Por: Alejandro Parra Giraldo – septiembre 16 de 2014
Se han difundido recientemente nuevas amenazas contra reconocidos liderazgos estudiantiles, y ahora también profesorales, pertenecientes a la comunidad académica de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).
Quienes conocen de atrás el ambiente y las formas de intimidación usuales en este claustro académico saben que esta modalidad de terror es más bien inusual. Hemos tenido en el pasado señalamientos públicos de autoridades académicas y administrativas, opinadores locales llenos de saña contra la actividad política desplegada por el movimiento estudiantil y profesoral, e incluso persecuciones de naturaleza académica y disciplinaria que han desembocado en el retiro de docentes y la expulsión de estudiantes, en medio de circunstancias vergonzosas que ilustran el linchamiento público que el actual rector y su círculo más cercano le han hecho a la democracia y la autonomía universitaria. Pero las amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares, aunque se habían presentado en el pasado contra el movimiento sindical y de derechos humanos de Pereira, eran desconocidas dentro de los muros del alma máter.
El fenómeno de amenazas contra la vida de algunos dirigentes y activistas universitarios, entre los cuales se cuentan algunos a quienes he conocido personalmente de hace años y por los cuales creo se puede poner sin pensar las manos en el fuego, se da en un contexto de agudización de las amenazas y las acciones violentas contra dirigentes sociales de diversos orígenes en todo el territorio nacional. Esta andanada parece encajar en el nuevo momento en que han entrado las pugnas al interior de los dueños del país, particularmente entre el parauribismo y el santismo, donde el primer sector piensa que incendiando el país y valiéndose de su brazo criminal logrará inestabilizar al gobierno del segundo para quedarse con los réditos políticos derivados de la profecía del Centro Democrático –autocumplida, por demás– sobre el deterioro de la seguridad y la entrega del país al ‘terrorismo’. Ahora, su manifestación en el Eje Cafetero, tiene algunos signos que abren las siguientes dudas razonables: ¿quiénes son los beneficiarios del reflujo político en que entra el movimiento universitario en Pereira con las nombradas amenazas? ¿Hace parte esta línea de conducta de una estrategia de gobernabilidad universitaria recargada con amenazas de muerte? ¿Cuál es el verdadero origen de las amenazas? ¿Se puede dar crédito a la versión más obvia, según la cual el grupo paramilitar Águilas Negras es su autor?
Sea cual sea la respuesta a estos interrogantes, el efecto es el esperado: desplazamiento forzado, rupturas familiares, angustias e incertidumbres. Asimismo, interrupción de los procesos académicos de los afectados y, sí, un ambiente de santa paz en el campus universitario, purgado ahora de tanto ‘agitador sin oficio’ que se la pasaba denunciando irregularidades administrativas y atropellos académicos en función de integrar a la comunidad universitaria dentro de las sensibilidades sociales naturales en un país injusto y urgido de cambios de fondo. Por supuesto que los viejos heroísmos del ‘aquí estoy, vengan por mí si son capaces’ no caben hoy y lo primero es resguardar la vida de los amenazados y sus familias, a lo cual, valga decir, no ayuda la absurda negativa de la Unidad Nacional de Protección a proporcionar esquemas de seguridad a los afectados ‘porque no tienen personería jurídica’ y son unos simples estudiantes. Algunos malquerientes, en su morbo, quisieran ver correr sangre y otros, más cautos, esperan que no suceda por el martirologio en que colocaría a estos dirigentes estudiantiles una acción contra sus vidas, mientras que la institucionalidad de la universidad apoya en forma apenas perceptible con algunos recursos y algún tímido comunicado emitido hace ya días.
Quiero hacer llegar mi saludo entrañable a mis amigos Víctor, Julián, Karen, Alexis y Yuli, entre otros de los perseguidos de la UTP, y sumarme a las voces que decimos con orgullo que hemos aportado para que el ejercicio de la política desde una perspectiva de cambio de las actuales estructuras de poder sea lo suficientemente importante en Pereira como para que algunos mandaderos del terror quieran silenciar con la torpe cobardía de un par de panfletos electrónicos esta gesta imprescindible.
Pedir que los procesos judiciales para identificar y castigar a los creadores de esta ley del miedo marchen con celeridad, siempre está de más en el país de la impunidad, pero esto no obsta para que sea más clara que nunca la responsabilidad absoluta que el Estado colombiano tiene sobre la vida e integridad de nuestros compañeros y sus familias. La UTP tiene otro tanto de esta responsabilidad, pues debe brindar las garantías para la continuidad de las actividades académicas de los perseguidos y, por una vez en los últimos 14 años, enfrentarse en forma enérgica a las fuerzas de la ilegalidad que tanto se han enseñoreado del campus, antes bajo la venta de drogas y sus patrones, ahora detrás de las armas que quieren ponerle una mortaja a la lucha política y académica, más antigua y solemne esta que cualquier intimidación y cualquier delirio autoritario. La tradición de lucha de nuestros estudiantes y profesores será, en todo caso, superior al espanto.
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