El resultado de las elecciones en Chile rompió la prolongada administración de la Concertación en el país austral, coalición política a la que Pinochet cedió el poder al final de la dictadura y que no promovió cambios sustanciales en el país. Por el contrario, perfeccionó medidas de represión y políticas económicas neoliberales que la dictadura había implementado.
Ahora que la Concertación cede el poder a Piñera, los cambios que ha esperado Chile serán más difíciles de conseguir: el nuevo presidente, electo con el 51.6% de los votos, representa a los sectores y clases que apoyaron a Pinochet durante su dictadura y que no están dispuestos a propiciar cambios a una constitución que se hizo a la medida de las multinacionales norteamericanas y de multimillonarios como Piñera, dueño de acciones en distintas empresas que juntas superan los 1.500 millones de dólares. Por el contrario, es posible que se recrudezca la situación social en Chile y que cambie la balanza política en Suramérica, al verse Piñera como aliado seguro de gobiernos como el de Alan García, en Perú, y el de Álvaro Uribe, en Colombia, cuando habla de la segunda pacificación de la Araucanía, región chilena caracterizada por un fuerte conflicto social y por constantes luchas indígenas por la tierra y los recursos naturales.
Piñera recibe un país que no ha cambiado mucho después de Pinochet: los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad pagan condenas en cárceles que parecen hoteles cinco estrellas, no se ha otorgado indulto a todos los antiguos presos políticos pero sí a dos pedófilos de redes internacionales, opositores durante los primeros años de la coalición han sido asesinados, el dictador gozó de impunidad al no ser juzgado en Chile por los crímenes que cometió, se convirtió en senador vitalicio y se evitó que fuera juzgado por Inglaterra, mediante una estrategia en la que está involucrado el excandidato presidencial Eduardo Frei, representante de la Democracia Cristiana, de tendencia conservadora. Además, los dineros estatales subsidian al sistema de educación privada, los servicios de agua y luz son privados, las condiciones de trabajadores y sindicatos es precaria, las tasas de interés propician que las familias pierdan sus viviendas y que centenares de personas vivan en la calle, anarquistas que hacen de casas abandonadas centros culturales son estigmatizados y judicializados de manera arbitrarias y los indígenas mapuches son sindicados de terrorismo por defender sus territorios y exigir que otros, que han sido arrebatados a la fuerza, les sean devueltos.
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