Por: Fermín Romero – diciembre 2 de 2008
Diversos sectores sociales del departamento de Arauca convocaron a un paro cívico el 2 de diciembre para rechazar los atentados contra la sede del Colectivo de derechos humanos ‘Joel Sierra’ y la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena, ocurridos el 19 y el 25 de noviembre del presente año, respectivamente. El paro cívico tiene como objeto exigir que se investiguen y esclarezcan estos hechos por parte del Estado, y pide, a su vez, que la insurgencia se pronuncie sobre los mismos con el fin de aclarar las responsabilidades de los ataques.
Tanto la organización defensora de derechos humanos como la empresa comunitaria, al igual que otras organizaciones sociales, han sido objeto de ataques a su infraestructura y son amedrentados por los grupos armados, que no respetan los logros de la lucha social, en el caso del acueducto, ni a quienes defienden las garantìas mìnimas para las comunidades locales.
En el departamento de Arauca, diversas organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, comunales, juveniles y humanitarias han planteado alternativas en temas relacionados con la salud, la educación, los servicios públicos, los proyectos productivos cooperativos, la recuperación de la memoria y otras iniciativas formuladas para mejorar las condiciones de vida de la población. De esta manera, han realizado foros, cabildos, movilizaciones y audiencias, como la celebrada por el Tribunal Permanente de los Pueblos. Todas éstas, acciones en defensa de la vida, los derechos humanos, los recursos naturales, la seguridad alimentaría, la cultura y soberanía nacional.
Los atentados han puesto en alerta a los habitantes de Arauca, pues la sede de las organizaciones sociales y del Colectivo de derechos humanos ‘Joel Sierra’ es emblemática para la población del Departamento. Además, la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena es, segùn lo expresan estas agremiaciones, “un ejemplo y modelo a nivel nacional e internacional, donde las comunidades administran y direccionan sus propios servicios públicos, evitando que se conviertan éstos en negocios de la empresa privada y las trasnacionales, lo que convierte a esta empresa comunitaria en patrimonio del pueblo que históricamente hemos defendido, al igual que todos los espacios de construcción social”.
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