Agosto 5 de 2007
La audiencia realizada el 3 y 4 de agosto en Bogotá fue el escenario del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para el análisis del contexto de impactos de las petroleras. A través de numerosos testimonios y pruebas documentales, se dictaminó la condena, por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, al Estado Colombiano, a las transnacionales Oxy, Repsol y BP, a los Estados a los cuales pertenecen las multinacionales y, especialmente, al gobierno de los Estados Unidos.
La audiencia petrolera contó con jueces internacionales de reconocida procedencia y trayectoria y con una gran cantidad de testigos y representantes, principalmente de organizaciones y municipios de Arauca, que dieron cuenta de los impactos lesivos en la población de los departamentos de Boyacá, Arauca, Casanare y Norte de Santander en el oriente colombiano.
La sesión, que fue convocada por diferentes organizaciones sindicales y sociales, hace parte de una serie de audiencias que conformarán una audiencia final a realizar a mediados de 2008, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo Colombia. El primer tribunal de los pueblos se realizó en 1979, para el tema de la guerra de Vietnam.
Como acto de inauguración se realizó, el pasado jueves 2 de agosto, un evento simbólico en la Plaza Manuel Gustavo Chacón, ubicada frente a la sede de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), consistente en acto de conmemoración político y cultural para revivir la memoria histórica por los múltiples asesinatos de dirigentes sociales y sindicales como: Manuel Chacón, Alirio Martinez, José Trinidad Torres, Juan Guerra, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche. Esta actividad contó con la participación de distintos grupos musicales de los departamentos de Arauca y Casanare, una compañía de danza infantil y varias agrupaciones de Bogotá, como las destacadas El Furibundo y Skartel.
La audiencia petrolera fue instalada formalmente el viernes, a través de un acto de presentación de los jueces y de las características de un tribunal de opinión.
Las impunes y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos: actuación de las petroleras con la colaboración del Estado Colombiano
Los jueces y los numerosos asistentes a la audiencia escucharon la presentación de peritos y pruebas documentales, así como gran número de desgarradores testimonios directos.
“Las industrias petroleras son las más poderosas del mundo y se dedican a la acumulación de capital y de recursos de hidrocarburos”, mencionó Marcelo Ferreira, integrante del grupo de jueces del Tribunal. El problema de las petroleras, tiene un trasfondo ambiental en el sentido energético: los combustibles fósiles son cada vez más escasos y costosos, lo que hace preciado el recurso de hidrocarburos en todo el mundo. Los mayores consumidores de energía son las empresas y los individuos de Norteamérica y Europa, crecientes consumos que explican, aún más, el interés de las multinacionales petroleras.
En este interés de acumular capital y control de los recursos energéticos, han existido múltiples violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal en muchos municipios de Arauca. Allí no son aisladas las torturas, las amenazas y, en general, las persecuciones y hostigamientos a sindicalistas que, en muchos casos, han terminado en asesinatos que hasta hoy permanecen en completa impunidad.
Cabe recordar que la persecución de sindicalistas en Colombia es de las más graves en el mundo: según el último informe de Amnistía Internacional, ya suman más de 3.000 aesinatos de estos líderes sociales. En el área petrolera, las muertes suman un total de 105 miembros de la Unión Sindical Obrera (USO).
El derecho a la libertad también ha sido esquemáticamente vulnerado a través de numerosas detenciones arbitrarias e ilegales, y más grave aún, fueron denunciados casos de detenciones masivas, como una denunciada en Saravena, Arauca.
También fueron condenadas las llamadas “Zonas de Exclusión”, en donde se restringe el derecho a la libre circulación por medio de excesiva militarización, compuesta por fuerza pública y organismos de seguridad privada, quienes no permiten que los ciudadanos lleven mercados mayores a $150.000, pues son tildados de colaboradores de la guerrilla.
Los derechos de las comunidades indígenas también han sido vulnerados de forma grave y reiterada. Siendo los territorios ancestrales un obstáculo para la extracción del crudo, las expulsiones de grupos completos de sus zonas propias ha sido una constante en las operaciones de exploración y extracción petrolera. A 18 comunidades indígenas se les han vulnerado sus derechos, por lo que se denunciaron etnocidios y desconocimientos de la consulta previa indígena y del Convenio 169 de la OIT.
Otro gran afectado, de manera impune y frontal, es el medio ambiente: la deforestación de miles de hectáreas, las graves contaminaciones en la cuenca del río Orinoco y las alteraciones en los cuerpos de agua son consecuencias directas de las actividades extractivas, entre las cuales se resaltan: pozos de extracción, piscinas de tratamientos de aguas, lagunas de estabilización, campamentos militares, helipuertos y aeropuertos, que han destruido bosques y, en general, la biodiversidad y los territorios ancestrales de las comunidades indígenas.
Es tan grave y evidente el impacto al medio ambiente que, incluso, los funcionarios públicos son víctimas: el propio gerente de la autoridad ambiental Corpoorinoco fue asesinado.
Todos estos crímenes se han realizado de forma sistemática y han sido perpetrados por las petroleras con la tolerancia del Estado colombiano, obedeciendo al contexto del problema energético y de las ganancias de las multinacionales, por lo cual han permanecido en completa impunidad, desconociendo la obligación estatal de investigar, juzgar y de brindar un recurso efectivo de acceso a la justicia. Ni siquiera existen investigaciones preliminares en muchos de los casos.
Todo esto se agrava con el tema de la parapolítica: “se vestían de senadores por la mañana, comerciaban cocaína en la tarde y daban órdenes a paramilitares en la noche”, mencionó uno de los expertos peritos de la zona.
La sentencia
Llamando a “tomar distancia de la información ordinaria que se vierte sobre Colombia”, en uno de sus apartes, y añadiendo que la comunidad internacional debe “tener en cuenta que en un país donde ocurren tantas atrocidades […] no puede considerarse viable a la fuente oficial ni a las fuentes que han permitido silenciar todos estos crímenes”, la sentencia anunció responsabilidades directas emanadas de la normatividad interna, y de la internacional en materia de Derechos Humanos, que indican crí¬menes de lesa humanidad
Occidental Petroleum Corporation (Oxy), Repsol y British Petroleum Company (BP) sonseñalados por el tribunal como culpables por explotar, contaminar y violar los derechos humanos de sindicalistas y comunidades enteras, a través de la excesiva militarización. Así¬ mismo el gobierno de Colombia, por no proteger a los individuos y comunidades amenazadas, por la utilización de la fuerza publica frente a la población civil, por desconocer la consulta indígena y por no investigar, perseguir y juzgar a los responsables.
También se condenó a los gobiernos de los países de las multinacionales y, especialmente, al de los Estados Unidos, por la extrema militarización y persecución a la población civil.
Estas condenas, se resolvió dirigirlas a la audiencia final y se expresó el deber de difundirlas ampliamente a la opinión pública, con el fin de lograr reconocimiento y solidaridad hacia todos los afectados, con miras a llegar a una real reparación integral de las víctimas.
El tribunal recomendó varias medidas. Entre ellas, que organizaciones sociales e intelectuales elaboren propuestas de tipificación de los daños ambientales y control de las empresas multinacionales que sean eficientes y adoptadas por el Estado Colombiano. También hizo un llamado a los accionistas de las empresas petroleras para que se informen y controlen las actividades de sus filiales.
El tribunal, finalmente, se dirigió a la Corte Penal Internacional para que no retarde más la decisión de admitir el caso de Colombia entre los crímenes de Lesa Humanidad.
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