Por: Marcela Zuluaga – julio 10 de 2014
En el marco de los diálogos entre los voceros de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y el Gobierno Nacional se anunciaron varios acuerdos entre las partes, como la creación de la Mesa Única de Participación y Concertación, mediante el Decreto 870 del 8 de mayo de 2014, lo que constituye un acuerdo sin precedentes para el país, ya que consolida un pliego unitario de exigencias..
Esta mesa única está conformada por 25 voceros de las organizaciones agrarias y representantes de los ministerios del Interior; Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público, y Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, contará con la presencia de garantes invitados y se espera que sirva para que avancen las discusiones que se venían desarrollando en 22 mesas regionales a nivel nacional.
Junto al establecimiento de esta mesa se creó una subcomisión que abordará el tema de garantías y derechos humanos, que deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protesta y a la libre expresión, y así evitar que la Policía y el Ejército repitan los abusos y actos de fuerza desmedida que ejercieron contra el campesinado y los manifestantes en general durante los agrarios de 2013 y 2014. Para las organizaciones sociales es de gran importancia la consolidación de una ruta de diálogo en la que se den discusiones sobre garantías para la movilización y que permita tanto el esclarecimiento de las responsabilidades por la represión y los heridos, como la liberación de los judicializados durante esas jornadas de protesta social.
También se acordó la creación de un Fondo de Fomento Agropecuario, en el que el Gobierno Nacional destinará $250.000 millones durante 2014 con los que se buscará garantizar recursos suficientes para fomentar la economía campesina, indígena y de las negritudes. Conjuntamente, el Gobierno Nacional y los delegados de la Cumbre revisarán el avance en la ejecución de estos recursos en el mes de septiembre de 2014 y, si la ejecución corresponde a la planificación, se adicionarán más recursos.
Respecto a los cultivos de coca, marihuana y amapola, la Cumbre y el Gobierno Nacional vienen adelantando conversaciones para instaurar un programa alterno de sustitución de cultivos, que incluiría la creación de planes alternativos de desarrollo sustentable a nivel regional que sean acordes a las condiciones geográficas, de suelo y sociales de las comunidades que hoy se sostienen de estos productos y que buscan sustituirlos, así como de programas que no afecten el medio ambiente y que propicien la recuperación de territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. Para las organizaciones sociales es necesario que se definan normas relacionadas con el uso y propiedad de la tierra y la revisión de la Ley 30, correspondiente a la erradicación de cultivos de uso ilícito en el marco de la Ley 160, o Estatuto Rural.
Por otro lado, el acuerdo incluye un esquema diferencial que servirá para que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) priorice los proyectos sociales de las organizaciones que conforman la Cumbre. De esta manera, treinta proyectos serán ejecutados este año en áreas como saneamiento básico, educación, salud, vías terciarias e infraestructura agropecuaria.
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