Por: Johanna Cassaleth – febrero 3 de 2010
La justicia colombiana dejó libre a 46 militares procesados por los crímenes de Estado cometidos contra jóvenes de Soacha. El motivo, vencimiento de los términos del proceso. Sin embargo, mientras se reanudan las audiencias y el juicio, los militares tendrián que permanecer recluidos en la Escuela de Artillería por órdenes del Ministro de Defensa. Pero a pesar de la orden del Ministro, los militares se encuentran en licencia de un mes por orden de General Fredy Padilla de León. Este hecho aumenta la preocupación de las madres de las víctimas, que expresan impotencia al ver como en el mes de enero quedaron libres, los uniformados que fueron acusados con pruebas contundentes de la desaparición y muerte de 19 jóvenes del municipio de Soacha, y que fueron presentados como bajas del ejército.
Lilia Solano, candidata al Senado y directora del proyecto Justicia y Vida, dijo al Turbión que presentará los casos de Soacha ante la Corte Penal Internacional y aseveró, que la libertad de los uniformados es un símbolo muy fuerte de impunidad y que gracias a la política de seguridad democrática es que han ocurrido los llamados ‘falsos positivos’.
Pero los crímenes de Estado son muchos más que los 19 de Soacha. El CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, presentó un balance en 2009 sobre ‘falsos positivos’ en el país y argumenta que son 465 los casos y 940 las víctimas entre el 2001 al 2009, lo que quiere decir, que por un caso se presentan dos víctimas. Sin embargo, la fiscalía tiene otras cifras; la Unidad Nacional de Derechos Humanos reporta 1198 casos de ‘falsos positivos’ y 2117 víctimas, y que hay 590 ordenes de captura. Pero las cifras pueden ser más altas: el miedo a denunciar disminuye el conteo de casos y víctimas tanto en las bases de datos de organizaciones sociales como en las instituciones del Estado.
Los más afectados con la libertad de los militares han sido las familias de los jóvenes asesinados. En entrevista con el Turbión, las madres de los jóvenes denuncian, que durante las audiencias, abogados y uniformados se burlaron de ellas y que han sido amenazadas. manifiestan que lo único que esperan es justicia por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra sus hijos y que desde la justicia colombiana o desde las instancias de la Corte Penal Internacional lo lograrán.
Aunque el gobierno ha expresado su indignación por lo sucedido, no ha buscado la forma de aclarar el asunto y encontrar una solución oportuna, y a pesar de que Uribe habló de garantías para que los jueces lleven a cabo procesos de este tipo, las actuaciones de los jueces del caso y del general Padilla, no reflejan garantías sino al contrario, amenazas de impunidad.
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