Por: Johana Casaleth – julio 21 de 2009
El pasado 29 de junio, al exministro Juan Manuel Santos se le dictó orden de captura por su presunta responsabilidad en la muerte de un civil ecuatoriano en la ‘Operación Fénix’. La orden fue emitida por un juez de la provincia de Sucumbíos, Daniel Méndez, y se vincula al proceso que se adelanta por la acción militar en la que se violó la soberanía ecuatoriana, el 1 de marzo de 2008, y en la que murieron 25 guerrilleros, cuatro civiles mexicanos y el segundo al mando de las FARC, ‘Raúl Reyes’.
Ante estas acusaciones, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, señaló que “el gobierno no permitirá que toquen al ministro”, solicitando medidas cautelares ante la OEA para proteger a Santos y pidiendo a la cancillería que le emitiese un pasaporte diplomático para que no sea detenido en ningún lugar del mundo, pese a que el exministro ya no ostenta ningún cargo público o dignidad que le otorgue inmunidad.
El juez ecuatoriano y el fiscal Carlos Jiménez también demandaron a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Franklin Aisalla de 38 años quien habría sido torturado y ejecutado, en estado de indefensión, por los uniformados colombianos participantes en el operativo ilegal, según lo argumentan las autoridades del vecino país, basándose en el informe del Departamento Médico Legal de la Policía Nacional, el trabajo de dos forenses independientes, de nacionalidad francesa, y los testimonios de los sobrevivientes.
Según la información aportada por esas fuentes, el cuerpo de Aisalla presenta signos de tortura y fuertes golpes en el cráneo que le ocasionaron la muerte, lo que contradice la información dada por Colombia, que dice que este hombre murió a causa del bombardeo. Además, el cuerpo de Aisalla fue llevado a Bogotá, junto con el de ‘Raúl Reyes’, y fue confundido con el guerrillero ‘Julián Conrado’.
En la demanda se apilan 90 folios en los que se asegura que la muerte de Aisalla fue una ejecución extrajudicial, cometida por una fuerza militar que invadió el territorio del vecino país. La acusación contra Santos, como presunto responsable del delito de homicidio en persona protegida, se le imputa por haber declarado públicamente que, cuando era ministro de Defensa, fue él quien “planificó, dirigió y ordenó el operativo”.
Los fucionarios judiciales del Ecuador también solicitaron a la Interpol que expidiera la llamada ‘circular azul’ para localizar a Santos en cualquier parte del mundo, pero esta solicitud fue negada al interpretar que esta petición obedecería a fines netamente políticos, lo que contraviene el reglamento de la policía internacional. Ante esto, el Fiscal Geneal de Ecuador presentó su protesta a Ronald Noble, secretario general de la Interpol, argumentando que Ecuador sólo quiere que se ubique a Santos y que por ello no solicitó la ‘circular roja’, empleada para solicitar la captura de criminales de alta peligrosidad.
Por otro lado, la justicia ecuatoriana no puede juzgar al ex ministro directamente sino pedir a Colombia que se investigue su conducta. De hecho, Ecuador solicitó a la Fiscalía que entregara toda la información disponible sobre la ‘Operación Fénix’, pero el ente investigador colombiano se negó a cumplir con este requerimiento, argumentando de que se trataba de un asunto de seguridad nacional.
En conclusión, Santos no será juzgado por ahora y, además, goza de la inmunidad dada por Uribe, lo que resulta en que los lazos con Ecuador siguen rotos y en que aumentan las tensiones con el vecino país, lo que será un aspecto decisivo para el próximo periodo electoral y para el gobierno que suceda a Uribe.
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