Por: Pierkey Herrera Taboada
El pasado 16 de julio, el alcalde de Pereira, Enrique Vásquez Zuleta, de manera intempestiva vendió el 43,8% de las acciones que el municipio tenía en la empresa Telefónica de Pereira y, si bien es cierto esto es noticia vieja, los pereiranos no hemos evaluado el impacto de esta medida, que se añade a otras de similar carácter, que vienen destruyendo el patrimonio de la ciudad así como nuestra calidad de vida.
Según los primeros anuncios oficiales, los $64.250 millones que resultaran de este negocio iban a ser usados para realizar las obras del aeropuerto Matecaña, pero en posteriores declaraciones el alcalde afirmó que ya no era así y que iban a repensar el tema para invertir mejor estos recursos. ¿Puede encontrarse mayor falta de planeación y dirección estratégica de una ciudad? Lo que realmente ocurrirá con este dinero es que se perderá en corrupción y despilfarro. Además, es probable que algunas campañas políticas de la región ya tengan asegurada su financiación con esto.
Cualquier venta del patrimonio público es un atentado contra la ciudad y sus habitantes, pero lo más grave es que esta venta también demuestra que esta administración no tiene visión estratégica de ciudad. Recordemos que el patrimonio público pereirano ya no cuenta con las empresas de aseo, energía, Multiservicios y, ahora, el alcalde Vásquez ha privatizado una buena parte de Telefónica de Pereira.
Y es que esta venta es una equivocación irrefutable. Telefónica de Pereira es una empresa que aumentó su participación en el mercado de la telefonía en un 9,2%, en en el de Internet en un 18%, en televisión en un 6,7% y, además, tiene $241.942 millones en activos, $101.639 millones en ingresos operacionales y $10.908 millones en utilidades, de las cuales, $2.300 millones fueron para el municipio. Incluso, los argumentos de la volatilidad del negocio de las comunicaciones son cuestionables, ya que los que más esgrimen este argumento son megamonopolios como American Movil, Millicom y Telefónica, todos interesados en quedarse con las empresas públicas. Esta equivocación se hace mayor cuando en la venta de las acciones se presenta un detrimento patrimonial de $11.000 millones de pesos, como ya lo denunciaron los accionistas minoritarios de la empresa, quienes argumentan que las acciones fueron vendidas por un valor inferior al que las bancas de inversión habían señalado.
Este proceso fue tan poco transparente que la administración tuvo que recurrir a la figura del convenio inter administrativo, usando la condición de empresa pública que aún tiene UNE-EPM para evitar el debate amplio que debería darse en el concejo de Pereira y ante la ciudadanía con todas las fuerzas vivas de la ciudad.
Políticas antisindicales a la vista
El presidente de UNE, Marc Eichmann, en entrevista con el periódico Portafolio del 27 de septiembre de este año, señaló que a raíz de la fusión con Millicom no habría recortes de personal en ninguna de las dos empresas y, si bien no ha habido recortes, ya los trabajadores empiezan a sentir la presión de UNE, con la amenaza de echar sin justa causa a quienes están cercanos a cumplir diez años de trabajo, ya que la convención colectiva tiene una cláusula que evita su despido pasado ese tiempo. Al parecer, la intención de la empresa es librarse de tener que conceder estabilidad laboral a estos trabajadores y, al parecer, estas políticas antisindicales son sólo el comienzo de una ofensiva contra los trabajadores y trabajadoras.
De no encontrar resistencia a éstas prácticas neoliberales, el futuro de Pereira no es promisorio. Sin embargo, existen en la actualidad alternativas que pueden fortalecerse con la participación ciudadana en la Comosopol y el Frente Amplio en Defensa del Patrimonio Público.
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