utilizarían para ser gastadas en programas sociales para beneficiar a los desplazados o para la reparación de las víctimas.
Edgardo Maya, Procurador General de la Nación, abrió un proceso por las irregularidades presentadas al realizar inesperadamente, en julio del 2007, un cambio de destinación del terreno, sin una mínima sustentación. Esto desencadenó la suspensión del proceso de audiencia pública que se iba a adelantar el día 21 de febrero, con el fin de adelantar el proceso de adjudicación y en la que, muy probablemente, participarían principalmente los grandes inversionistas amigos del actual gobierno, en busca del pago por algún favor político o por consanguinidades con algún miembro del gabinete.
Ahora se habla de la conformación de una comisión de alto nivel, integrada por dos exministros de Agricultura, un exdirector de Planeación y un exmiembro de la Corporación Altillanura. Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionables de la conformación de dicha comisión es que no se incluye a ningún desplazado o representante legitimo de la sociedad que pueda proponer una salida real a la situación de los desplazados, ya sea para devolverles las tierras que les han sido arrancadas por años o, mínimamente, con proyectos serios para mejorar su situación.
La conformación de tal comisión no es más que otra estrategia del gobierno para hacer al campo más productivo, desde su visión, poniendo en riesgo no sólo el sustento de los desplazados sino también la seguridad alimentaría del país. Por otro lado, siendo ésta una discusión de Estado, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez la convierte en debate privado, dejando en manos de tecnócratas las definiciones en cuanto a la situación de las tierras, cuando en realidad se están ideando los mecanismos legales que permitan reabrir el proceso de adjudicación de las tierras a manos privadas –manipulando, de paso, a la opinión pública–, legitimando un descarado proceso de saqueo y mayor concentración de la tierra en Colombia.
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