Por: Rebeca Buendía – 30 de junio de 2009
La principal forma de medir el problema de la vivienda en Colombia ha sido a través del déficit cuantitativo y cualitativo. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, formulado en 2000, preveía que en estos diez años la población crecería en 1´763.830 nuevos habitantes y que se requerirían para ellos unos 489.953 nuevos hogares. Esta cifra implicaba la necesidad de construir por lo menos 357.630 nuevas viviendas, para reducir el número de hogares por vivienda de 1.47 a 1.37, reducción del déficit cuantitativo.
Así las cosas, para poder contemplar soluciones a déficit numérico habitacional se deben contemplar problemas como el de la vivienda informal, el mejoramiento de la calidad y las familias localizadas en zonas de alto riesgo. Por eso, la Administración Distrital plantea la política de hábitat, aplicando estrategias de desmarginalización, reasentamiento y gestión de suelo urbanizado en condiciones inadecuadas, a través de la generación de proyectos de vivienda de interés social y mejoramiento de vivienda.
Un estudio realizado por Metrovivienda expresa que en Bogotá es menos caro construir vivienda legal nueva que legalizar los asentamientos que aún siguen sin regularizar su situación, puesto que los costos de titulación, de obras de mejoramiento y, sobre todo, de reubicar a las familias que están expuestas al riesgo son por lo menos de $4’761.338 por familia.
En consecuencia, la política de vivienda de interés social mantiene, a su interior, una problemática entre si los programas de vivienda garantizan la habitabilidad y la dignidad, como lo estarían demostrando unas cifras en ascenso, o si este tema no está siendo contemplado como se debe.
El precio promedio para la vivienda de interés social era, a noviembre de 2001, de $452.540,8 por metro cuadrado, mientras ese mismo costo hoy ronda los $900.000, con lo cual se puede observar que el problema es quién puede acceder a estos nuevos hogares: por su precio, se podría concluir que no necesariamente van a estar al acceso de la población más urgida de un techo, ya que a estas soluciones acceden solamente las familias que cuentan con posibilidades de crédito con corporaciones financieras.
Si nos aproximamos a la cuestión física, son amplias las falencias que encontramos en la vivienda de interés social: teniendo en cuenta que el tamaño del área construida no alcanza, en la mayoría de los casos, los 42m2 y que una familia promedio en Colombia cuenta con cinco integrantes, el área construida de la que podría disfrutar una persona es menor a los 8,3m2 en viviendas nuevas. En los hechos, existen unidades básicas que se entregan con un cuarto, que es al mismo tiempo dormitorio, sala y comedor; un baño, una cocina y un patio. Son cuatro espacios que se venden a familias de escasos recursos bajo el supuesto de que deben ‘sacrificarse’ por mejorar sus condiciones y pasar de barrios ilegales y en riesgo a vecindarios consolidados en conjuntos cerrados. Generalmente, son viviendas de desarrollo progresivo, para lo cual se entrega a cada nuevo propietario la casa en obra negra y un manual técnico para que la construya y termine.
Los espacios comunales también son reducidos, no se tienen suficientes zonas verdes, ni zonas para socialización con los vecinos, como sí los tienen los desarrollos de vivienda para estratos altos. Casos como el de Ciudadela El Recreo, al occidente de la capital, se limitaron a la evaluación previa de movilidad y conexión a redes de servicios públicos, sin contemplar criterios de habitabilidad y accesibilidad a la población más pobre.
El pasado 4 de febrero, Bogotá se levantó con una noticia: al suroriente, un deslizamiento puso en riesgo de colapso varias viviendas del barrio Buenavista suroriental, en la localidad de San Cristóbal. Lo curioso del caso es que este barrio es relativamente nuevo, fue construido bajo estudios de riesgo y allí adquirieron sus casas decenas de familias que habían sido reubicadas para evitar un desastre. Este caso desmiente la teoría que promueve a la vivienda de interés social como desarrollos seguros y que mejoran significativamente el nivel de vida de la población, siendo este apenas un ejemplo de lo que va convirtiéndose en una situación recurrente.
Así las cosas, las familias que acceden a la vivienda de interés social no son las más pobres, tienen que acceder a créditos para financiar a 15 años el excedente que no cubre el subsidio y, en muchos casos, no mejoran su situación. Por el contrario, son excluidas de nuevos programas y pasan a engrosar las cifras de los avances del gobierno en esta materia, sin que sean realmente beneficiarios de una política integral. Todo un boomerang que siempre devuelve a las familias al punto de partida.
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