Enero 22 de 2010
El concepto favorable que, el pasado 12 de enero, emitió el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al referendo reeleccionista, recomendando a la Corte Constitucional que declare válido el plebiscito con el que Uribe Vélez se juega una de sus principales cartas hacia un tercer periodo presidencial, aclara los caminos que se encuentran en la la ‘encrucijada del alma’ que el mandatario ha padecido durante los últimos ocho años. La aprobación de la iniciativa no será, sin duda, la única vía para garantizar la continuidad del proyecto político que las clases dominantes han puesto en manos del mandatario, principal representante de sus intereses económicos, y se empiezan a dilucidar sus opciones ante el proceso electoral de mayo.
Por eso, no sorprende que, con toda la naturalidad de un candidato que se sabe en campaña, Uribe Vélez haya optado por aceptar la recomendación que, el 14 de enero, emitiera el fervoroso procurador en torno a suspender la transmisión en directo de los consejos comunales de gobierno, una de las formas más conocidas que tiene el mandatario de hacer campaña y de asignar los dineros públicos por cuotas políticas entre funcionarios locales afines a su política.
Para el presidente y su séquito, la campaña por un tercer periodo presidencial empezó el 7 de agosto de 2006 y se ha intensificado en los últimos meses, combinando una gira silenciosa del presidente por las regiones, que emplea los medios comunitarios y locales como plataforma de difusión, y una intensa actividad de parte del cuestionado ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, y de un amplio grupo de lobbistas para apalancar el proceso del referendo en el Congreso, la Procuraduría, la Corte
Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. La primera opción de la derecha sigue siendo forzar el entramado legal para que se realice la consulta a la ciudadanía y sea posible mantener a Uribe en el poder usando los medios legales y la constitución, ya fuertemente modificada a conveniencia del mandatario.
Pero, de no servir la presión ni las prebendas para lograr la aprobación del referendo a toda costa, el gobierno también podría recurrir a forzar la realización del mismo, valiéndose de la existencia de una supuesta ‘voluntad superior’ representada en las firmas que avalan la reelección y de la supuesta popularidad que mantiene Uribe. Aquí, la existencia en la Ley de plazos concretos y de mecanismos institucionales se invalida ante una ‘soberanía’ que un amplio grupo de ciudadanos estaría concediendo al jefe del Ejecutivo para modificar las leyes a su conveniencia –nada nuevo en el gobierno de la ‘seguridad democrática’ y la impunidad– o para romperlas abiertamente, según sea el caso, dado que, legitimadas las arbitrariedades en la popularidad, la dictadura de la opinión permitiría la existencia del más antidemocrático de los regímenes: el gobierno de un solo hombre, sustentado en el guiño de los millones a los que nunca consultará sobre sus actuaciones.
Tampoco es descartable un golpe palaciego. Bastante ha aprendido Uribe de su antiguo colega Fujimori como para desperdiciar la oportunidad que se le presenta de invalidar la Constitución durante un ‘periodo especial’ que coincida con época de elecciones. No son pocos los funcionarios cercanos a Palacio que señalan en corrillos las conversaciones de ministros, secretarios y asesores en las que se teje esta opción para matar varios pájaros de un solo tiro, ni tampoco han sido pocos los analistas que han señalado esta alarmante posibilidad. Anulados los contrapesos del poder del Ejecutivo y respaldado por la ‘voluntad superior’ de una ciudadanía manipulada a conveniencia por los monopolios de comunicación, quitar del camino a las Altas Cortes, a los entes de control y a la oposición, respetando una mascarada constitucional con unas nuevas elecciones, no sería tampoco un problema para el gobernante paisa.
La cuarta opción para Uribe y los patrocinadores de su gobierno de exabruptos estaría en mandar al hombre del carriel de vacaciones al Ubérrimo o a la embajada en Washington –donde aprecian bastante su particular forma de ‘fortalecer la democracia’–, sólo para reencaucharlo en 2014, mientras el jugador de la banca, el ex ministro Juan Manuel Santos –uno de los dueños de la poderosa Casa Editorial El Tiempo, recientemente amalgamada con el Grupo Planeta–, sería el ideal ocupante del solio presidencial y el principal garante de los intereses de quienes realmente se han beneficiado de este proyecto, apoyados en el paramilitarismo, el narcotráfico, la corrupción, la violencia y el empobrecimiento sistemático del pueblo.
Sigue la campaña presidencial, mientras que el único candidato que no ha hecho pública su aspiración será quien defina el rumbo del país. La continuidad del régimen está garantizada, al no contar la oposición con las herramientas para enfrentarlo y al ofrecerle las mayores rentabilidades a quienes lo concibieron. Cabe preguntarse si esa misma gran burguesía soportará a Uribe hasta el momento en que perjudique sus ganancias por su ansia de poder o si, como en el caso del fascista Laureano Gómez –de quien el papá de Tomás y Jerónimo ha retomado gran parte de su ideario– o del propio Fujimori en Perú, lo desecharán a tiempo para poner a algún otro carismático político emergente que sea capaz de aplicar sus planes hacia el futuro.
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