Por: Camila Ramírez – enero 22 de 2015
Más de 800 mecánicos de las minas de carbón operadas por Drummond han perdido sus trabajos en Cesar, La Guajira y Atlántico, luego de que, el pasado 31 de diciembre, la empresa Dimantec Ltda. decidiera prescindir de sus servicios sin justa causa.
Dimantec es una empresa de mantenimiento mecánico especializada en maquinaria minera que presta sus servicios a Gecolsa S.A., una filial en Colombia de Caterpillar, que a su vez es contratada por Drummond en una compleja maniobra de tercerización laboral de la que la multinacional carbonera saca importantes beneficios económicos, puesto que un trabajador contratado bajo esta modalidad recibe un pago mucho menor que uno de planta, aunque ambos cumplan las mismas funciones.
Al final del año pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Transportadora y Comercializadora del Sector (Sintraime), manifestó su preocupación por los despidos y han venido pidiendo al Ministerio del Trabajo que intervenga para garantizar que estas personas mantengan su estabilidad laboral y no queden en la calle. Sin embargo, hasta hoy Dimantec continúa con los despidos masivos sin que esa institución haga mayores esfuerzos por resolver el conflicto.
Drummond ha sido ampliamente cuestionada por sus vínculos con grupos paramilitares y los daños ambientales que sus operaciones generan en Colombia. Actualmente, según expresa su página web, explota las minas de Pribbenow, El Descanso, La Loma y Rincón Hondo, y espera licencia ambiental para hacerlo en Similoa y Cerrolargo, todas en el departamento del Cesar.
Despidos masivos
El pasado 20 de octubre de 2015, Dimantec reunió a sus trabajadores de las minas de Pribbenow y El Descanso, para anunciarles que Drummond había realizado una licitación en la que se definió que la empresa sería reemplazada en el contrato de mantenimiento por CHM Minería, una filial de Hitachi, y que esto implicaba la terminación de los contratos laborales a partir del 31 de diciembre de 2015, dejando a más de 800 personas sin trabajo, pues Dimantec no se ha comprometido a realizar un proceso de transición limpio con CHM, que permitiría que los trabajadores se acogieran a la figura de sustitución patronal prevista por la Ley y que garantizaría su estabilidad.
José Díaz, presidente de Sintraime seccional Chiriguaná, manifestó que la responsabilidad por la pérdida de estos empleos es de “las mismas multinacionales, Drummond y Gecolsa, que se inventan una supuestas licitaciones que no las hacen públicas en ningún momento, porque si hay una licitación […] se la tiene que hacer conocer, por lo menos, a los trabajadores”.
Sin embargo, los despidos empezaron mucho antes. Sintraime ha venido denunciando que antes del 31 de diciembre, varios trabajadores fueron llamados a descargos y despedidos sin justa causa. Es el caso de Alfonso Bohórquez, quien a pesar de estar amparado con fuero sindical, fue despedido el 14 de diciembre. En un comunicado, la organización sindical denuncia que “la empresa [..] tiene sobre la mesa cartas para despedir a directivos sindicales que estén presentes, como estrategia para que los trabajadores se pasen a laborar, pero en inferioridad de condiciones, con CHM Minería SAS”.
Por su parte, Dimantec dio plazo a los trabajadores hasta 30 de diciembre para renunciar y así poder ser contratados con CHM Minería, sin aclarar por qué ofrece esta ‘garantía’ de contratación en una empresa con la que supuestamente no tiene ninguna relación. Asimismo, Dimantec ha alargado los plazos en varias oportunidades con la intención de seguir persuadiendo a los trabajadores de renunciar a los derechos que ya tenían asegurados. Al respecto, José Díaz revela que:
Cuando están en la oficina les ofrecen el bono de retiro voluntario o la carta de despido […] no respetando ni fuero circunstancial, ni fuero de salud, ni fuero sindical, violando todos estos fueros, violando la Ley […] siguen presionando a la gente con las cartas.
A los trabajadores les indigna que algunos de sus compañeros despedidos padecen enfermedades laborales, como hernias discales, silicosis y estrés laboral, y por ello se encontraban bajo tratamiento médico. Además, aseguran que la empresa no está garantizando el debido proceso ni tampoco está realizando un seguimiento a los casos clínicos de los trabajadores. En este sentido, Jesús Zappa, presidente de Sintraime seccional Soledad, señala que:
Los compañeros se remitieron al lugar donde la empresa les dijo que se hicieran los exámenes y únicamente les están haciendo un examen físico. A nosotros, cuando ingresamos a la compañía, nos hacen examen físico, examen de espirometría, examen de audiometría, exámenes óseos. Apenas ahora están haciendo examen físico, entonces, no hay ninguna garantía que diga que sí estás en una condición física adecuada.
Además, la organización sindical asegura que muchos de los trabajadores que han renunciado lo han hecho bajo presión, debido a su situación económica y porque deben llevar un sustento a sus familias. Sobre este asunto, Jesús Zappa manifiesta que:
Estamos en una época donde ellos se aprovechan porque la gente tiene que, a principio de año, pagar matrícula, comprar útiles, comprar uniforme […] hay muchas cosas con la que ellos están jugando y [por las] que la gente, desafortunadamente, ha tomado la decisión de renunciar”.
Ministerio de trabajo y derechos laborales
A pesar de la crisis laboral en el Cesar, el Ministerio de Trabajo permanece en silencio. Al respecto, el sindicato Sintraime asegura que le han solicitado en varias oportunidades al ministerio que intervenga en el conflicto laboral, pero que hasta el momento la entidad no ha ofrecido soluciones concretas frente a esta problemática.
De hecho, el único pronunciamiento público alrededor de este conflicto lo dio el titular de esa cartera, Luis Eduardo Garzón, el pasado 9 de noviembre, cuando se refirió a las solicitudes de Dimantec, Archie’s, Hyundai y Pacific Rubiales para realizar los despidos masivos de al menos 7.000 personas, al señalar que:
“hemos recibido cartas de algunas empresas, y algunas empresas nos están diciendo ‘no tenemos más alternativa que despedir trabajadores’ […] los trabajadores le han prestado a esas empresas un gran servicio y no pueden ser ahora tratados como parte de sus pasivos”.
Ante el silencio del gobierno, los trabajadores han tenido que realizar plantones, mítines y jornadas de protesta frente a las sedes del Ministerio del Trabajo en Valledupar y Barraquilla para presionar a la entidad a sentarse a dialogar con el sindicato. Hasta el momento, se le asignó a los directores territoriales de Valledupar y Barraquilla la responsabilidad de acercarse a hablar con las empresas, pero aún no se ha logrado un acuerdo.
Por su parte, Sintraime exige que se abra una investigación a las empresas y multinacionales que operan en el corredor minero del Cesar, pues consideran que algunas de éstas continúan practicando la tercerización laboral ilegal y violando los derechos de los trabajadores. Es el caso de Gecolsa y Dimantec, que fueron sancionadas en abril de 2014 por el Ministerio de Trabajo por esta práctica, recibiendo cada una de las empresas una multa de 3.000 salarios mínimos. Dicha sanción quedó en el limbo, puesto que la decisión fue revocada por Rafael Pardo, quien entonces ostentaba el cargo de ministro de Trabajo.
Además, José Díaz denuncia que en el Ministerio de Trabajo de Valledupar:
[A Dimantec] le abrieron una investigación de oficio por una contratación informal […] ya hay un auto de una investigación preliminar con eso y, si hay estas investigaciones, ¿qué pasa con el Ministerio? Nos están despidiendo a la gente, no están cumpliendo el debido proceso, se están inventando maniobras, lo hemos venido denunciado, pero, cuando el empresario notifica por presunto cese de actividades, ahí sí están los inspectores.
Movilización por trabajo digno
Sintraime asegura que el conflicto laboral que se está viviendo en el corredor minero del Cesar se debe a las malas prácticas de las multinacionales que operan en la región y por políticas del Gobierno Nacional que facilitan la tercerización laboral, los bajos salarios, las enfermedades laborales y la persecución a las organizaciones sindicales y a los trabajadores sindicalizados, entre otras.
Por esta razón, Sintraime ha lanzado un llamado a la población en general a rechazar los despidos masivos de las multinacionales que se avecinan y a que los trabajadores luchen por una contratación directa y sin intermediarios, y condiciones dignas de trabajo. Al respecto, Jesús Zappa plantea que es necesaria la solidaridad y el acompañamiento a quienes están perdiendo sus empleos.
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