Por: Katerin Céspedes – mayo 26 de 2015
Luego de seis meses de lucha indígena por la tierra en el norte del Cauca, la Policía atacó el pasado viernes 22 de mayo a quienes reclamaban la liberación de terrenos en manos de terratenientes y agroindustriales. ¿Cuáles son las claves de la lucha del pueblo nasa por sus territorios?
Rabia
Las comunidades nasa que venían ocupando tierras en los municipios de Corinto, Caloto y Santander de Quilichao vienen manifestando su indignación ante la arremetida por parte de más de 500 hombres de la Policía que, este fin de semana, prendieron fuego a las casas en donde se resguardaban los comuneros que ocupaban terrenos en distintas haciendas y destruyeron los cultivos de maíz y frijol que habían sembrado dentro de su proceso de liberación de la madre tierra. Desde entonces, más de 3.000 indígenas se mantienen resistiendo en estos lugares a los ataques de los uniformados, que pretenden desalojarlos por la fuerza.
Todo comenzó en diciembre de 2014, cuando indígenas del pueblo nasa del norte de Cauca retomaron el proceso de liberación de la Madre Tierra, el cual, según afirman estas comunidades, consiste en la ocupación pacífica de diferentes terrenos ubicados en varias zonas de la región. Las fincas en las que se concentran los comuneros nasa son: La Emperatriz, ubicada en el municipio de Caloto; La Agustina, en Santander de Quilichao; y en otras cuatro fincas ubicadas en la parte plana del municipio de Corinto y que hacen parte del ingenio azucarero Incauca, cuyo dueño es el empresario Carlos Ardila Lülle, en donde ocurrieron los graves hechos de este fin de semana.
Reclaman reparación
Pese a ello, los indígenas han decidido que la minga se mantendrá hasta que el Gobierno Nacional cumpla con sus obligaciones en cuanto a reparación individual y colectiva a las víctimas de la masacre de El Nilo, cometida en 1991 por policías y narcotraficantes, y que cobró la vida de 21 comuneros nasa, entre quienes se encontraban adultos, mujeres, jóvenes y niños. Por la masacre, el Estado colombiano se comprometió a titular de manera colectiva 15.663 hectáreas en un período de cinco años, a dar acompañamiento para los planes de vida de los nasa y, aún más importante, a ofrecer garantías de no repetición de masacres y asesinatos. Los compromisos adquiridos con los nasa fueron anunciados por Colombia en 1999, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizara al Estado colombiano por el crimen.
El Estado tardó más de diez años en cumplir con la entrega de las tierras que prometió, pero los terrenos que entregó son en su mayoría improductivos o se encuentran en áreas protegidas y de reserva forestal. Por ello, las comunidades reclaman las tierras productivas que, sostienen, fueron de los nasa antes de que la violencia histórica que han vivido los empujara a las montañas y a otros departamentos, como el Putumayo.
No obstante, los nasa no sólo no han logrado recuperar sus tierras productivas, a pesar de las sanciones internacionales, sino que tampoco han gozado de la protección del Estado después de la masacre de El Nilo. Luego del crimen, se perpetraron masacres como las de El Naya, Gualanday y San Pedro, y hoy todavía continúan los asesinatos: entre el 14 y 15 de abril de 2015, tres miembros del resguardo Cerro Tijeras, ubicado en el municipio de Suárez, fueron desaparecidos y posteriormente asesinados en un operativo paramilitar, y en mayo dos comuneros nasa fueron encontrados muertos en el municipio de Tacueyó.
La minga del norte del Cauca
Según las comunidades, el objeto de la minga es que, mediante el trabajo comunitario, se cultive y are la tierra para así liberarla de los múltiples daños ambientales que ha sufrido. Adicionalmente, buscan resarcir el daño económico y cultural que han soportado como consecuencia del desplazamiento que han vivido desde la colonia y que se ha agudizado con el monocultivo histórico de caña azúcar en la región, asunto agravado recientemente por la producción a escala industrial de etanol para la elaboración de combustibles para automotores.
Con el cultivo extensivo de caña, diferentes ingenios azucareros se han convertido en enormes depredadores de tierras en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, que se benefician del control territorial que ejercen el Estado y los grupos armados para ampliar la actividad de esta agroindustria: apenas ocho de estas empresas son propietarias de más de 330.000 hectáreas en una de las zonas más militarizadas y con mayores conflictos por la tierra en Colombia. Ante esto, cobra relevancia la minga de los indígenas del norte del Cauca, puesto que es la primera vez que alguien ocupa tierras de estas empresas para reclamar al gobierno su entrega a las comunidades y así sembrarlas con frijol, plátano y maíz, tal como lo están haciendo, ante la escasez de productos de pan coger en la región que se da como consecuencia del monocultivo.
Arremetida violenta de la Fuerza Pública
Han pasado cerca de seis meses desde el inicio de este proceso y han sido varias las situaciones que han puesto en peligro la integridad física de las comunidades que se mantienen en minga. En febrero y abril ya se habían presentado graves incidentes, y actualmente, desde el 22 de mayo, se han multiplicado las intimidaciones y agresiones por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) de la Policía Nacional, que ha intentado en repetidas ocasiones desalojar violentamente los sitios en que se concentran los indígenas
El uso de armas no convencionales por parte de los uniformados ha dejado hasta la fecha cerca de 205 heridos y una víctima mortal: Siberston Guillermo Paví Ramos, un joven de 19 años asesinado el pasado 10 de abril, cuando una bala lo hirió de muerte en su abdomen mientras se encontraba apoyando a su comunidad en la finca La Emperatriz.
De igual manera, las comunidades han denunciado que policías se han hecho pasar por civiles, infiltrándose en las fincas y generando actos de sabotaje, como dejar armas, municiones o explosivos en sitios cercanos a las concentraciones, situación que es usada luego para decir que entre las comunidades se encuentran guerrilleros incitado enfrentamientos y a la ocupación. A ello se suman las múltiples amenazas que han recibido por medio de panfletos provenientes de grupos paramilitares como las Águilas Negras y la reciente destrucción de los cultivos sembrados.
Concentración de tierra, resistencia nasa y pobreza histórica en el Cauca
Desde los años 70, sólo la organización y movilización han permitido a las comunidades indígenas lograr el reconocimiento de parte del Estado de sus autoridades ancestrales y que sus derechos sobre la tierra sean respetados y protegidos. En este sentido, no es la primera vez que los indígenas del Cauca realizan procesos y actividades de recuperación, ocupación y, en sus palabras, liberación de la madre tierra.
Desde 2005 se han sucedido las iniciativas de ocupación de terrenos para liberarlos por medio de la siembra ante la histórica concentración de la tierra, que en Cauca figura como una de las más altas del país según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Contraloría. El acaparamiento de tierras productivas ha dejado a las comunidades indígenas del Cauca en un nivel de pobreza extrema y ha situado a este departamento como el segundo más pobre de Colombia: según datos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el 56% de los niños padecen de hambre y desnutrición permanente, y alrededor de 6.000 familias de las 25.000 que ocupan el territorio no cuentan con tierra ni con medios de subsistencia que les permitan producir y suplir sus necesidades.
Por tal razón, los indígenas exigen que les sean entregadas 20.000 hectáreas de tierras aptas para trabajar y así satisfacer sus necesidades básicas, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 982 de 1999, emitido para responder efectivamente a la emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca. También solicitan, de manera urgente, una reforma agraria que traiga beneficios reales para las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que no consiste únicamente en la titulación de tierras sino en un acompañamiento técnico, económico, social y cultural que logre sacar a estas poblaciones de la crisis de pobreza extrema en la que se encuentran.
Es importante señalar que la gran mayoría de tierras cuya fertilidad es propicia para la siembra y producción de cultivos se encuentran en manos de grandes empresarios agroindustriales. Tan sólo el 12% de la tierra perteneciente a los resguardos indígenas sirve para producción pecuaria y agrícola, y el 82% restante corresponde a zonas con vocación forestal, de las cuales, el 18% constituyen zonas de páramos, según datos de la ACIN. En este sentido, el panorama que se vive a diario en el Cauca y al cual otros conflictos convergen, como el uso inapropiado de los suelos, la minera legal e ilegal y el conflicto armado, obliga a indagar hasta qué punto la sociedad colombiana ha dado la espalda no sólo al pueblo nasa sino, en general, a todas las comunidades indígenas, llevando a que éstas se vean obligadas a tomar medidas de hecho para poder hacer valer sus derechos y para que se cumplan los compromisos y las obligaciones del Estado.
La resolución de los nasa está tomada: cerca de 3.000 indígenas se mantienen en la “Minga por la liberación de la madre tierra” y no están dispuestos a abandonar estas fincas hasta tanto no cumplan su cometido de sembrar cultivos de pan coger, de erradicar los monocultivos y de lograr que el gobierno cumpla con sus exigencias, mientras llaman al país a no olvidar la historia de despojo que han tenido que soportar y a acompañar su lucha.
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