Por: Johanna Cassaleth – 03 de febrero de 2010
En Colombia, el mercado de carbonos materializa una estrategia que desde el tratado de Kyoto se viene realizando, y que no genera los beneficios ambientales, ecológicos, ni sociales, que anunciaba, por el contrario, podría agudizar los problemas que se vienen presentando en cuanto a contaminación, acumulación de riquezas, desplazamiento, conflicto social, y vulneraciones de DDHH.
En 1997, países industrializados de todo el mundo, concertaron mediante el tratado de Kyoto, que disminuirían las emisiones de gases de CO2 que generaban, y así reducirían la contaminación y las afectaciones del cambio climático en el mundo; pero los costos para implantar nuevos métodos que redujeran la contaminación en dichos países son elevados, así que países en vía de desarrollo, como Colombia, ofrecieron a la venta servicios ambientales.
El mercado de carbono consiste en que países industrializados que se encuentran en el anexo 1 del protocolo de Kyoto, como Estados Unidos, Japón o China, puedan comprar aire a países que no se excedan en emisiones de gases; de esta manera, invierten capital en zonas forestales, o zonas aptas para plantaciones de pino, eucalipto o palma de cera. De esta manera, y por medio de la compra Certificados de Emisiones Reducidas, CER, pueden mantener el mismo modelo de explotación de recursos sin reducir la cantidad de emisiones que emiten, y además, pueden de paso, controlar cultivos y zonas ricas en biodiversidad.
Los CER se dan a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, constituido por el protocolo de Kyoto y los nuevos programas de Reducción de Emisiones Por Deforestación y Degradación, REDD, que fueron propuestos en la cumbre climática de Copenhague; estos entes son los que se encargan de que las inversiones se conviertan en proyectos y que se ejecuten en países en vía de desarrollo.
El negocio en el país tiene dos formas, la primera es comprar terrenos, plantar árboles y contratar campesinos que se encarguen solamente del cuidado de dichas plantaciones, lo que equivale a 74 empleos directos; y la segunda, es por medio del cuidado de Parques Nacionales, que permite vender hectáreas de tierra y convertirlas en zonas ecológicas con el propósito de forestar y vender aire. Colombia tiene más de 65 millones de Hectáreas de bosque y 25 millones de hectáreas listas para ser cultivadas, tierras que el Estado colombiano ha estado preparando para su venta mediante los servicios ambietales a países industrializados, que pagarían un promedio de cien millones de dólares en países como Colombia y evitan así pagar los cien mil millones de dólares que tendrían que invertir en sus países.
Según el Ministerio del Ambiente, ya existen cinco proyectos de ventas de CER y han dejado una “ganancia” de 46 millones de dólares entre el 2007 y 2009 y han abonado el terreno a otros 124 proyectos de MDL, que equivaldrían a 140 millones de dólares por la venta de bonos. Manizales es la primera cuidad del país en entrar al mercado del carbono con el proyecto Procuenca, proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná que tiene la aprobación de la ONU.
Por otro lado, se están adaptando terrenos para el cultivo de pinos y eucaliptos en zonas que no son aptas y que perjudican la soberanía alimentaria del país, además, otro daño a nuestro ecosistema y sistema agrario son los monocultivos: los abonos, insecticidas, y la falta de variación de cultivos, han reducido la productividad de las zonas; a esto se suma, el desvío y contaminación de los ríos para alimentar estos sembradíos, lo que junto conlleva al desequilibrio de la economía de las regiones rurales colombianas.
Pero estas medidas “ecológicas” no sólo afectan la economía de las regiones; la necesidad de disponer de las tierras adecuadas y de prepararlas a los intereses de los países industrializados, generan estratégias de guerra, intimidación y muerte que el país ya ha visto. De esta manera, aparte de los graves daños ambientales que se hacen a los ecosistemas de los países, es posible que aumenten las violaciones a los Derechos Humanos en la población y que se recrudezcan los conflictos sociales: en Colombia, la nueva ley de forestal, permite que las tierras de las comunidades indígenas sean arrebatadas y se usen para la “forestación” con monocultivos.
Lo que más preocupa a organizaciones como CENSAT Agua Viva, es que Uribe, además de vender al país en Copenhague como una “alternativa” para cuidar del medio ambiente, está permitiendo que mediante proyectos de inversión extranjera, se controlen los recursos naturales del país, se manipule su soberanía alimentaria y que multinacionales se apropien de la biodiversidad con la que cuentan las comunidades en Colombia.
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