Se levantó el velo sobre los diálogos de La Habana

Septiembre 25 de 2014

Durante los dos años que completan los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la oscuridad y la especulación reinaron sobre los colombianos. Con la reciente revelación del contenido de los acuerdos parciales alcanzados en La Habana se abrió un nuevo capítulo en el camino de la paz y se permite a la ciudadanía formarse una opinión informada sobre el rumbo que el país tomará muy posiblemente en los próximos años. ¿Hasta dónde esto permitirá cambios realmente democráticos y de fondo en Colombia?

El pasado 24 de septiembre, hacia las 5:30 pm, la delegación de la guerrilla anunció la publicación de los documentos con los acuerdos alcanzados en los puntos 1, 2 y 4 de la agenda definida en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, emitido de forma conjunta por las partes el 26 de agosto de 2012 y que es la hoja de ruta acordada para los diálogos que se vienen desarrollando en la capital cubana. El gobierno hizo lo propio en la mañana del 25, antes de la intervención del presidente Juan Manuel Santos ante la asamblea general de la ONU. A pesar de los matices, ambos bandos coincidieron en que la publicación de los documentos permitía dar transparencia al proceso de paz, algo urgente en medio de un ambiente político tan polarizado como el que se vive hoy en Colombia.

Los documentos publicados revelan los borradores de acuerdos en los puntos de “Política de desarrollo agrario integral”, “Solución al problema de las drogas ilícitas” y “Participación política” que, según las partes, será definitivos sólo luego de haber terminado los diálogos sobre la totalidad de los 6 puntos de la agenda y quedarían pendientes de implementar a través de leyes y decretos que permitan su aplicación práctica, así como de los mecanismos de refrendación que sean necesarios para que hacer esto posible.

El anuncio sorprende no sólo porque se rompe el misterio que reinó durante dos años en torno a unos acuerdos que cada una de las partes filtró a los medios, usando cuentagotas y limitando la información, sino porque rompe el secretismo que el gobierno defendía a capa y espada, a pesar del interés mostrado por la guerrilla de que se dialogara “de cara al país”, según lo manifestaron sus voceros en La Habana desde que se empezaron a lograr acuerdos en materia de política agraria, al principio de los diálogos. Tanto así que Humberto de la Calle Lombana, el jefe negociador de la delegación del Estado colombiano, había asegurado en repetidas ocasiones que “la confidencialidad es necesaria para poder discutir libremente” y había señalado que revelar lo concertado hasta el momento podía poner en riesgo la existencia misma de la mesa de diálogo. Esto, a pesar de que lo discutido en la mesa de conversaciones no incumbe sólo al Estado y a las FARC sino que es fundamental para toda la sociedad colombiana.

A pesar de esto, hoy se conocen los acuerdos alcanzados en la mitad de los puntos que se vienen tratando en La Habana y, tímidamente, empieza el debate ciudadano frente a lo acordado. La censura a la que se había sometido esta información –que incluyó la estigmatización y el espionaje contra los periodistas independientes que trataban de entrevistar a las partes y hacerse una idea de lo acordado, incluyendo a nuestro editor– finalmente se rompió y pareciera que los monopolios de comunicación, como formadores de opinión, no saben qué hacer con ella y prefieren que una de las partes, la que tiene más poder en el país, les indique qué decir o cómo comportarse. Así, se repiten como un mantra las mismas cifras, los mismos datos, los mismos comentarios y las mismas entrevistas a ministros, funcionarios del alto gobierno y lideres gremiales, demostrando el desconocimiento de los periodistas en cuanto a los asuntos fundamentales del país y el interés de los dueños de las grandes empresas mediáticas por mantener el velo puesto sobre una opinión pública que necesita urgentemente conocer e interpretar estos documentos.

Mantener informada a la ciudadanía es uno de los deberes supremos de todo periodista y debería estar en el núcleo misional de todos los medios de comunicación, especialmente cuando se está debatiendo en La Habana el rumbo del país al menos para los próximos 20 ó 25 años, y es necesario que los colombianos hagan de estos acuerdos puntos centrales en un debate público en el que lo deseable sería que se democratizara la toma de las decisiones políticas y que éstas no se concentren en el ínfimo grupo de ‘iluminados’ que detenta el poder en el Estado o participa en el Congreso.

La tendencia, lamentablemente, parece ser la contraria. Fieles a los poderes económicos que los controlan, los grandes medios han seguido dosificando la información al público y puesto ante sus audiencias las voces de los mismos de siempre, dotándoles de una autoridad como intérpretes bastante cuestionable y dejando el análisis sobre los acuerdos en meras generalidades que, a fuerza de repetirse, mantienen en la opinión los mismos prejuicios sobre los diálogos de paz que se habían fabricado antes de estas revelaciones, especialmente los que buscan crear un ambiente desfavorable para la aplicación de las tímidas reformas que tengan que llevarse a cabo para que sea posible aplicar lo que salga de La Habana.

El gobierno de Santos, por su parte, aprovecha la ‘palomita’ para posicionar en el imaginario colectivo las opiniones de sus más altos funcionarios, a sabiendas de que quien conquiste la opinión tendrá una ventaja considerable a la hora de la definición de las leyes que sean necesarias para la aplicación de los acuerdos. Con esto, abona el terreno para que los cambios no afecten demasiado los privilegios de quienes ostentan los grandes poderes económicos del país y para aprovecharlos en favor de los sectores de la clase dominante que representa el gobierno de la ‘prosperidad’.

En lo que toca a la ultraderecha, encabezada por Álvaro Uribe, el mantener a la población en el desconocimiento de lo acordado en La Habana le favorece por poder implantar en la memoria de millones de personas su mensaje de intolerancia al cambio y de exigencia de una salida militar que termine en la muerte de los principales líderes de la guerrilla, en el apresamiento de otros tantos y en la rendición de sus estructuras políticas y militares sin que nada sustancial cambie en el país. Si el fantasma de la supuesta ‘amenaza terrorista’ vuelve a implantarse en el imaginario colectivo, gracias a la repetición frenética de una serie de teorías de la conspiración por parte de parlamentarios, analistas y periodistas adeptos a las doctrinas fascistas del exmandatario, y se obvia que los cambios propuestos en la mesa de negociaciones son apenas necesarios para parar la guerra, el país no sólo se hundirá en una mayor degradación del conflicto armado sino que terminará fortaleciendo, gracias a una autoinfligida ignorancia, a los sectores más retardatarios de la sociedad colombiana que el energúmeno senador representa: terratenientes de viejo cuño, ganaderos, ciertos agroindustriales y algunos beneficiarios del narco paramilitarismo, que buscan volver al poder y mantener su posición en la sociedad colombiana a como dé lugar.

Para los sectores populares y movimientos sociales la revelación de estos acuerdos representa una oportunidad única, puesto que impulsar su discusión puede permitirles enriquecerlos con sus propuestas y definir los derroteros de las luchas futuras. Esto, dado que si bien lo contenido en los documentos representa importantes avances en muchas áreas, también es cierto que es insuficiente para definir cambios profundos en las inicuas estructuras sociales y económicas del país, y que puntos de extrema sensibilidad, como la desbocada militarización de la sociedad colombiana y el modelo extractivista, no se están discutiendo en La Habana –y esto, hay que anotar, la guerrilla de las FARC no se lo ha peleado de forma contundente–. Así, el momento es de construir propuestas con las más amplias mayorías, generando un nuevo programa de lucha para el momento en que se den los cambios legislativos para la implementación de los acuerdos y para la etapa posterior, pues con un posible acuerdo final de paz no se terminarán las injusticias ni el poder cambiará de manos.

Desde El Turbión haremos todo lo que esté en nuestras manos para acompañar toda iniciativa de los movimientos sociales y las organizaciones populares por poner sobre la mesa esta importante discusión sobre el rumbo del país, para crear conciencia sobre estos acuerdos y para informar a una ciudadanía que requiere con urgencia otras miradas sobre los problemas fundamentales de una sociedad como la colombiana. En los próximos días ofreceremos a uds. un análisis más detallado de lo contenido en estos documentos y esperamos que, abriendo el debate público, podamos seguir rompiendo el silencio.

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