Abril 27 de 2009
El 22 de abril, horas antes de iniciarse la hora cero del anunciado paro camionero, el presidente Álvaro Uribe intentó desmovilizarlo con el anuncio de reducir los precios de la gasolina y el diesel en 400 pesos por galón (17 centavos de dólar) a partir del 1 de mayo, propuesta calificada de insuficiente hasta por el Contralor General, Julio César Turbay. Como en el anterior paro camionero, la intransigencia del gobierno se ha hecho notar en las voces del presidente y los ministros de hacienda y minas, quienes advirtieron que no hay ninguna posibilidad para una reducción mayor en los precios de los combustibles porque el sobre costo que pagan los colombianos servirá de colchón para enfrentar la crisis económica.
Las exigencias de cerca del 80% de los transportadores de carga, organizados en la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) son: la inmediata reducción del precio de los combustibles acorde con los precios internacionales, desmontando el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que sirve de excusa al gobierno para mantener el sobre costo en un país que, por ser productor de petróleo, debería tener precios mucho más bajos; que el gobierno acelere el proceso de chatarrización, según los acuerdos celebrados luego del paro de 2008; que brinde líneas de crédito y que se garantice el cumplimiento de la tabla de fletes para que el gremio camionero no continúe trabajando a pérdida.
También pararon en agosto
Hace solo 9 meses, la ACC paralizó las carreteras del país, contando con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Sindical Obrera (USO) y otros sectores sindicales del país. Aunque la protesta generó pérdidas económicas millonarias, en especial para el sector importador, el Gobierno Nacional se caracterizó por establecer posiciones inamovibles, como la del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, ante las exigencias que hicieran los camioneros en ese momento.
En ese momento, las peticiones se concentraban en la derogatoria el artículo primero de la Resolución 3175 del Ministerio de Transportes, que actualizaba la tabla de fletes y dejaba abierta la posibilidad de que se incumplieran los precios establecidos allí, llevando por consiguiente a la quiebra definitiva a los camioneros colombianos y sin capacidad de competir con las grandes empresas de carga terrestre.
Los combustibles más caros del continente
Los exagerados precios que estamos pagando los colombianos se deben a que la gasolina tiene impuestos del 36% y el ACPM del 21% y porque el presidente Uribe ha decidido mantener el precio del barril a unos 70 dólares, cuando en el mercado mundial ya está costando entre 40 y 50 dólares. Debido a esto, los más lesionados son los bolsillos del pueblo colombiano, dado que el precio de los combustibles afecta directamente los costos de los artículos de la canasta familiar por lo que implica para el transporte de carga: está demostrado que el 75% del total del ACPM y la gasolina que se consumen en Colombia son empleados en el transporte público de carga y pasajeros.
Sumado a esto está la la inminente escasez de alimentos, materias primas y productos agrícolas en algunas de las principales ciudades del país. El desabastecimiento ya se hace sentir en capitales como Cali, donde los precios en la central de abastos han comenzado a subir.
Mientras tanto, la respuesta del gobierno a la protesta de los camioneros sigue siendo la intransigencia: la superintendente de Puertos y Transportes, Haydee Cañizales, dijo a los 170.000 camioneros que el paro es ilegal y que las empresas que se unan serán investigadas y sancionadas, indicando que la Policía y Escuadrón Móvil Antidisturbios están listos para impedir cualquier bloqueo de carreteras. Por su parte, este sábado el presidente señaló, durante un consejo comunal en Cauca, que no habrá nuevos recortes a
los precios de los combustibles.
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