Por: Rosa Luza* – agosto 20 de 2009
Dice mi pueblo que puede leer
En su mano de obrero el destino
Y que no hay adivino ni rey
Que le pueda marcar el camino
Que va a recorrer
– “Adagio a mi país”, Alfredo Zitarroza
Este 25 de octubre se llevarán a cabo las elecciones por la presidencia en la República Oriental del Uruguay. En esta ocasión, los candidatos a disputarse los comicios son el ex presidente de derecha Luis Alberto Lacalle, de Unidad Nacional, y José ‘Pepe’ Mujica, ex tupamaro y reconocido dirigente del izquierdista Frente Amplio.
Uruguay se encuentra situado al sureste de América del Sur. Es un país pequeño, con una superficie de más de 176.000 km2 y tiene una población de 3’314.466 habitantes. La contienda electoral definirá no solamente la continuidad de los programas del gobierno de Tabaré Vásquez, también del Frente Amplio, sino la configuración política de una región que, en su mayoría, está optando por gobiernos democráticos y que defienden sus intereses nacionales.
En cuanto a los candidatos, el ex presidente de la República (1990-1995), conservador y de derecha, Luis Alberto Lacalle fue electo en 1971 diputado por el sector herrerista del Partido Nacional y ocupó ese cargo hasta el golpe de Estado de Juan María Bordaberry, el 27 de junio de 1973. Actualmente lidera el sector Unidad Nacional.
Por otro lado, se encuentra José ‘Pepe’ Mujica, quien hizo parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, brazo armado de la izquierda revolucionaria uruguaya. Mujica fue apresado en los años sesenta y pasó 14 años detenido en unidades militares. Actualmente preside la coalición de izquierda que conforman el Frente Amplio, Encuentro Progresista y Nueva Mayoría. En las elecciones de 2004 fue el senador elegido con mayor cantidad de votos, cargo al que renunció al ser designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca por el presidente Tabaré Vázquez, abandonando también esa posición tiempo después para retornar a su banca en el Senado.
Un poco de historia
Tanto en Uruguay como en el resto de América Latina, entre los años cincuenta y ochenta, se implementaron programas de gobierno ortodoxos y conservadores, de los cuales ninguno se logró con éxito, ya que fueron medidas que los pueblos pagaron muy caro. Así, reducciones temporales de la inflación y de la deuda externa se combinaron con grandes aumentos del desempleo y una reducción de la mano de obra en la producción. Con el fin del Estado de Bienestar y el intento por parte del Uruguay de abrirse a los mercados internacionales, comienzan a darse en el país una serie de cambios que alteran la estructura socio económica y que tendrán consecuencias en diferentes esferas de la vida social de la población.
La implantación del modelo económico neoliberal en el Uruguay empieza a fines de los sesenta, se estructura con la dictadura y se consolida en el gobierno represivo de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), periodo caracterizado por iniciativas como la Ley de empresas públicas, que consistía en sacar estas empresas de la órbita del Estado para entregárselas a privados. Se logró la derogación de esta Ley a través del referéndum de 1992, con un 42% sobre 28% de los votos, un intento privatizador ‘a lo Menem’.
Este modelo neoliberal impuso fenómenos estructurales como la pobreza extrema, la marginalidad y la exclusión; la precariedad del empleo y la ‘flexibilidad laboral’; el bloqueo del acceso estable a una buena educación, salud y vivienda; el cierre de horizontes de movilidad social, entre otros. Esto provocó una erosión de las bases del desarrollo social uruguayo, generando una fuerte ‘infantilización de la pobreza’.
En este periodo de profundización del régimen capitalista se concentraron tres falencias fuertes para el desarrollo social del Uruguay: el desbalance generacional de la pobreza, un aumento de desempleo y la precarización de las estructuras familiares, así como un aumento de la desigualdad –regional, social, residencial–, a decir de algunos economistas.
No solamente se precarizó la situación social y económica del país sino que también se implementó la represión más cruel desde la dictadura militar. En agosto de 1994 se produjo uno de los hechos mas sangrientos, la masacre del Hospital Filtro, ejecutada por el ministro del Interior Ángel María Gianola. Montevideo recibió, en esa época, a 18 nacionales vascos perseguidos por el gobierno español por considerarlos miembros de ETA, 13 de los cuales fueron liberados, siendo los demás extraditados luego de una dura huelga de hambre, a la cual apelaron para lograr el asilo político, institución que para los uruguayos fue fundamental en las crudas épocas de la dictadura cívico-militar.
El 24 de agosto de ese año, una marcha de obreros y estudiantes llegó a las inmediaciones del Filtro, donde la Policía comenzó un operativo de desalojo de los manifestantes, encerrándolos en una emboscada: policías de civil esperaban a los manifestantes cuando estos se dispersaban hacia los barrios cercanos para detenerlos o atacarlos. Así fue como, por múltiples disparos de escopeta recortada, fue asesinado Fernando Morroni, un estudiante de tan sólo 24 años. Otro estudiante y militante embestido hacia la madrugada de ese día fue Roberto Facal. Además de los cientos de heridos graves por los golpes y los disparos de esa noche.
Vientos de esperanza
Las políticas implementadas en los 90 fueron las más duras contra la clase obrera y trabajadora, que sintió profundamente la explotación y, junto con los estudiantes, la represión. Hubo una pérdida de la industria manufacturera, se disolvieron los concejos de salarios –instancia fundamental de negociación colectiva entre el Estado, el patrón y el obrero–, se produjo un severo ajuste fiscal que redujo el salario real de los trabajadores en un 15%, con una inflación acumulada del 33%, según los datos publicados por el economista Daniel Olesker.
Es por esta razón que, el 19 de agosto, la central sindical del Uruguay (PIT-CNT), junto a organizaciones sociales, realizará un acto en la ciudad de Bella Unión, donde se realizará la ‘Marcha de la Esperanza’, cuyo objetivo es recordar y repudiar las políticas implementadas en el gobierno de Lacalle.
En las elecciones de octubre, Uruguay se enfrenta a dos caminos a elegir: el regreso a las políticas neoliberales, conservadoras y represivas, de una parte, o la continuidad y profundización de los cambios que el actual gobierno de izquierda viene sembrando, como el aumento del salario mínimo o del gasto en educación y salud.
Es decir, el gobierno de Tabaré Vásquez ha intentado dar una respuesta sensata a la coyuntura, buscando palear las necesidades más inmediatas de la población, que habían sido descuidadas por los gobiernos anteriores. Se produjeron cambios sociales, políticos, económicos e históricos fundamentales para el avance hacia un país con mayor justicia social y equidad: se reabrieron industrias que estaban cerradas, se reactivaron numerosos frigoríficos, así como la industria del vidrio, la del azúcar, la de las llantas y la maderera, entre otras.
Adicionalmente, se promovió una recuperación salarial de un 25% y se organizaron nuevos sindicatos: de policías, de trabajadores rurales, de empleadas domésticas, de servicios de limpieza, entre otros. Hoy, la afiliación a la central sindical PIT-CNT es la más alta de la historia.
Por otro lado, se atendió la pobreza extrema, buscando atender la ‘infantilización de la pobreza’ uruguaya, a través del plan de asignaciones familiares, donde se busca mejorar el bienestar de las familias y los niños de niveles socio económicos más vulnerables.
Cabe destacar algo fundamental por lo que se vota en octubre y que determina un camino democrático completamente distinto para el Uruguay, además de los cambios sociales: la iniciativa por la Ley de Caducidad, intento para que los militares que torturaron y participaron en las desapariciones durante la dictadura cívico-militar uruguaya, tengan juicio y castigo, a favor de las víctimas. El pueblo uruguayo ha podido recuperar en estos últimos tiempos los restos de algunos desaparecidos, asesinados y enterrados en predios militares nacionales o en otros países. Aunque la mayoría continúan desaparecidos y algunos de sus hijos no han recuperado su identidad aún.
Después del fin de 12 años de dictadura militar en Uruguay y de los sucesivos gobiernos neoliberales, lo que se va a definir en las elecciones de octubre será si se deben continuar los cambios que el pueblo tanto esperó, si deben seguir existiendo los ‘vientos de esperanza’.
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