Por: Fermín Romero – junio 11 de 2009
Ayda Quilcué ha sido víctima de la persecución del gobierno desde que se desempeñó como líder indígena de la Minga de Resistencia de 2008. La dirigente, junto con su familia, ha sido víctima de atentados por buscar como líder de 42.000 indígenas que el gobierno diera soluciones a su problemática de tierras y derechos humanos.
Debido a la persecución a la que ha sido sometida, Elkin Legarda, su esposo, fue asesinado por el Ejército en un atentado que, según ha denunciado, se dirigía a ella. Adicionalmente, su hija de 12 años fue víctima de un atentado contra su vida en mayo pasado y, ahora, la Fiscalía vincula a Ayda a una investigación por secuestro y lesiones personales contra un militar que se infiltró en la minga y fue procesado y castigado según la justicia especial indígena.
La detención del cabo Jairo Danilo Chaparral Santiago por parte de la guarida indígena se produjo cuando fue sorprendido portando un morral con camuflados, radios de comunicaciones y manuales de armas y explosivos que, según el testimonio de su madre, luego deberían ser encontrados por la policía para implicar a la minga indígena con algún grupo guerrillero, según lo dispuesto desde la dirección de inteligencia del Batallón de contraguerrilla número 15 ‘Libertadores’, donde el suboficial de origen indígena cumplía sus labores.
Es por el intento del suboficial de vincular el movimiento indígena con las guerrillas que la guardia indígena lo capturó para luego ser condenado por la justicia tradicional indígena a recibir seis juetazos y luego ser entregado a la Defensoría del Pueblo y a garantes internacionales.
La denuncia interpuesta por el cabo Chaparral y la posterior orden de captura contra el líder indígena Feliciano Valencia, junto con la vinculación a la investigación de Ayda Quilcué y Daniel Piñacué, integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y de los guardias indígenas Mario Yalanda Tombé y José Daniel Ramos Yatacué demuestra que el gobierno desconoce la jurisdicción especial indígena contemplada en la Constitución.
A pesar de que la Procuraduría no ha investigado al suboficial por su acción delictiva, la Fiscalía aplica la justicia ordinaria al caso
denunciado por el suboficial, violando los derechos constitucionales de los indígenas y persiguiendo a sus dirigentes más reconocidos. Sin embargo, Ayda Quilcué manifiesta que no van a desestabilizar la organización indígena: “eso no lo van a lograr, porque detrás de este proceso no estamos las personas sino todo un pueblo que está reclamando sus derechos”.
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