Elecciones: Cerco a Bogotá

Octubre 21 de 2015

Seis de las siete candidaturas a la alcaldía representan los intereses de los poderosos de siempre: la derecha estrecha el cerco a Bogotá para recuperar los privilegios que considera perdidos.

Así las cosas, siete candidatos se disputan el segundo cargo del país y el próximo domingo 25 de octubre se definirá en las urnas el futuro de Bogotá. El juego de seis contra uno es injusto y establecido muy a propósito para beneficiar a los grandes capitales que, además de querer ganar o ganar, ven a la ciudad como un jugoso botín a asegurarse y a las políticas públicas de la Administración Distrital como un mapa de conquista de los recursos públicos para los próximos años.

La vieja política viene con seis caras distintas a reconquistar a Bogotá, luego de tres administraciones de izquierda que, pese a sus respectivas dificultades, desarrollaron políticas sociales, de garantía de derechos y ambientales que han cambiado el panorama de la ciudad para siempre. Sólo una candidata, Clara López, representa la continuidad de un modelo alternativo de ciudad que ha demostrado ser un gran avance para garantizar mejores condiciones de vida para la mayoría de bogotanos, pero también que, a pesar de las buenas intenciones, es insuficiente lo logrado hasta el momento ante la complejidad de los reclamos sociales de una urbe de más de ocho millones de habitantes. Adicionalmente, esta propuesta de una Bogotá distinta ha tenido que enfrentarse al hecho de que los gobiernos de Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro optaron, cada cual a su manera, por no afectar sustancialmente los intereses del gran capital a cambio de poder gobernar, por lo que sus alcances han sido hasta el momento muy limitados.

Seis peones para la derecha

Más allá de sus diferencias y de los sectores a los que representan, los candidatos Enrique Peñalosa, el exalcalde neoliberal apoyado frenéticamente por el mismo vicepresidente Vargas Lleras que trajo a los Nule a Bogotá; Rafael Pardo, el exministro de defensa que firmó el decreto que creó las Convivir y apoyó a los Pepes que, con el tiempo, terminaron formando parte de las AUC; Francisco Santos, el ultraderechista por quien hace campaña Uribe –mientras su maquinaria, valga decirlo, está con Peñalosa–; Daniel Raisbeck, el ‘anarcocapitalista’ que empieza su carrera anunciando privatizaciones por doquier; Ricardo Arias, el religioso vestido de populista; y Alexandre Vernot, el abogado de los banqueros Gilinski, coinciden en tres cosas: en primer lugar, en que no se debe permitir la continuidad de los gobiernos de izquierda en la capital; en segundo lugar, en que los problemas de los ciudadanos se resuelven con represión y militarización de la vida cotidiana; y, en tercer lugar, en impulsar un plan de expansión territorial hacia la sabana de Bogotá que ya ha sido pactado por los poderes que siempre han controlado el desarrollo urbano en su beneficio y que amenaza el futuro ambiental de la región andina y de toda Colombia.

Quien encabeza la lista de opcionados por las encuestas de los grandes medios de comunicación, ampliamente cuestionadas por posibles manipulaciones a los electores, es el exalcalde Enrique Peñalosa Londoño, quien se siente un abanderado de la causa de tapar con cemento la ‘despensa de Colombia’ para reemplazar con medio millón de viviendas y un número no determinado de condominios, bodegas y grandes industrias más de 100.000 hectáreas de los suelos más productivos del país, ubicados en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera (Cundinamarca), sin que en sus consideraciones parezca importar mucho de qué nos vamos a alimentar los colombianos en los próximos años.

Con esto no sólo se pretende ampliar la ciudad por toda su margen occidental, destruyendo de paso importantes ecosistemas y tragándose a los municipios vecinos, sino acrecentar las multimillonarias ganancias que los grandes empresarios de la construcción obtienen en Bogotá gracias, entre otras cosas, al plan de ordenamiento territorial que Peñalosa impuso durante su administración (1998-2000), el mismo que hoy se mantiene vigente luego de las artimañas jurídicas que evitaron que el actual alcalde, Gustavo Petro, lo reformara para que la ciudad dejara de extenderse hacia sus márgenes y empezara a crecer hacia arriba. La desastrosa gestión del suelo de la ciudad que se ha convertido en norma ha llevado a la expulsión de la inmensa mayoría de los bogotanos, especialmente de los sectores populares y de la llamada ‘clase media baja’, hacia las periferias de la ciudad, en particular hacia las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, es decir, hacia un occidente donde la alocada ubicación de conjuntos de edificios de apartamentos de cinco pisos y baja calidad constituye la única oferta de vivienda para una población que ya no tiene dónde ubicarse ni con qué pagar los altos costos que banqueros y urbanizadores han impuesto en el Distrito Capital.

De otra parte, encontramos a un Rafael Pardo que en unas ocasiones sigue a Peñalosa en las encuestas y en otras a Clara López. Mientras que Peñalosa cuenta con la impresionante maquinaria electoral de Cambio Radical y con la del exiguo Partido Conservador, a Pardo lo sustentan el presidente Juan Manuel Santos, los liberales, el Partido de la U y sectores del Partido Verde como el de Carlos Vicente de Roux y Claudia López –la misma que se promueve como una abanderada de la causa Lgbti mientras apoya al mismo candidato que los religiosos del partido MIRA y del sector liberal de Vivianne Morales, ambas agrupaciones abiertamente homofóbicas–.

Pardo ha sostenido una campaña donde hace gala de la eterna habilidad liberal para formar un discurso demagógico con las políticas sociales y en la que su capacidad de prometer no acabar con los programas asistencialistas de las tres últimas alcaldías le han granjeado cierto apoyo popular y de las clases medias, mientras los grandes medios olvidan de su responsabilidad política en el surgimiento del paramilitarismo moderno en los años 90 y lo promueven como un símbolo de supuesto buen gobierno y moralidad pública.

Ni Pardo ni ninguno de los demás candidatos de derecha ha planteado oposición alguna al plan de expansión territorial que Peñalosa esgrime públicamente y, por el contrario, defienden furiosamente iniciativas que lo harían posible, dejando de paso millonarios contratos de infraestructura a determinados sectores, como la intención de mantener el trazado original de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), que pasa por encima de tres humedales que nunca se recuperarían del impacto de una obra de estas magnitudes.

Así las cosas, los intereses de quienes aportan recursos a estas campañas coinciden con el discurso que defienden con terquedad los seis candidatos que cercan a Bogotá para continuar el legado urbanístico neoliberal de Mockus y Peñalosa, mientras los proyectos de privatización de lo que le queda al patrimonio de los bogotanos se palpan en el ambiente: con cualquiera de ellos ganan o ganan los eternos dueños del poder, como siempre.

Una dama a la izquierda

De otra parte del tablero, los avances en materia social durante los últimos once años en la capital son evidentes. Sin embargo, no puede ignorarse que la experiencia de las tres últimas administraciones demuestra que Bogotá es ingobernable sin que se cuente con la anuencia de los poderosos de toda la vida y sus amigos, todos ellos beneficiarios de la corrupción en la contratación pública y con el poder suficiente para forzar su voluntad y sus intereses, ya sea usando a miembros del concejo como sus apéndices o a funcionarios anclados en la Administración Distrital como arietes contra cualquier iniciativa que pueda perjudicarles.

Por esta razón, Lucho no se quitó de encima a las fichas claves de Peñalosa y Mockus en la burocracia de la ciudad. Tampoco lo hizo Samuel Moreno, quien logró ungirse alcalde aprovechando la ingenua expectativa de unidad y transparencia que numerosos sectores de izquierda depositaron en su candidatura y participó en el desfalco más recordado a las arcas públicas de todos los bogotanos. Y, por su parte, Petro decidió poner el freno de mano a varias de sus iniciativas más importantes ante la elaborada campaña de propaganda engañosa y sabotaje jurídico que recibió su alcaldía.

Como alcaldesa encargada, Clara López pudo sacar a la ciudad en pocos meses del caos en la que la sumió la pésima administración de Samuel Moreno, asunto que se ha vuelto el caballito de batalla de su campaña pero que a la vez se ha convertido en su mayor talón de Aquiles: desde todas las orillas políticas le cobran haber sido secretaria de Gobierno del alcalde más cuestionado de los últimos tiempos y en nada le ayudan algunos de sus aliados políticos que han resultado ampliamente cuestionados por corrupción en el pasado, como el samperista Jaime Dussán Calderón o gentes provenientes de la Anapo.

Quitarse de encima estas sombras y demostrar que la izquierda puede gobernar honestamente en función de los intereses de las mayorías sin necesidad de sostener pactos inconfesables con la derecha es el mayor reto que puede tener la candidata del Polo en lo que queda de la campaña y en un posible gobierno suyo, que tendrá que soportar toda la presión venida desde una élite que quiere recuperar sus privilegios a como dé lugar.

Una jugada difícil

Para los sectores populares y el movimiento social en Bogotá la situación ha resultado compleja, puesto que sus opciones conllevan grandes riesgos. Una parte importante de sus organizaciones ha venido apoyando la campaña de Clara López, en un complejo juego de alianzas en el que el temor a perder la Administración Distrital resulta uniendo a la gente, a pesar de la prevención latente porque la candidata resulte defraudando sus expectativas, como ocurrió ya con las pasadas administraciones.

Mientras tanto, vienen tomando fuerza quienes promueven el voto en blanco como forma de protesta ante una situación en la que no existe confianza alguna en ninguno de los candidatos, precisamente, porque no se estaría promoviendo una agenda transformadora para Bogotá, que supere las políticas asistencialistas con las que se han tratado de palear las graves consecuencias que ha traído para la ciudad la implantación de un modelo económico basado en la desigualdad, el despojo y la exclusión. Y, de otra parte, muchos ciudadanos decepcionados por las traiciones de otrora están optando por una abstención pasiva en la que da igual lo que ocurra con la ciudad.

El momento es crítico y requiere tomar decisiones intrépidas, puesto que este cerco electoral a Bogotá puede definir el retorno de la derecha al gobierno y es mucho lo que se puede perder en lo logrado en materia de derechos para las mayorías. Si embargo, no todo el peso lo tienen las urnas y, quede quien quede, la lucha social por una Bogotá con vida digna no da espera.

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