Por Josh Lam – octubre 10 de 2012
En el norte de Uganda, después de 28 años de guerra civil, la lucha por la justicia continúa en una situación que es tan complicada como trágica. La atención de los medios se ha centrado en Joseph Kony, el líder del Ejército de Resistencia del Señor (ERS), así como en el reclutamiento de niños soldados y en los abusos practicados por su organización. Particularmente, hubo un considerable interés en la exitosa campaña “Stop Kony 2012”, dirigida por la organización de caridad Invisible Children, que resaltó el poder de las redes sociales y, a su vez, fue severamente criticada por la limitada perspectiva que daba a la situación en el norte de Uganda.
El conflicto en el norte de Uganda es increíblemente complejo, al igual que sus consecuencias, y va más allá del lugar común sobre ‘un ejército rebelde que utiliza niños como soldados’. Este aspecto fue destacado en un foro organizado por la Fundación Iniciativa para los Derechos Humanos y la sección keniata de la Comisión Internacional de Juristas, que tuvo lugar del 27 al 30 de agosto en Gulu (Uganda) y reunió a varios expertos en el tema. El punto clave era la Ley de Amnistía ugandesa, la cual fue promulgada en 2001 pero caducó en mayo de 2012.
La Ley de Amnistía, de acuerdo con el gobierno, fue creada especialmente para las negociaciones de paz entre el gobierno ugandés y el ERS. A través de la Comisión de Amnistía de Uganda, se garantizó aproximadamente a 26.000 combatientes una amnistía general para que dejaran la selva sin miedo a ser llevados a juicio, con el objetivo final de que lograran reasentarse y reintegrarse a la sociedad. A pesar de que esto va en contravía de las leyes internacionales, fue el paso más grande en el proceso de paz y, al parecer, ha contribuido a una reducción considerable en hostilidades en Uganda en la última década.
Desafortunadamente, ésto no ha singificado la solución final al conflicto: de los 26.000 combatientes a quienes se ofreció la amnistía, sólo alrededor de 4.000 han sido reintegrados con éxito. Hay una mayor estigmatización hacia los excombatientes que han intentado ser reasentados en sus comunidades y es aún más complicado para las mujeres que intentan regresar a casa, pues a menudo son expulsadas y cuando una mujer o niña regresa de la selva con un bebé las familias puede que acepten a la niña, pero se rehúsan a aceptar al bebé en sus casas. Incluso, aquellos que han logrado retornar a sus comunidades encuentran dificultades para encontrar empleo o volver a la escuela.
Awilli Janet fue secuestrada por el ERS cuando tenía 7 años. Pasó 5 años en la selva, antes de escapar. Fue golpeada, abusada, torturada y presenció asesinatos y otras atrocidades. Una de sus manos fue mutilada. Ahora ella tiene 19 años y recuerda esos horrores sin emoción alguna. Sin embargo, desde que regresó de la selva como excombatiente, a pesar de nunca haber sostenido un arma en sus manos ni haber participado en ningún tipo de acto violento, se ha visto enfrentada a la estigmatización y la falta de algún tipo de soporte. Ella se sostiene trabajando como empleada doméstica y, cuando se le pregunta qué es lo que realmente quiere, asegura que quiere “ir a la escuela” y se derrama en lágrimas. Ésta es una historia recurrente, que demuestra claramente algunos de los desafíos de la Ley de Amnistía en Uganda.
Sin embargo, ésta es sólo una de las caras de la historia. A menudo, es muy poca la atención que se da a las víctimas del conflicto. La prioridad que se le da a los niños soldados usualmente le quita atención a las comunidades acholi y demás personas que han sufrido a causa de la guerra y han sido sometidas a terribles violaciones a los derechos humanos. De los reportes entregados en el foro consultivo, existen denuncias sobre violaciones perpetuadas tanto por el ERS como por las fuerzas del gobierno ugandés. Esto pone a la comunidad en una difícil situación, en la que ven a Joseph Kony y al ERS como los villanos que los han maltratado continuamente a ellos, a sus familias y a sus niños, mientras que existe, también, una gran falta de confianza en el gobierno ugandés, que ha fallado repetidamente en protegerlos y, peor aún, también los ha maltratado a ellos a sus familias y a sus niños. Por ejemplo, participantes en el foro han solicitado enérgicamente el enjuiciamiento de los responsables por la continuidad del conflicto.
Sin embargo, hay una sensación generalizada de que las comunidades no apoyan a la Corte Penal Internacional (CPI) en su esfuerzo por llevar a Kony y a otros miembros del ERS ante la justicia. Mientras esto podría parecer contradictorio, es más un signo de la desconfianza profundamente arraigadahacia el gobierno ugandés, pues consideran que su influencia se extienede a la CPI.
Las víctimas están atrapadas en medio de este conflicto y se mantienen bastante lejos del proceso de paz que se está llevando a cabo. Uno de los participantes comentó lo difícil que es para una víctima ver como el gobierno está trabajando por reintegrar y restablecer a los exrebeldes, cuando no se ha hecho nada para reparar el daño hecho a las víctimas ni para conocer sus necesidades o intereses. Parece, entonces, que existe una falta de espacio para la justicia y la reconciliación en favor de las víctimas.
Como una respuesta a esto, los asistentes al foro lanzaron un significativo llamado por soluciones ‘locales’ al conflicto en el norte de Uganda. En algunos casos, esfuerzos como los realizados con la ceremonia Mato Oput, que representa un “proceso ritual tradicional para ser usado en reconciliación y reintegración en crímenes de guerra” y otros procesos de justicia empleados por las comunidades acholi parecen tener el potencial de generar un impacto positivo tanto en víctimas como en excombatientes, en búsqueda de una reintegración a la comunidad.
La situación en el norte de Uganda se mantiene complicada y compleja. Con una colaboración y planeación adecuada existe la esperanza por encontrar soluciones sostenibles para las comunidades, víctimas y excombatientes. Sin embargo, sin la asistencia de todas las partes clave del conflicto y sin la disposición política para asegurar los recursos necesarios habrá un progreso limitado en la búsqueda de la justicia, la reconciliación y la paz.
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Traducido por: Caroll Marulanda.
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