Por: Andrés Gómez – julio 11 de 2014
José Orlando González Herrón, líder del Movimiento Ríos Vivos en Briceño (Antioquia), fue amenazado de muerte en dos ocasiones en lo que va corrido de 2014, al igual que varios ambientalistas y defensores de derechos humanos de esa organización. Laura Elisa David, quien vive en la vereda Nueva Llanada del municipio de Peque (Antioquia), fue secuestrada y dejada en libertad el pasado 6 de junio al verse perseguidos los secuestradores por la población. Sin embargo, los secuestradores dejaron un mensaje: que las mujeres de la vereda se estaban metiendo en lo que no debían y que la próxima vez no correrían con la suerte de Laura. Este antecedente precede al acoso que sufrió Asened Higuita, hija del líder de ese movimiento en la misma vereda, quien fue perseguida el pasado 2 de julio hasta la puerta de su casa por un hombre que vestía de negro y estaba encapuchado. Estas situaciones preocupan a los miembros del movimiento, ya que en 2013 desconocidos violaron y asesinaron a Margarita Martínez en Nueva Llanada.
Los acosos a integrantes del Movimiento han ocurrido en varios municipios de Antioquia, inclusive en Medellín. La casa de la vocera de Ríos Vivos en Antioquia, Isabel Cristina Zuleta, fue asaltada y un disco duro con información de su actividad como líder social fue lo único que fue sustraído. Además, Leonel Muñoz, líder de esa misma organización en el municipio de Toledo, fue abordado por policías el 5 de julio, sus documentos fueron retenidos y él fue acusado de ‘anti policía’ por los agentes.
Cabe anotar que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) adelantan la construcción de las represas de Hidroituango y Espíritu Santo en Antioquia, megaproyectos a los que se oponen las personas amenazadas.
El Turbión habló con Isabel Zuleta, quien habla del contexto en el que se dan las amenazas, las propuestas del Movimiento y expresa su preocupación por la ineficacia de la Unidad Nacional de Protección, por la impunidad en los asesinatos a los integrantes de Ríos Vivos y porque las mujeres están siendo utilizadas como arma de guerra por parte de las personas interesadas en que se acabe la oposición a la construcción de las represas de EPM.
Andres Gómez: -Isabel, ¿en qué contexto se están dando las amenazas al Movimiento Ríos Vivos?
Isabel Zuleta: -Como en otras ocasiones, se repite el patrón. El comportamiento de los desconocidos que nos están amenazando está relacionado con las movilizaciones, esta vez en el marco de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Otro asunto que creemos hace parte del contexto en el que se están presentando las amenazas es el informe de la organización sueca Swedwatch respecto a las afectaciones de Hidroituango en la población. Además, aunque no hemos confirmado esta información, sabemos por buenas fuentes que empresas suecas y las Empresas Públicas de Medellín (EPM) están haciendo estudios para deslegitimar al movimiento. Buscan acabar con él, buscan que las personas que participamos en él y que lo integramos nos llenemos de miedo, que abandonemos esta lucha.
Los líderes principalmente han sido los que han sufrido los ataques más duros y todo eso en un contexto de conflictividad armada muy fuerte, ya que en la zona hay enfrentamientos. El fin de semana pasado, en el municipio de Briceño, uno de los líderes fue nuevamente amenazado. En ese contexto se están dando las amenazas al Movimiento Ríos Vivos.
AG: -¿Cuáles son las propuestas de Ríos Vivos frente a las represas de Hidroituango y Espíritu Santo que adelanta la EPM en Antioquia?
IZ: -Las propuestas han sido claras. Nosotros somos un movimiento ambientalista y defensor de derechos humanos, es decir, exigimos que antes de que se inicie la construcción de otra obra, como es Espíritu Santo, y de que se continúe con Hidroituango, se garantice el absoluto respeto por los derechos humanos. Estamos exigiendo que todos los hechos que han quedado en impunidad se investiguen y se castigue a los responsables. Esa posición frente a la defensa de los derechos humanos ha sido radical para el movimiento. Otras propuestas que hemos hecho son muy amplias, pero dentro del pliego de peticiones de la Cumbre Agraria, una de nuestras propuestas es que se cree una comisión nacional de represas y que se investigue todo lo que han causado las represas en el país en términos sociales y ambientales, y que a partir de allí salgan recomendaciones para cuidar los derechos de los afectados, que son miles en el país. Las mega obras están dañando nuestros bosques, contaminando y privatizando el agua y causando muchas dificultades a las comunidades.
AG: -El Movimiento Ríos Vivos tiene presencia en varios departamentos del país, sin embargo, Antioquia es el departamento más afectado en cuanto a amenazas. ¿A qué se debe esto?
IZ: -Hay que recordar que más de nueve integrantes del movimiento del orden nacional han sido asesinados y más de veinte estamos amenazados. Eso incluye a los integrantes del Movimiento por la Defensa del Río Sogamoso en el departamento de Santander y a los integrantes en el Huila que están en contra de la represa del Quimbo. Sin embargo, las amenazas más fuertes se han presentado en el caso de Hidroituango. Ahora que se inician los estudios y los censos para la represa Espíritu Santo, que tiene jurisdicción en los mismos municipios de Hidroituango, proyecto que es también propiedad de EPM, hemos sentido un aumento en las amenazas.
El proceso más amenazado en el país es el de Antioquia y nosotros consideramos que esto tiene tres razones. La primera es porque EPM, empresa que se ha presentado a la opinión pública nacional e internacional como respetuosa de los derechos humanos, no lo es. […] Hay un patrón de comportamiento que viene ocurriendo con los proyectos que adelanta EPM. Eso mismo ocurrió en el Oriente Antioqueño con las represas que se construyeron allá […] y también en las represas del río Porce aquí en Antioquia.
El segundo aspecto a destacar es que Antioquia es el departamento con mayor concentración de la tierra. Acá hay muchos terratenientes, hay grandes y poderosos terratenientes que están interesados en estas obras.
El contexto del conflicto es el tercer aspecto. Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de desplazados en el país y con acciones de guerra permanente en nuestros territorios, lo que vuelve más conflictiva la situación que tiene que ver con los derechos ambientales, económicos y culturales, pero sobre todo con los derechos civiles y políticos.
AG: -¿Cuál ha sido la respuesta de la Unidad Nacional de Protección frente a los líderes del Movimiento Ríos Vivos amenazados en Antioquia?
IZ:-Realmente han sido muchísimas las dificultades. Vemos que la Unidad Nacional de Protección no es operativa, no comprende el contexto rural ni el enfoque diferencial de los líderes y lideresas que actuamos en la ruralidad colombiana. No creo que sólo ocurra en Antioquia, creo que la implementación de medidas sólo se ajusta para las ciudades. En nuestro caso, a pesar de tener medidas desde la muerte de Nelson Giraldo y después de haber ganado una tutela por el derecho a la información y en contra de la Unidad Nacional de Protección, hoy no se han implementado en su mayoría las medidas que se han dictado. Vemos que hay dificultades en volver operativas esas medidas y sobre todo en comprender la ruralidad.
Nosotros hemos insistido en la necesidad de un plan de protección y prevención que fue aprobado para nosotros. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección y el mismo Ministerio del Interior no hacen lo que les corresponde: llamar a los alcaldes. Los alcaldes han hecho caso omiso a la importancia de la protección de los derechos humanos y de la vida de los integrantes del movimiento, y por ello ese plan no se ha podido adelantar. Hoy somos el capítulo más amenazado del país y con el mayor número de miembros en riesgo extraordinario.
AG: -Respecto a los crímenes que se han cometido contra los miembros de Ríos Vivos, ¿ha habido algún avance en materia de investigaciones judiciales?
IZ: -Hasta el momento de los asesinatos de los compañeros no hemos tenido ninguna notificación. No hemos tenido una notificación del avance de las investigaciones, tampoco sobre las amenazas y conocemos que las fiscalías que están llevando los casos, como la de Ituango que lleva el caso de Nelson, tienen un porcentaje de 100% de impunidad.
AG: -En 2013 fue asesinada Margarita Martínez en el municipio de Peque y Ríos Vivos ha denunciado que a las mujeres de este municipio se les amenaza por ser mujeres. ¿Esta situación se está volviendo recurrente?
IZ: -Sí, nosotras hemos estado preocupadas por el tema de las mujeres porque es relevante a nivel nacional. El caso de los feminicidios en Medellín ha sido destacado por las organizaciones feministas y de derechos de las mujeres, y lo que vemos es un patrón. En este caso, de las lideresas del movimiento en el occidente [del departamento] hay antecedentes que nos empiezan a preocupar porque hay serias características de patrones que podrían conducir a unas amenazas directas para las mujeres, para su vida, para su cuerpo. Nos preocupa lo que viene pasando en la vereda Nueva Llanada en el municipio de Peque: tampoco ha sido esclarecida esta muerte, y realmente lo que viene ocurriendo en Sabana Larga con las mujeres es un signo de alarma para las organizaciones de mujeres y para el Estado. Hemos visto que los procesos ambientalistas y de defensa de derechos humanos liderados por mujeres son más vulnerables. Efectivamente, el cuerpo de las mujeres se vuelve un arma de guerra con la cual atacar a los movimientos.
AG: -Respecto a tu caso, ¿Cuáles han sido las amenzas que has sufrido y que pasó en la última amenaza de la que has sido objeto?
IZ: – En mi caso particular he hecho un relato de varias páginas de todos los incidentes de seguridad, que reporté en su debido momento a la Unidad Nacional de Protección. Me han hecho seguimientos y señalamientos, por parte de la Fuerza Pública en la mayoría de los casos, pero no se ha investigado nada al respecto. Son muchos los casos ya y por eso me ha tocado tomar medidas de seguridad. No debo estar andando sola por los municipios, no debo contestar llamadas que no sean de personas conocidas. El bloqueo a los celulares y al correo electrónico ha sido permanente, y el último caso genera una preocupación mayor: no se había presentado el robo de información y menos que se encontrara forzada la chapa de alguna de las viviendas de los líderes o lideresas del movimiento.
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