Por: Marcela Zuluaga y Omar Vera – enero 19 de 2016
Aunque las voces de protesta no pudieron parar la subasta de Isagén del pasado 13 de enero, en la que el Gobierno Nacional vendió la participación estatal (57,6%) en la generadora de energía más grande de Colombia al fondo financiero Brookfield Asset Management por $6,49 billones, un grupo de congresistas radicó ayer una acción popular para detener la transacción, que no se habrá hecho efectiva sino hasta que la empresa canadiense transfiera los recursos de la venta, para lo cual tiene plazo hasta el 27 de enero.
La iniciativa, radicada en la tarde de ayer en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, fue firmada por los senadores Jorge Enrique Robledo, Antonio Navarro, Sofía Gaviria y Viviane Morales; por el representante Ernesto Macías; y por el abogado y columnista José Roberto Acosta.
Como hechos que justifican la acción popular, además de la existencia de un único oferente luego del retiro de la empresa chilena Colbún, se plantea que con la cuestionada transacción se estarían violando los derechos colectivos a la libre competencia económica, al patrimonio público y a la moralidad administrativa.
Por esto, los demandantes piden a los magistrados “decretar las medidas cautelares que consideren necesarias, razón por la cual solicitamos que se decrete la suspensión del proceso administrativo de adjudicación” de forma urgente o “se ocasionaría un perjuicio irremediable, basado en una actuación administrativa ilegal e inconstitucional”.
Según su página web, Brookfield tiene presencia en 20 países, cuenta con 100 años de experiencia en el sector energético y realiza 7.284 operaciones en el mundo. Este fondo ya había comprado en 2012 la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) por $808.000 en una controvertida operación y afronta investigaciones en Brasil y Estados Unidos por posibles pagos de sobornos por cerca de un millón de dólares con el fin de hacerse a millonarios contratos. Al respecto, Harry Goldgut y Sachin Shah, directivos del fondo de pensiones, señalaron en una entrevista con El Espectador que “este tema hace referencia a un asunto local en Brasil de hace siete años que no tenía fundamento alguno”.
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¿Qué tanto estamos perdiendo los colombianos con la venta de Isagén?
Isagén es una empresa de servicios públicos de economía mixta, cuyo objeto principal es la generación y comercialización de energía eléctrica, además de gas natural y otros energéticos de uso industrial como carbón y vapor. Está consolidada como agente fundamental en la industria de energía colombiana, teniendo una capacidad de generar 3.032 megavatios, alrededor del 18% del total de energía que se consume hoy en Colombia. Su mayor accionista es la nación con una participación de 57,66% de las acciones.
Con la venta de Isagén, el Estado colombiano se descapitaliza en cerca de $5,2 billones y pierde la tercera empresa generadora de energía más grande del país. Además, dejará de existir un regulador del mercado que impide el encarecimiento de los servicios públicos domiciliarios y, en términos ambientales, se pondrá en peligro la protección y conservación de más de 23.000 hectáreas de bosques y 5 millones de metros cúbicos de agua, ubicados en los predios que rodean las siete centrales de propiedad de la empresa y que dan hogar a más de 1.800 especies animales y vegetales.
Además de perder un gran activo, los colombianos perdemos autonomía energética, toda vez que el inversionista privado puede eventualmente vender la energía producida por Isagén a un mercado internacional donde los precios sean más favorables, teniendo en cuenta que la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa) posibilita hoy redes para la salida de la electricidad hacia los países vecinos. No obstante, esto ha generado una amplia polémica porque Colombia es el país del mundo con mayor potencial para generación por caída de agua y la exportación de electricidad traería enormes beneficios a la nación en un momento en que sus precios internacionales se encuentran al alza.
En febrero de 2012, el Concejo de Estado falló en contra del proceso de licitación del tercer canal de TV, alegando que sólo había un oferente y que, por tal motivo, no se podía hacer una subasta. Sin embargo, el ministro Cárdenas sigue argumentando que no se pueden equiparar ambos procesos y se mantiene en defensa de la venta de Isagén a Brookfield, a pesar de los señalamientos que lo involucrarían en un enorme detrimento patrimonial en un proceso que no habría cumplido los requisitos de Ley, según los demandantes.
El cuento de las carreteras ‘4G’
Para justificar la subasta de Isagén con un solo oferente, el gobierno ha señalado que los recursos obtenidos, que según los demandantes serían de unos $3 billones menos que lo prometido por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, serían destinados a financiar el paquete de concesiones viales de cuarta generación o ‘4G’.
El ministro Cárdenas, en una reciente carta al contralor general de la República, Edgardo José Maya Villazón, señaló que “la venta de la participación accionaria del Gobierno Nacional en Isagén hará posible completar el financiamiento del plan de inversiones en infraestructura vial más ambicioso de nuestra historia”. Los proyectos contemplados en el mismo estarían requiriendo inversiones cercanas a los $50 billones en la próxima década para financiar los créditos de las empresas concesionarias que, según los críticos, terminarían siendo pagados con dineros del erario público y no por los entes privados, facilitando manejos clientelistas de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
Ante la tarea de financiar inversiones de esa magnitud, se ha venido hablando de dos etapas en dicho proceso de financiamiento. En primer lugar, la fase de construcción, en donde los principales actores financiadores serían, según la Asociación Nacional de Estudios Financieros –ANIF:
i) la banca local, aportando un 30% del total de financiamiento privado; ii) la banca externa, contribuyendo con un 26% del total de financiamiento; iii) el equity de los concesionarios (internos + externos), con aportes por el 20% del total; iv) los fondos de capital privado (14% del total), logrando atraer a los inversionistas institucionales a la etapa de construcción, previa a la emisión del Bono de Infraestructura; y v) las multilaterales – FDN (10% del total) mediante deuda subordinada, la cual podría apalancarse (en parte) a través de las eventuales privatizaciones de Isagen – Ecopetrol.
En segundo lugar, estaría la etapa de operación y mantenimiento, en la que, según la ANIF:
se entraría a repagar la deuda incurrida en la primera etapa con los recursos provenientes de: i) los peajes de las concesiones; ii) los recursos públicos de vigencias futuras, donde se han aprobado cerca de 12 puntos del PIB en VPN para el período 2014 – 2044; y iii) la emisión del Bono de Infraestructura, donde se tiene pensado incorporar masivamente a las AFP.
Con esto, de acuerdo a los críticos, los recursos para el pago de los créditos no provendrían principalmente de los concesionarios privados sino del pago de los ciudadanos por usar estas carreteras y del los impuestos que pagamos todos los colombianos.
Si bien el Estado necesita el dinero para invertir en infraestructura vial, las voces de protesta contra la venta de Isagén señalan que la solución no debe ser debilitar el patrimonio de todos los colombianos sino que los recursos podrían provenir de una reforma tributaria que, de forma justa y no como la que actualmente estudia el gobierno, permita obtenerlos de las grandes empresas, que serán las más beneficiadas con las vías de cuarta generación. Otra opción podría ser un crédito internacional bien negociado que se pagaría con los más de $2 billones anuales que en promedio le deja Isagén al Estado. Todo esto, sin necesidad de perder un activo clave para la nación.
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