Por: Patricio Malatrassi A.
Mientras el chileno Andrónico Lucsic, con dineros provistos por sus negocios bancarios y de explotación del cobre –que debería ser patrimonio de todos los chilenos–, compra un edificio en Madrid de veinte millones de euros en uno de los espacios más distinguidos de la capital de España, las elecciones entran en su fase final con nueve candidatos presidenciales que no hacen sino mostrar la atomización de las fuerzas políticas del país y donde la izquierda lleva las de perder por su falta de unidad.
Para la primera vuelta del 17 de noviembre se ve en el horizonte, al parecer sin contrapeso, el triunfo de la candidata y expresidenta Michelle Bachelet, cuya coalición política tiene como principal logro durante sus cuatro gobiernos anteriores el haber conservado el corazón del modelo económico neoliberal y su bastión político: la Constitución, heredada del genocida Pinochet y sus secuaces civiles.
La mayor parte de estos secuaces políticos se encuentra cobijada hoy en la llamada Unión Demócrata Independiente (UDI) y sus aliados partidarios de Renovación Nacional. Ellos saben que perderán las elecciones pese a la arremetida tediosa y patética de su candidata Evelyn Matthei, hija de uno de los miembros de la Junta Militar de la dictadura y quien se pasea por el país prometiendo a los trabajadores todo aquello que combatió tras su paso por el Ministerio del Trabajo, puesto que desempeñó previamente a su postulación presidencial.
Matthei fue la última opción de la derecha, luego de una seguidilla de precandidatos que fueron cayendo tras el retiro de Pablo Longueira, uno de los hombres fuertes de la UDI, quien ante su eminente derrota decidió apartarse del camino, aquejado de una depresión fulminante. Luego vino Lorenzo Golborne, empleado permanente y hombre de confianza de la alta burguesía chilena que se traía turbios e impresentables manejos en paraísos fiscales. Hoy es candidato a senador por su irrefrenable vocación de servidor público. Por último, el principal político de Renovación Nacional, también previendo una segunda derrota pues ya perdió su posibilidad de ser candidato de la derecha en las primarias, no aceptó ser el candidato y prefirió postularse al Senado, pese a sus perentorias declaraciones de que no persistiría en ser candidato a nada.
En la alianza llamada Nueva Mayoría, formada para renovar la antigua Concertación por la Democracia y recuperar el gobierno con Bachelet, ahora se incluye a un diezmado partido comunista cuya diáspora, provocada por la adhesión a la Concertación por parte de su dirección política, ha dado origen a una serie de pequeñas agrupaciones de exmilitantes cobijados bajo nombres como Consejos Comunistas, Unidad Comunista, Cultura Comunista y Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Todos ellos esperan que los tiempos cambien y, junto a parte importante del movimiento estudiantil y al Partido Humanista, apoyan la candidatura del economista Marcel Claude, cuyo programa se asienta fundamentalmente en el programa de la Unidad Popular: recuperación del cobre y los servicios básicos privatizados, educación y salud gratuitos, nueva Constitución y una participación popular significativa en las decisiones del Estado. Proponen un gobierno anticapitalista y anti neoliberal que, para llevarse a cabo, saben que necesariamente deberá empaparse del accionar del movimiento popular como principal actor.
La Nueva Mayoría, que encuentra un respaldo mayoritario según todas las encuestas en curso, no deja de tener dificultades en la articulación de su programa, dado el amplio abanico político que abarca desde sectores derechistas de la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, que piensa en un programa de gobierno avanzado de parte del conglomerado. Esto pone en contradicción a estas colectividades sobre las formas y métodos para una nueva Constitución, educación, energía, salud, trabajo, aspecto este último en que las actuales propuestas no satisfacen a una Central Unitaria de Trabajadores que exige cambios sustanciales en el Código del Trabajo y el regreso al sistema de reparto en sustitución de las Asociaciones de Fondos de Pensiones. Bachelet deberá zanjar estas diferencias y en su futuro gobierno deberá decidir si para las transformaciones tiene como faro a los sectores populares o a las elites políticas y económicas, que hoy le dan su apoyo y financiamiento.
Los otros seis y variopintos aspirantes presidenciales tienen como referencia máxima alcanzar un segundo lugar tras Bachelet. Además, todos tienen el mismo nivel de incertidumbre frente a los resultados, ya que no se sabe el comportamiento de una masa de jóvenes que deben incorporarse como potenciales votantes en un país en el que votar no es obligatorio y las encuestas han perdido credibilidad porque en las anteriores elecciones municipales los resultados contradijeron la mayoría de las encuestas de opinión. En definitiva, dos tercios de los chilenos, según algunos sondeos, se encuentran indecisos y a eso se agrega que no se sabe ni estimativamente cuánta gente votará, ni en las presidenciales ni en las paralelas parlamentarias.
Hay, eso sí, cierto consenso de que los votantes jóvenes podrían cambiar el panorama. En Chile 700.000 jóvenes no trabajan ni estudian y en parte repletan las atestadas cárceles que contienen 267 presos por cada 100.000 habitantes, lo que pone al país entre los de mayor sobrepoblación carcelaria en del mundo. Los desertores del sistema escolar entre 7 y 17 años, según la encuesta Casen, llegan a 82.323. En el paraíso neoliberal entre 2001 y 2012 la tasa de denuncias de delitos de mayor connotación social fue de 60,6% y en gran parte de ellos están comprometidos jóvenes.
El nuevo gobierno deberá emplear en su accionar más de 60.000 millones de dólares en la administración del Estado. La pregunta es en favor de quien serán empleados estos recursos: de las grandes mayorías o de los negociados del 10% de la población, los más poderosos del país. De esto dependerán las movilizaciones y tensiones sociales que enfrentará el futuro gobierno.
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