Por: Manuel Giraldo – febrero 29 de 2016
La alerta por una posible emergencia de salubridad y afectación de terrenos en las veredas San Rafael, Alto Charco y San Miguel se activó entre los residentes luego de conocer que se piensa instalar una planta de compostaje en la que se recibirían 210 toneladas semanales de desechos orgánicos provenientes de Corabastos.
Para más de 150 familias que hacen parte de la comunidad habitante de las tres veredas, la instalación de la planta traerá consigo serias consecuencias que, a corto y mediano plazo, causarán fuertes problemas para sus hogares y estilo de vida. Entre ellos, la proliferación de plagas, la devaluación en los precios de los terrenos y, lo más preocupante, la posibilidad de serias afectaciones para la salud y de contaminación del medio ambiente.
Un residente afectado relata que:
El terreno en el que pretenden instalar la planta de compostaje representa un peligro inminente para la gran mayoría de la población de las tres veredas, ya que sus dimensiones y ubicación representarían un impacto directo al estilo de vida de todos los residentes. Según describen los dueños del predio en el que se pretende montar la planta, recibirán 30 toneladas diarias de desechos de Corabastos, lo que significaría una transformación total del suelo y un impacto ambiental que no ha sido tomado en cuenta.
Varios son los sectores económicos, industriales, sociales y ambientales que se verían afectados. En primer lugar, la comunidad prevé que el olor y cambio del ambiente puede alcanzar varios kilómetros a la redonda, debido a las dimensiones del predio en el que será instalada la planta. Además del olor a desechos que traerá consigo la contaminación del aire y problemas respiratorios, se teme por la proliferación de mosquitos, roedores y plagas similares.
La ubicación del sitio no puede ser más desafortunada para los habitantes, pues, de acuerdo a lo descrito por ellos, la distancia mínima a la que una planta de compostaje debe estar de residencias y zonas civilizadas debe ser de 500 metros. Sin embargo, ésta se instalaría a tan sólo 200 metros de por lo menos once familias. Por otro lado, el impacto que tendrán los residuos en el ambiente también será perceptible en una escuela primaria y su sede secundaria, ubicadas a escasos kilómetros de lugar. Además, la vía que colinda con el predio es un paso obligado para los estudiantes.
Según la comunidad, el impacto que tendrá en el ambiente que caracteriza a las tres veredas también tendrá consecuencias directas en una de las fábricas de oxigeno más importantes del país, la zona rural de Sibaté, pues la contaminación del aire derivada de los residuos orgánicos impactará en el proceso de obtención de oxígeno de calidad.
Las vías de acceso a las veredas desde el casco urbano de Sibaté también se verían comprometidas al no estar diseñadas para soportar el paso de vehículos pesados, los cuales serían el único medio para transportar los cientos de toneladas semanales a la planta. Esta situación hace también evidente la inadecuada ubicación en la que se pretende construir el proyecto.
Teniendo en cuenta todos los argumentos y observaciones que preocupan a los residentes de las tres veredas, éstos se han esforzado por llevar su caso ante las autoridades competentes, en este caso a nivel municipal. Sin embargo, aseguran que desde la administración saliente de Ramiro Ramírez, el apoyo a la creación de la fábrica de compostaje parece tener prioridad sobre la comunidad. De acuerdo con un habitante perjudicado:
Llevamos nuestras inconformidades y argumentos directamente al alcalde, también a Secretaría de Planeación municipal, pero la respuesta que nos dieron es que dicha planta no traerá consecuencias a nuestro ambiente y estilo de vida. Asimismo, se apoyaron de un permiso urbanístico, en el cual sólo se especifica la autorización para la ampliación de una casa familiar de un piso y otro espacio más, pero en ningún lado se contempla la adaptación de todo un predio para el tratamiento de residuos.
Otro de los inconvenientes que ha tenido la comunidad al momento de denunciar es la estrategia que la empresa involucrada tiene para zafarse de las acusaciones. Mediante el constante cambio de razón social se han visto entorpecidos los procesos que los habitantes han tratado de gestionar para hallar solución al problema.
Inquietas por la falta de ayuda de la administración municipal, las más de 150 familias perjudicadas esperan recibir apoyo de lugares con experiencia en el tratamiento de casos similares, pues aseguran que en el Valle del Cauca se vivió una situación parecida con una planta de tratamiento de residuos, pero la comunidad logró proteger el ambiente y conservar su tradición agrícola.
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* Publicado originalmente en Periodismo Público.
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