Por: Simone Bruno* – octubre 17 de 2008
El castillo de naipes construido sobre una burbuja de popularidad del presidente Uribe parece empezar a caerse. Nunca, en los 6 años que lleva el mandatario en la presidencia, se había registrado esta magnitud de protestas ni en duración, ni en intensidad, ni en participación. La figura presidencial, construida sobre una retórica beligerante, ha escondido los temas sociales detrás del ‘sacrificio para ganar la guerra contra los terroristas’. Pero ahora los problemas de la vida real de los colombianos están explotando, agravados por una crisis económica que golpea muy duro al país.
Desde el 12 de octubre –el mal llamado ‘día de la raza’, que la retórica occidental señala como el día en que América fue descubierta, olvidando que ya estaba habitada–, la protesta indígena se ha sumado a la de varios sectores sociales ya movilizados. El sector judicial ha terminado un paro de 43 días, algo sin precedentes; los corteros de caña de la región del Valle del Cauca llevan más de un mes ocupando los ingenios, pidiendo dignidad y contratación directa con un salario justo; los transportadores han terminado un largo paro hace pocos días. El sector estudiantil prepara un levantamiento para el día 23 y la Registraduría Nacional empieza hoy un paro indefinido.
El 12 se inició la minga de los pueblos, conmemorando los 516 años de resistencia. Las movilizaciones se desarrollan por todo el país y esto ha sido un catalizador de la protesta, recibiendo apoyo moral y material nacional e internacional. A la minga se han sumado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la más grande del país; Asonal Judicial; los corteros de caña; el sector de la educación; sectores campesinos y muchos más. Una vez más, los pueblos indígenas colombianos, 102 contando los que no son oficialmente reconocidos, están demostrando ser la conciencia y la fuerza moral de un país que ha olvidado cómo pelear por sus derechos, emborrachado por la retórica presidencial. Este resultado no es casual: los indígenas colombianos, y más que todo los Nasa, han venido tejiendo relaciones con otros sectores sociales desde hace años en el intento de encontrar puntos comunes mínimos, sobre los cuales construir una serie de acciones comunes para intentar romper las divisiones históricas de los actores sociales colombianos.
Las razones de la lucha
En esto momento, en La Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá miles de indígenas siguen movilizándose pidiendo diálogo con el gobierno sobre 5 puntos fundamentales, que, como ellos dicen, contienen muchos más.
Una de las razones de las movilizaciones es el número de homicidios de indígenas que se ha incrementado mucho en las últimas semanas. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “durante los últimos seis años han sido asesinados 1.253 indígenas en todo el país […] cada 53 horas un indígena es asesinado […] y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales”. Sólo en los últimos 15 días han sido asesinados 19 indígenas.
Otra razón es el incumplimiento del Estado de los acuerdos firmados con las comunidades. Un ejemplo representativo es el del pueblo Nasa: el 21 de diciembre de 1991, 20 indígenas, incluidos mujeres y niños, fueron masacrados con la complicidad de la Fuerza Pública en lo que se conoce como la masacre del Nilo. El Estado fue responsable de esta masacre y así lo reconoció internacionalmente y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de justicia, reparación individual y colectiva. El propio expresidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado colombiano a las víctimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa. Hasta hoy, estos acuerdos no han sido respetados, mas aun, el actual gobierno se comprometió, el 13 de septiembre de 2005, a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hasta hoy no se ha cumplido la restitución de 15.000 hectáreas al pueblo Nasa.
Los indígenas se oponen también a una serie de leyes como el Estatuto Rural, el Código de Minas, leyes y planes de aguas, y la Ley de bosques, impulsadas por el gobierno de Uribe, porque “optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial”, según la ONIC. Estas leyes se oponen al artículo 120 de la Constitución de 1991, que señala: “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la Ley”.
Según la ONIC, 18 pueblos indígenas colombianos están en riesgo de desaparecer, porque les quedan actualmente menos de 200 habitantes y diez tienen menos de 100. Como ellos reiteran: “indígena sin tierra es indígena muerto”.
Estos derechos a la tierra y a la vida están contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en septiembre de 2007 y firmada por todos los países latinoamericanos con excepción de Colombia. Hoy, los indígenas se movilizan también por su aprobación en este país.
Estas son las razones que están atrás de la gran movilización de los indígenas que piden un encuentro directo con el presidente Uribe.
Los comunicados de la ONIC traen la siguiente información sobre las acciones: en Tolima, cerca de 2.000 indígenas pijaos y nasas marchan entre El Guamo y El Espinal de forma pacífica, al igual que otros 400 indígenas embera chamí en Armenia, capital de Quindío; en Caldas sigue la concentración en el municipio de Riosucio, así como los indígenas en El Chocó mantienen la toma pacífica de la Defensoría del Pueblo en Quibdó. Dentro de la sede de la Defensoría hay más de 300 indígenas emberá dóvida y katíos trabajando en comisiones con autoridades regionales en temas como salud, educación o seguridad alimentaria. Afuera, una
cantidad similar de indígenas respaldan la toma pacífica.
En el Valle del Cauca, en la vía que conecta a Palmira con Popayán, sobre Florida y Pradera, en la glorieta del puente de ese lugar, están más de mil indígenas emberas chamí, eperaras siapidaras y wannan. En Huila, 9 ‘chivas’ que salían desde los resguardos han sido detenidas por las autoridades, luego de requisar a cada uno de los más de 500 indígenas no los quisieron dejar pasar.
En La Guajira, a pesar del invierno y de los desastres en muchas de sus rancherías, en Manauare y en inmediaciones de Riohacha, los wayúu se movilizan en la Ruta del Sombrero con rumbo a Rioacha. Los marchantes, desde el viernes, vienen sanando el territorio con cantos, danzas, ceremonias y con la reafirmación de la palabra. Los recibirán indígenas wiwas, estudiantes indígenas y otros sectores. El punto de encuentro es la Universidad de La Guajira.
En Córdoba miles de indígenas zenú y emberas katíos del Alto Sinú y del Alto San Jorge se unen en esta minga por la dignidad y derechos de los pueblos indígenas.
En total, se calcula que alrededor de 40.000 indígenas han salido a carreteras y centros municipales para unirse a la Minga Nacional de Resistencia Indígena.
La María
Los enfrentamientos más duros se han dado en La María Piendamó (Cauca) en donde 20.000 indígenas de las etnias guambiana, nasa, yanacona, totoró, coconuco y eperara siapirara se han tomado la carretera Panamericana, entre Cali y Popayán, para llamar la atención nacional.
El Estado ha enviando al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), declarando que en 10 minutos despejaría la carretera. La resistencia de los indígenas se ha mantenido y la carretera ha sido tomada por ellos en repetidas ocasiones.
En La María se generó un enfrentamiento extremadamente violento, durante el cual se han registrado más de 70 heridos entre los indígenas y dos muertos, uno de los cuales es Ramos Valencia, proveniente del resguardo Tacueyó, quien ha recibido una bala en la cabeza que le atravesó de lado a lado.
Lo que ha pasado en este resguardo ha sido de extrema gravedad: la Policía Nacional, bajo la responsabilidad del presidente, Álvaro Uribe; del gobernador del Cauca, Guillermo González Mosquera; y del comandante del Esmad, coronel Jorge Cartagena, ha utilizado armas no convencionales contra la población indígena, que se defendía sólo con bastones de mando y piedras. La fuerzas policiales, además de gases, machetes y garrotes, han utilizados balas de fusil y ‘tiros recalzados’, que son una mezcla de pólvora negra, puntillas, tachuelas y vidrios que, al detonar, generan una descarga de esquirlas. Algunas de estas granadas no convencionales que no explotaron, han sido entregadas a delegados internacionales que, desde el día miércoles están presentes en La María Piendamó.
La comunidad internacional se dio cuenta de la gravedad de los hechos y está acompañando la movilización. Han llegado funcionarios de las embajadas de Canadá, Suecia, Suiza, Estados Unidos y España, y representantes de la Comunidad Europea, de Naciones Unidas, de Acnur, de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y de Unicef. Los visitantes han pedido a la Fuerza Pública no invadir el resguardo de La María porque, según la Constitución, las autoridades indígenas son autoridad estatal en sus resguardos. Y los resguardos no pueden ser allanados sin la previa aprobación indígena. La Fuerza Pública, una vez recuperada la carretera, se infiltró en el resguardo y quemó varias viviendas.
Ofensiva mediática
Además del ataque a bala, los comuneros indígenas han sido víctimas de una ofensiva mediática vergonzosa. Varios medios de comunicación no han hecho más que citar fuentes gubernamentales, sin tomarse la molestia de verificar la información, y acusan a los indígenas de utilizar armas de fuego y de estar infiltrados por la guerrilla de las FARC.
Contra estas mentiras hablan los hechos, los muertos y los heridos indígenas documentados en fotos. El proceso de toma de la carretera es una decisión que viene desde abajo, los comuneros en asamblea proponen a los gobernadores de sus cabildos las acciones a tomar, ellos se reúnen, deciden y reportan a las asambleas. No hay guerrilla, lo que sí hay son las decisiones de un pueblo extremamente consciente, que las toma de manera comunitaria.
La criminalización de la protesta es un ejercicio muy practicado en Colombia, donde las FARC se trasforman en la excusa para aplastar los movimientos sociales. Según el presidente, guerrilleros son los estudiantes, los corteros, los jueces, los indígenas, los profesores, los trasportadores y los campesinos. Si así fuese, su política de seguridad democrática sería un verdadero fracaso, estando todo el país infiltrado por la guerrilla.
Los mismos que acusan de ser guerrilleros a los campesinos son los que están juzgados por crímenes de paramilitarismo, estos sí reales, como lo demuestran los 60 parlamentarios involucrados en el escándalo de la parapolitica o el mismo exgobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, que tanto ha atacado los indígenas Nasa. Chaux, luego de haber desempeñado el cargo de gobernador, fue nombrado por el presidente Uribe como embajador en República Dominicana, función a la tuvo que renunciar por sus probadas conexiones con el paramilitarismo.
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* Simone Bruno es periodista italiano.
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