Por: Ina Azafrán* – julio 11 de 2009
El pasado 9 de junio, cuatro días después de que se celebrara a nivel mundial el día del medio ambiente y de que los habitantes de la zona del delta del río Sinú se reunieran en los distintos municipios con los alcaldes y concejales para discutir la construcción del segundo dique de la Hidroeléctrica Urrá y las consecuencias del primero, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial negó la licencia ambiental para la construcción de la represa Urrá II en el departamento de Córdoba, en la costa norte colombiana. Los argumentos del ministerio para no dar el permiso de construcción de esta obra de infraestructura dan un respiro a los campesinos, pescadores, indígenas y habitantes de la zona de influencia del río Sinú, que desde los años 80 luchan contra este proyecto.
En un comunicado, el ministro Carlos Costa Posada informó que “los Parques Nacionales Naturales, como el Paramillo, no pueden ser tocados, lo dice la Constitución, lo ha reiterado en varias oportunidades la honorable Corte Constitucional. Además, ya existe solución para frenar las crecientes del Río Sinú, porque Urrá I está ampliando su capacidad”.
La represa Urrá II abarcaría cerca de 74.000 hectáreas, de las cuales 53.000 corresponden al parque y el resto están en territorio de los indígenas embera katío. Con el proyecto se pretende generar 350 megavatios y el gobierno asegura que, con su puesta en funcionamiento, se controlarían las inundaciones ‘generadas’ por el río.
Sin embargo, cuando se delineó el proyecto, que hoy hace parte del Plan Maestro de Desarrollo Integral de la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú, las inundaciones naturales causadas por el río eran aprovechadas por los habitantes y Urrá II estaba pensada como el dique principal. Por sus altos costos y la imposibilidad de conseguir la financiación total, se construyó inicialmente Urrá I, que tiene una capacidad instalada de 340 megavatios y produce cerca del 3% del total de energía en el país. El Gobierno Nacional anunció la puesta en venta de esta represa, argumentando su inviabilidad financiera.
Sin embargo, resulta preocupante que el único argumento del ministerio sea la zona protegida del parque y que, en su comunicado, no haga alusión a los tres resguardos indígenas Embera Katío ubicados en esta zona –Cañaveral, Karagavi y Río Verde– ni a las comunidades de campesinos y pescadores de las cuencas media y baja del río, que también se ven afectadas por este desarrollo. Las comunidades saben que a pesar de que ésta es una batalla ganada, no han terminado aún con todo el asunto, como bien lo anotó Juan José López Negrete, miembro de Asprocig.
Tanto el Ministerio de Minas y Energía como la empresa Urrá SA ESP han insistido en que la construcción de la segunda fase de Urrá es necesaria para evitar las inundaciones que en los últimos años han tenido que enfrentar las poblaciones ribereñas, aunque desde la década del 80 se analizaba ya que la construcción de la hidroeléctrica Urrá I traería como consecuencia la inundación de los terrenos circundantes.
La negación de la licencia ambiental, igualmente, ha ocasionado que ciertos sectores se declaren desde ahora en contra del cumplimiento de esta disposición: ya se han escuchado voces en Córdoba, departamento clave para el desarrollo de la política de los ganaderos y monocultivadores, y desde el mismo Ejecutivo que señalan que la presión de los ambientalistas no podrá evitar el desarrollo que el departamento tanto ha luchado. Desde hace 30 años, la élite política y económica de Córdoba, de donde proviene Uribe Velez, sostiene que la puesta en funcionamiento de la represa no sólo debe permitir un avance tecnológico del país en materia energética sino también un aumento en el turismo, que hasta el momento no se ha visto.
Hoy, a lo largo del delta del río Sinú, se pueden ver extensos monocultivos de palma africana, maíz y arroz, terraplenes sobre la ciénaga dedicados a la ganadería y los estanques construidos por empresas camaroneras, que se aprovechan del aumento en los niveles de salinización de la Ciénaga Grande de Lorica. Todo esto de propiedad de unos cuantos terratenientes o de empresas relacionadas directamente con ellos que se benefician de las inundaciones por tener los distritos de riego necesarios para mejorar con ellas la productividad de sus tierras. Al mismo tiempo, en los alrededores de la central hidroeléctrica, que exporta la mayor parte de la energía que produce, hay caseríos sin luz eléctrica, pequeñas parcelas inundadas, ríos y ciénagas sin peces, desplazamiento, amenazas y muerte.
A pesar de la inviabilidad jurídica del proyecto, los interesados en continuar con su construcción buscan “agotar la instancia de acudir al Consejo de Estado hasta tanto haya un concepto jurídico […] no estaremos tranquilos y satisfechos con la respuesta”, como señaló Alfredo Solano Berrío, presidente de Urrá SA ESP. El ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, ha venido insistiendo, igualmente, en que el proyecto debe ser aprobado de cualquier forma, aun pasando por encima de la Constitución, como en muchas otras iniciativas del actual gobierno.
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