Por: Juan Diego García – octubre 20 de 2008
Los acontecimientos electorales de los últimos días en Latinoamérica abren nuevas perspectivas a los movimientos sociales en ascenso y dan mayores márgenes de acción a los gobiernos de progreso en la región.
Las recientes elecciones en Brasil consolidan a un gobierno que, si bien no se distingue precisamente por su radicalidad, constituye un obstáculo enorme a la expansión gringa en el área. Su papel en el encuentro de Unasur en Chile ha sido un espaldarazo decisivo a Evo Morales, condenando sin paliativos el intento de derribar al gobierno legítimo de La Paz y rechazando el separatismo de la oposición. Pero, sin duda, el mensaje mayor es para los Estados Unidos: el discurso de Lula es una advertencia que no por diplomática es menos dura y que se suma a otras anteriores, en relación con el despliegue de la IV Flota o las aventuras belicosas de las tropas colombo estadounidenses en la agresión a Ecuador. Brasil, expresando el sentimiento de la mayoría de los gobiernos presentes en el evento, rechaza de manera categórica la intervención extranjera en los asuntos internos de estos países y, en particular, la muy abierta e inescrupulosa de Washington. Sin duda, algo muy diferente al lenguaje tradicional de sumisión y obediencia de los gobiernos latinoamericanos en épocas anteriores.
Que Lula haya aceptado finalmente, no sin cierta oposición de la elites locales, la idea venezolana del Banco del Sur y de que Mercosur avance es un factor que si bien no rompe la dependencia de estos países sí abre nuevas perspectivas y debilita la influencia de organismos como el FMI, el BM y la OMC, tan proclives a imponer los intereses del mundo metropolitano y, en particular, de los Estados Unidos.
Evo Morales sale muy fortalecido, no sólo por el resultado del referendo revocatorio sino por el golpe contundente dado a la oposición separatista en el encuentro de Santiago. Poco o nada pudieron hacer los gringos a través de sus aliados –Bogotá y Lima– y la condena a los golpistas fue unánime: ni en la OEA han conseguido dar algún respiro a sus marionetas de la ultraderecha racista de las regiones rebeldes. La actual mesa de diálogo, con la presencia de Unasur, ha demostrado que la bandera de la autonomía era sólo una excusa para promover el desorden y propiciar un golpe de Estado.
Con habilidad, el gobierno boliviano ofrece dar cabida suficiente a las autonomías regionales en la nueva constitución –proyecto que se votará a comienzos del año que viene–, desarmando así a una oposición sin respuestas que ahora sólo intenta dilatar y empantanar el proceso. La derecha boliviana, sin apoyo internacional, desenmascarada e implicada en la masacre de indígenas en Pando –además de los muchos actos delictivos cometidos en nombre de la soberanía regional– tiene por ahora escaso margen de acción. Pero, mucho más importante, la debilita sobre todo la enorme movilización popular en su contra y la pérdida de la bandera del autonomismo que le ha permitido engañar a una parte de la población.
Si, como es previsible, se aprueba la nueva constitución, Morales llamará a nuevas elecciones con el objetivo de ampliar la representación popular en el Poder Legislativo –último bastión de la oligarquía local–, de manera que desaparezcan los obstáculos formales que ahora se utilizan para detener los avances sociales –la mejor distribución de los beneficios del gas, entre la población y las regiones, por ejemplo–.
En Ecuador, una mayoría aplastante ha dado su respaldo a la nueva Carta Magna que, esta vez, no es el fruto del acuerdo restringido entre las oligarquías y las multinacionales para perpetuar un orden de pobreza, dependencia y desigualdad sino el resultado de un amplio debate nacional. La constitución ha sido redactada por una asamblea constituyente elegida en forma democrática y votada por la población de forma pacífica. Todos los intentos de sabotaje y las maniobras de desinformación y manipulación de la derecha resultaron vanos y ni las lamentaciones de la Iglesia Católica, ni los anuncios catastrofistas de los grandes empresarios han impedido este nuevo triunfo de Correa. Habrá nuevas elecciones, y como en Bolivia, todo indica que en el poder legislativo se van a corregir los desequilibrios que dan a la derecha una representación política que no le corresponde, a juzgar por éste y anteriores eventos electorales. Y se hará de forma igualmente democrática, llamando a la población a pronunciarse en las urnas.
No son buenos tiempos tampoco para la derecha venezolana. El gobierno denuncia planes de sabotaje de la oposición con motivo de las elecciones de noviembre, incluyendo el asesinato de Chávez. Esta nueva cita electoral es decisiva en muchos aspectos, pero nada indica que el gobierno vaya a tener malos resultados. En el mejor de los casos, se esperaría que la oposición renunciara a la violencia, optara por la sensatez y se acomodara democráticamente a las nuevas realidades.
Más al sur, un nuevo frente se abre con el triunfo popular de Lugo, quien también denuncia un complot de la oposición en su contra. El proceso paraguayo apenas comienza, pero ya hace frente a retos enormes, no sólo porque el gobierno está sostenido por una gama muy variopinta de grupos y movimientos sino porque que el país es muy pobre, las esperanzas de la población muchas y la paciencia de la gente, poca.
La actual crisis y una posible recesión mundial van a disminuir drásticamente la demanda de materias primas y mano de obra que Latinoamérica exporta a las economías centrales. Disminuirán, entonces, las remesas de los migrantes –decisivas para la economía de algunos países– y se verán mermadas las divisas por las exportaciones. En consecuencia, será menor la capacidad de importar y se produciría un cierto debilitamiento de las relaciones con Occidente –como ya ocurrió en los años treinta, a raíz de la crisis de entonces–. En respuesta, estos países necesitan reordenar sus estrategias buscando otros socios comerciales, eliminando o disminuyendo sus vínculos con los llamados ‘organismos financieros internacionales’ para ganar autonomía en la formulación de sus políticas y, sobre todo, mediante la integración regional. En este contexto, nuevos mecanismos políticos como Unasur, ALBA o el Consejo Regional de Seguridad adquieren mayor significado, sobre todo porque en ellos no tienen participación los Estados Unidos.
No es la revolución social en Latinoamérica, pero puede contribuir, y mucho, a su avance. Por eso, precisamente, este proceso preocupa tanto a los estrategas de Washington y sus aliados europeos, y, por similares motivos, despierta tantas simpatías y esperanzas entre la población. Al menos entre las mayorías postergadas, empobrecidas y olvidadas de siempre.
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