Por: Johanna Cassaleth – 17 de febrero de 2010
El pasado 6 de febrero, quince mil colombianos dijeron NO a los nuevos decretos que, según Álvaro Uribe, solucionarían la emergencia en el sector salud que vive el país. Miles de usuarios del actual Plan Obligatorio de Salud, POS, movimientos sociales, estudiantes, médicos y enfermeras, salieron a la calle y pidieron se revoquen los decretos que favorecen a empresarios de la salud y que someten a los colombianos a la muerte por incapacidad de pago o a un endeudamiento asesino. La inconformidad de la población frente a la medida, reune miles de personas de diferentes niveles socio económicos. Algunos sienten que se abren las condiciones para que los usuarios del POS tengan que usar sus ahorros para poder acceder a tratamientos médicos y la gran mayoría, atestigua como los decretos los condenan a muerte.
La convocatoria para esta movilización se dio a través de organizaciones de estudiantes, empleados en el área de la salud y sindicatos, que indignados con los decretos aprobados por el presidente, decidieron protestar y no aceptar las medidas que ha tomado el Gobierno, para resolver el estado de emergencia social declarado el 19 de noviembre del 2009. Según Uribe, se busca responder a la crisis financiera que enfrentan las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, empresas que deben en este momento 251.000.000 millones de dólares. Algunos médicos consultados por el Turbión aseguran, que de los usuarios del sector salud, solo el 15% de los usuarios son contribuyentes y que esto explica la crisis, sin embargo, cinco de las empresas más ricas en el país vienen del sector salud, entre ellas Saludcoop, de los Uribe.
Uno de los decretos que causa más indignación y preocupación, es el que obliga a los pacientes a ser evaluados de forma previa y así poder determinar tratamientos y medicinas que no estén en el POS (Plan Obligatorio de Salud), en consecuencia, los usuarios tendrán que invertir sus ahorros o pedir un préstamo en un fondo de crédito, que estableció el gobierno, y que subsidiaría los tratamientos, esto implica que los que no tienen dinero ni capacidad de endeudamiento, no podrán acceder a tratamientos ni procedimientos.
Otro punto que aterra a la comunidad médica, son las multas que tendrían que asumir los médicos al recetar o ordenar un tratamiento de alto costo a los pacientes. 50 salarios mínimos sería el castigo a un médico que pensara en paciente y no en los dueños de las Empresas Prestadoras de Salud. Además, los nuevos decretos imposibilitan la tutela como mecanismo para acceder a tratamientos, lo que negaría la única posibilidad que tienen los usuarios para acceder a tratamientos que las EPS niegan, en muchos casos para ahorrar dineros a costa de la vida de miles de personas.
A pesar de las duras críticas acerca de la improvisación de los decretos y que los únicos favorecidos sean los dueños de las EPS, el ministro de protección social, Diego Palacios, criticó la movilización y dijo que los participantes de la marcha no entienden el alcance de los nuevos decretos. Por otro lado, Uribe, en una transmisión hecha por RCN, trató de apaciguar las inquietudes de los colombianos sobre las reforma de salud, pero no argumento los decretos.
Las manifestaciones en contra de los decretos que consolidarían la salud como un negocio en Colombia, se dieron en 14 ciudades del país, y se espera una nueva movilización a nivel nacional el 18 de febrero, esta nueva manifestación nacional espera tener más alcance y se plantea como una medida del pueblo colombiano para exigir que se modifiquen las reformas, y que estas respondan a las necesidades de los colombianos y no a grandes empresarios de la salud.
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